La escalada mediática inició el 8 de septiembre del año pasado con la detención de seis jóvenes detenidos por el delito de ultrajes en una plaza comercial de Xalapa.
Avezado, viejo zorro de la política, Ricardo Monreal tomó el caso en sus manos, como estrategia berrinchuda para llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no lo enquistó en la lista de suspirantes a la candidatura por la presidencia de la república.
El asunto de la aplicación de una ley anticonstitucional, habida cuenta que la ley de ultrajes de la autoridad violenta los derechos humanos de las personas, se hizo un mazacote indigerible
Han transcurrido seis meses de este episodio y el gobierno veracruzano encabezado por Cuitláhuac García Jiménez sigue en el ojo del huracán mediático.
Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 21 de diciembre del 2021, derivado del expediente CNDH/2021/10689/Q, la recomendación 146/2021, en el que le pidió tomar acciones al titular del poder ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el debate político parlamentario parece que no cesará en el lapso inmediato.
La CNDH cuya titular es la morenista Rosario Piedra Ibarra, envió el documento referido bajo el argumento que “mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del código penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones o derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esta entidad federativa", donde precisa la necesidad de derogar este polémico artículo, toda vez que bajo su consigna hay mil 33 ciudadanos detenidos en las cárceles veracruzanas.
"Es prudente señalar que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos humanos solicita la derogación del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz; no obstante, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa en caso de que un delito se realice con medios violentos como armas y explosivos, por lo que se advierte que se dejaría un vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a policías y elementos de seguridad en el cumplimiento de su deber", expuso el gobernador Cuitláhuac García al aceptar la recomendación de la CNDH, al tiempo que envió una iniciativa a la LXVI Legislatura para que se discute y en su caso, se apruebe, la derogación de este artículo de marras.
La pelota está en la cancha del legislativo, poder que ha evidenciado una parsimonia distintiva del trabajo camaral, están los 50 legisladores ‘echados a la hamaca’, como dicen en la Cuenca.
La ley será derogada, confía el abogado penalista Jorge Reyes Peralta, quien sostiene que, una vez promulgada esta reforma al Código Penal, no significará en automático la liberación de estos mil 33 detenidos por ultrajes a la autoridad, sin que medie un juicio de sobreseimiento judicial promovido por los abogados defensores de los detenidos.
Desde la zona norte, Cuitláhuac García Jiménez martilló el último clavo al ataúd de la neonata Comisión Especial para investigar abusos de autoridad en Veracruz, devolviendo la bofetada al senador panista Julen Rementeria del Puerto, quien llamó “truhan” (bandido) al maestro universitario, quien dijo que es más factible que el albiazul desaparezca del mapa político-electoral en territorio veracruzano a que se mandate una desaparición de poderes en el estado.
Al loco frenesí parlamentario registrado en la Cámara de Senadores se contrapone la pachorruda calma de los 50 legisladores veracruzanos quienes no se inmutan ante la refriega verbal y patean el bote en la discusión del numeral 331 de la ley de ultrajes a la autoridad, como si la agenda legislativa estuviese atiborrada de iniciativas pendientes.
El 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que reformó diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad.
Si bien el delito de ultrajes ya era vigente -sostiene la organización defensora de periodistas Articulo 19- y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Con la reforma, se añadieron supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal. ARTICLE 19 tiene documentado como éste ha sido utilizado por las autoridades para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión en general.
La reforma añade los siguientes supuestos:
Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:
Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;
Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima;
III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación
delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o
Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
Una vez derogado este delito, no habrá delito porque no habrá pena, Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege (ningún delito, ninguna pena sin ley previa), por tanto, los mil 33 ciudadanos encarcelados, deberán salir en libertad.
Una vez serenados los ánimos, se emitirá la evaluación de los alcances en la convivencia armónica entre gobierno y gobernados que se logrará con la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, lo que presupone una victoria no de Ricardo Monreal, no de Dante Delgado, sino de la sociedad veracruzana, de los ciudadanos que habrán conquistado un triunfo más en la defensa de los derechos fundamentales consagrados en los primeros 28 artículos de la Constitución mexicana.
… de otro costal.
Petróleos Mexicanos no produce ganancias para el país, pero sí es venero inagotable de noticias que corren por los ductos de la corrupción, la antítesis de la filosofía juarista en el diario vivir y en la continuidad de las mafias en el poder.
Ricardo Aldana, el aprendiz más avezado de Joaquín Hernández Galicia y Carlos Romero Deschamps, ha sido tocado por el dedo protector que irradia incorruptibilidad y concede santificación sindical y es ya el dirigente nacional del sindicato petrolero.
Los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que rompieron su propio récord en la generación de divisas al enviar 51 mil millones de dólares a México en el 2021, dicen que la cuatrote aplica el gatopardismo: cambiar todo para que todo siga igual.
Incongruencias de un sistema que quiere cambiar al viejo sistema, Andrés Manuel con mucha frecuencia recurre a la parábola bíblica del vino: no se echa vino nuevo en odres viejos.
¿La llegada de Aldana Prieto no derriba el decálogo presidencial?