Esta pandemia pone al descubierto las desigualdades sociales y las lleva a sus mayores extremos. No es lo mismo trabajar en casa y seguir cobrando las quincenas que perder el puesto de banqueta del que se vivía al día y que nunca permitió tener ahorros. No es igual encerrarse en una casa con azotea para asolearse, que estar hacinados varios en un cuarto. No sólo es cosa de comodidad sino hasta de salud mental y posibilidades de convivencia pacífica.
Enfrentar la enfermedad implica sacrificios muy desiguales y es muy claro que las medidas de aislamiento se ensañan con los más pobres y vulnerables. Para enfrentar esta situación se han tenido que instrumentar nuevas formas de apoyo a la población.
En Estados Unidos 22 millones de nuevos desempleados han solicitado seguro de desempleo. Además, el gobierno otorga un bono de mil 200 dólares a cada adulto y 500 dólares por menor de edad. La ciudad de Nueva York da otros 600 dólares a cada desempleado.
Ahora la crisis de salud ha obligado a repensar en formas de atención a los más vulnerables desde una perspectiva de derechos humanos y sociales. En España se plantea instaurar un ingreso básico universal para todo ciudadano; el Papa también lo señala como la mejor solución. En todo el planeta se expande la idea de que el derecho a la salud es un derecho humano y que los enfermos del coronavirus deben recibir tratamiento gratuito. Lo mismo se aplica al consumo básico.
Transferir dinero a las cuentas de los ciudadanos funciona bien cuando prácticamente todos tienen cuentas bancarias y los mercados de víveres siguen funcionando adecuadamente. No en todos lados es así.
El Fondo Monetario Internacional acaba de recomendar la entrega de dinero en efectivo a los más pobres. Esto es mejor que los depósitos en cuentas bancarias cuando se trata de grupos amplios de población que no las tienen.
En mi artículo anterior reseñaba los varios casos en los que gobiernos estatales y municipales están repartiendo despensas a la población más vulnerable. Es la mejor medida para decenas de millones de mexicanos que no están inscritos en los padrones de beneficiarios de los programas de transferencias sociales. No eran parte de la población más pobre sino de lo que algunos llaman, paradójicamente, la clase media pobre, que era en gran parte auto empleada, vivía al día, y ahora han perdido sus fuentes de ingreso.
Aquí el mecanismo más adecuado es efectivamente el reparto de despensas que atienda directamente el más básico de los derechos, el del acceso a alimentos al mismo tiempo que se enfrenta el incremento de precios y las situaciones de escasez en regiones específicas.
Ahora el gobierno de la Ciudad de México y 14 de 16 alcaldías distribuirán cupones para que la gente compre frutas, verduras y productos de primera necesidad en los comercios locales de cada una de ellas. Los primeros en entrar en circulación son los Hidalgos y los Obregones de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
El secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Fadlala Akabani explica que cada alcaldía desarrollará sus propias reglas de operación. Lo básico es que se trata de una forma de transferencia social que orienta la demanda en favor de los comercios locales. De esta manera se protege a un sector que es un importante empleador.
La delegación Álvaro Obregón, por ejemplo, entregará “Obregones” a 29 mil familias que podrán canjear en pequeños comercios que tienen un acuerdo con el gobierno local para aceptar los cupones y posteriormente ser reembolsados.
Lo más importante del mecanismo es que orienta la demanda en favor del pequeño comercio y la cadena de producción que lo respalda. Esto marca un contraste con las transferencias en tarjetas electrónicas que han reorientado la demanda familiar hacia las grandes cadenas comerciales y la gran producción industrial con mucha menor incidencia en el empleo.
Se trata de un importante experimento socioeconómico que bien puede marcar la pauta para distribuir las transferencias sociales de manera tal que no amarren la demanda a las grandes cadenas comerciales tipo Oxxo, Seven Eleven, Elektra y los grandes supermercados. En lugar de tarjetas electrónicas que sólo se pueden canjear en esas cadenas de productos industriales.
Distribuir las transferencias sociales a los cerca de 20 millones de receptores en cupones canjeables en las tiendas Diconsa, y en los pequeños comercios independientes llevaría la demanda en favor de la pequeña producción urbana y rural. Sería muy favorable al empleo y al bienestar mayoritario.
Lo que se conseguirá será un doble efecto positivo. Primero el beneficio directo a los más vulnerables al permitirles adquirir lo indispensable para la supervivencia y, sobre todo, evitar crear una generación lisiada por el hambre.
El segundo efecto positivo se verá en el rescate de las capacidades productivas no globalizadas que el mercado ha discriminado en favor de la gran producción industrial globalizada. La operación de los mercados globalizados ha hecho a un lado formas convencionales de producción y distribución de alimentos, vestimenta, materiales de construcción y vivienda, muebles y enseres domésticos, así como medicinas.
Frente a la pandemia y su oleada de deterioro económico urge reconstruir islas de refugio para los más vulnerables. Eso serían las autosuficiencias nacionales, regionales y comunitarias y la manera de reconstituirlas es orientando la demanda social y familiar en su favor.
No podemos esperar que el ramalazo previsto en la producción, el empleo y el consumo sea resuelto desde la producción de los grandes conglomerados transnacionales y las transferencias de un gobierno pobre y asediado por el endeudamiento heredado. La solución es poner a trabajar a todos mediante una distribución de apoyos que amarre la demanda popular a la producción popular. Bien por este inicio en la Ciudad de México, ojalá el gobierno federal siga su ejemplo.