Para comprender y discernir el desarrollo de las operaciones que realizan las tropas del Ejército y la Guardia Nacional, se requiere revisar todos aquellos factores que contribuyen el incremento de las problemáticas de seguridad pública en cada una de las entidades federativas. La eficacia del estudio de política criminal logra identificar todos aquellos delitos que deban ser atendidos para proteger el interés público y social.
En función de lo planteado, es fundamental el punto de vista legal y, de manera paralela, la parte táctica de cada pequeña unidad, que actúa muchas veces bajo el mando de los oficiales subalternos o sargentos de manera aislada o descentralizada. Dada esta condición, sin una supervisión adecuada se cometen diversos errores.
Cuando se dicta la orden general de operaciones, se establece claramente la misión y los objetivos por alcanzar. No es necesario violar derechos humanos para conseguir resultados, ahí radica la diferencia entre un verdadero líder y un jefe que solo da órdenes desde su escritorio. El ejército, a lo largo de su historia, ha probado que cuando se hacen bien los planes con personal altamente adiestrado, no es necesario disparar miles de cartuchos. Muchas veces el problema inicia cuando las órdenes cambian, se tergiversan o por la falta de supervisión se cometen excesos en su cumplimiento.
Como lo he externado en anteriores columnas, de qué sirve tener un grandioso plan estratégico si no tengo a alguien capacitado para que lo ejecute bien y conforme a derecho. Muchos de los asesores no entienden que la prevención es parte fundamental para evitar que se produzcan todas esas problemáticas (factor humano, geográfico, económico, medios, terreno, transportes y comunicaciones, tipo de pueblo y gobierno).
Por eso, es de suma importancia, y ha quedado de manifiesto, la peculiar forma de pensar del comandante supremo de las fuerzas armadas, ya que ordenó que el ejército dejara de lado las antiguas órdenes y malas prácticas de los gobiernos anteriores. Por eso es tan importante que hoy en cada Región o Zona Militar, no solo cuenten con “despliegues” que desgasten al personal sin relevos, se requiere un cambio de estrategia en la forma de operar para evitar y prevenir las posibles violaciones de derechos humanos, creando una metodología que brinde protección legal al personal militar que se ve involucrado en diversos eventos. Ya que en varias ocasiones quedan en manos de la injusticia y de la desesperación.
Los comandantes de las grandes y pequeñas unidades deben comprender que los tiempos han cambiado de cuando fueron subtenientes. Hoy los oficiales recién egresados y veteranos están lidiando no sólo contra los malandros, sino contra la desolación de no tener una adecuada defensa técnica que solo se limita a solicitar un procedimiento abreviado o declarar culpable al elemento sin mayor empacho.
Esto queda de manifiesto con las injusticias que vemos todos los días en las diferentes prisiones militares del país, así como en diferentes prisiones federales y del fuero común de los estados de la república. Para que quien lee esta columna lo pueda entender, el personal militar está indefenso ante las calumnias y la mentiras, esto es así por que la SEDENA y la SEMAR, son las dos secretarías de estado más fuertes y poderosas de todo el gabinete federal, pero los elementos militares son los más desprotegidos de todos, esto es así de real como lo escribo.
Les pondré de ejemplo el procedimiento de cualquier queja presentada ante la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), ya que como la mayoría de los litigantes sabemos y practicamos, los detenidos por posibles hechos delictivos de forma sistemática, denunciaran haber sido violentados en sus derechos humanos y procesales, tanto por estrategia legal como por costumbre. Lo que hace que el procedimiento de la CNDH se inicie y de pauta a una posible investigación por la comisión, al encontrar posibles hechos violatorios de derechos humanos, se centran en las investigaciones contra un hecho en especifico, que en este caso supongamos será la SEDENA, por lo que la Comisión de Derechos Humanos de forma unilateral investigará y se buscará la mayor cantidad de datos que les ayude a verificar si existió una violación a los derechos humanos.
