Como Javier Duarte, su homólogo en Veracruz, correligionario priísta y tocayo de apellido, el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, desplegó un alarde de corrupción que solo puede ser comprendido en su descaro y rapacidad por la garantía de la más absoluta impunidad que creyeron disfrutarían siempre.
A diferencia de Duarte el veracruzano, forjado al amparo de su antecesor Fidel Herrera, al que traicionó apenas tuvo oportunidad y que creyó haber alcanzado el beneplácito de la estrella ascendente de Enrique Peña Nieto, Duarte Jáquez se paseó por el olimpo mismo del poder del PRI de la mano de Emilio Gamboa Patrón, político clave del sistema desde inicios de los 80, en la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988).
Nacido en 1963 en Hidalgo del Parral, Duarte apenas había logrado un título de abogado por la modesta Universidad del Valle de México, una afortunada suplencia de diputado federal, una curul local y no mucho más, cuando en 2006, ya con 43 años encima, regresó a San Lázaro para formar parte de la corte de Gamboa Patrón.
El político yucateco llegó al extremo de hacerlo presidente de la cámara baja el último año de la legislatura, para darle la proyección definitiva hacia la gubernatura de Chihuahua, a la que Duarte llegó en 2010, y por ello es parte de una de las generaciones más corruptas de gobernadores que haya tenido el país en su historia moderna.
Las candidaturas priístas de ese año fueron respaldadas por el entonces amplio ecosistema de gobernadores en funciones del Institucional, que a la sazón ya encabezaba el mexiquense Peña Nieto, quien tuvo en Miguel Ángel Osorio Chong, desde Hidalgo, a uno de sus alfiles más fieles.
El modelo puesto en marcha fue que los gobernadores priístas en ejercicio canalizarían dinero sucio a las campañas de los candidatos, que deberían corresponder durante la contienda presidencial del 2018 en la que la causa de Peña Nieto lució arrolladora, bien aceitada con carretadas de recursos salidos en su mayoría de arcas públicas.
Ahí comenzó la gran fiesta, y entre los invitados a la mesa principal se hallaba siempre Duarte Jáquez, al chasquido de dedos con que lo llamaba Gamboa Patrón, que se había convertido en presencia inevitable en el círculo cercano al ya presidente Peña Nieto. Gamboa el amigo presidencial, Gamboa el consejero, Gamboa el compañero de vuelos cotidianos en helicóptero desde Los Pinos para ir a jugar golf en Ixtapan de la Sal, Gamboa el padrino de tantos, Gamboa el destapador de aspirantes a la sucesión. Gamboa aterrizando en helicóptero sobre un arrecife de coral en pleno Caribe. Gamboa el intocable.
De ahí que oportunamente, emulando quizá al provinciano personaje de la cinta “La Ley de Herodes”, Duarte decidió que podía abrir en su estado un banco, depositarle dinero del erario estatal, y luego retirarlo para dotarse de la prosperidad que merecía y nadie le podía ya arrebatar jamás. Es posible que al ser arrestado ayer en Estados Unidos le haya parecido inaceptable que también allá lo estuvieran investigando por operaciones financieras ilegales para la compra de inmuebles, su gran pasión.
Debió quedar más perplejo cuando le explicaron que había cargos no solo contra a él sino sobre varios miembros de su familia y amigos. No había sido muy inteligente poner bienes a nombre de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong; de su hija, Olga Sofía Duarte Gómez; de su hermana, Olga Duarte Jáquez, o de César Adrián Duarte, o de la empresa CAD Construction, Inc., o de Gabriela Armendáriz Chaparro, o de Manuel Alberto Garza, o de otras compañías que mostraban sus huellas digitales: 44 Fountain Rd., LLC, o 110S. Festival, LLC. Todo parte de la misma fiesta que se antojaba perpetua, pero que ayer se desmoronó.
En plena borrachera de poder local, saciados sus caprichos de refugios texanos, Duarte fue llevado a poner la mira y sus dineros en la política nacional priísta, cuando estaban a la vista las elecciones intermedias de 2015. Y tuvo otra idea genial: retener a todos los burócratas estatales un porcentaje de su sueldo, lo que sumaba millones de pesos en un banco cómodo, al que llegaban cheques de retiro en efectivo, que era entregado en las oficinas del PRI nacional para alimentar campañas y así reeditar la misma historia iniciada en 2010 y repetida con tanto éxito en 2012.
Pero por ese camino se topó con autoridades federales, en particular con la fiscalía contra delitos electorales (Fepade), de la PGR. Una oficina que históricamente había tenido titulares anodinos. Pero en febrero de 2015 hubo un vuelco legal que permitió que ese cargo fuera ocupado por alguien designado por el Senado, tarea que fue encomendada a Santiago Nieto. La Fepade se reactivó casi inmediatamente mediante acciones contra varios personajes de relevancia, y en 2017 de ahí surgió la primera denuncia de carácter federal contra César Duarte Járquez, por desviar dinero público de Chihuahua hacia campañas del PRI.
Lo demás es historia. El cinismo por triplicado del gobernador de Chihuahua se desbarató rápidamente: el gobernador Javier Corral desarrolló indagatorias sobre el saqueo incesante en la entidad, luego se sumaron más señalamientos desde la capital del país por malversación de fondos federales, y ahora conocemos los hechos en Estados Unidos.
El siguiente capítulo de esta trama podría correr emparejado al camino del ex director de Pemex, Emilio Lozoya: venir a platicar la secuencia completa de dónde salió el dinero, los dirigentes y tesoreros partidistas que lo recibieron; cuáles políticos y qué tan encumbrados ordenaron ese trasiego de millones. Y cómo el autorretrato de un hombre que se soñaba del lado luminoso de la historia de Chihuahua quedará reducido a una piltrafa, una caricatura.