Al iniciar el trámite de sus investigaciones, solicitará informes a las diferentes dependencias investigadas, mismas que le darán los datos oficiales, así como un manual de operaciones, bitácoras, partes y un gran etcétera, pero por lo general se deja de lado ir con los directamente responsables de los supuestos actos de violación de derechos humanos, que es el personal militar operativo. Se quedan con la información solicitada por medio de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es realmente una oficina de gestión entre el titular de la SEDENA y la CNDH, que se limita a servir como oficialía de partes entre dependencias.
Lo que termina pasando, es que cuando la CNDH de forma unilateral, con las declaraciones de los denunciantes y con los informes oficiales de las diferentes dependencias federales, llega a una determinación donde considera que existieron actos violatorios de los derechos humanos, emite una recomendación contra la dependencia, en este caso SEDENA, misma que por procedimiento acepta la recomendación y después la analiza para ver cuáles serán los puntos que deberá cumplir y solo lo hará en los que está de acuerdo. Sin embargo, lo que en realidad está haciendo la CNDH es condenar a los elementos militares antes de ser juzgados por un juzgado. Lo digo así por ser real, y por que en mis 23 años de litigio en juzgados federales y militares no he conocido a ningún juez que se atreva a dejar en libertad a personal militar, aunque se pueda demostrar su inocencia por el simple hecho de que la CNDH emitió una recomendación y la misma fue aceptada por la SEDENA.
Es aquí donde me pregunto, ¿por qué la CNDH VIOLA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL PERSONAL MILITAR? Es increíble que incluso después de las recomendaciones, ese mismo personal militar, muchas veces es violentado por el personal de la extinta policía judicial militar, ahora policía ministerial militar, para que mediante torturas se incrimine e incrimine a sus compañeros de armas. Incluso que se demuestre por medio de protocolos de Estambul que fue torturado y tiene las secuelas propias de dichas torturas, y que al acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le contesten con un, Usted disculpe. Pero como su caso está involucrado con violaciones a los derechos humanos esta comisión no puede participar ni iniciar una investigación, dejando en estado de indefensión nuevamente al personal militar.
Primero los acuso de violar derechos humanos sin haberles dado oportunidad de presentar pruebas a su favor, los juzgo sin permitirles defenderse, y de facto los condeno sin darles la opción de ofrecer una sola prueba. Además les niega el derecho universal de que se les respeten sus derechos humanos porque presuntamente participaron en la violación de derechos humanos de otros, entonces no es digno de que se respeten sus derechos humanos.
Si bien es cierto el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el fundamento legal para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la realidad se violan de forma sistemática los derechos humanos de militares, marinos y policías, ya que no se les reconoce como un ente humano y sólo como parte de una institución. Por lo que hemos visto, y como lo he planteado desde hace tiempo, existen 233 casos de elementos militares a los que se les han violentado sus derechos humanos y que en todos esos casos la CNDH con o sin intención ha sido copartícipe de dichas violaciones.
Por último, el presidente de la república ha pedido un informe sobre los 233 militares presos y violentados en sus derechos humanos, tanto por la extinta policía judicial militar, como por la CNDH. Lo digo así de claro, porque el justificar y no investigar dichas violaciones por que se presume el denunciante, se violaron los derechos humanos. Es en sí una violación al derecho universal consagrado en la declaración universal de los derechos humanos. Como todo lo que hacemos en México, lo hacemos a la mexicana. Un delincuente sí puede matar, violar, agredir y hacer cualquier atrocidad y se le deben respetar los derechos humanos, pero un elemento policiaco o militar no puede hacerlo por que pierde la posibilidad de que se le reconozcan esos derechos que al delincuente sí se les respeten. Es la aberración más grande de todas, ya que pone a las fuerzas del orden como ciudadanos de segunda y a los delincuentes como ciudadanos privilegiados.