En solidaridad con el maestro Ángel Verdugo.
¿Qué tan transparente es la Secretaría de Salud en referencia a la información que le solicitan los particulares respecto de la pandemia? Juzgue usted:
¿Cuántas personas han sido vacunadas contra el covid-19 entre el 24 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021?
A través del oficio CENSIA-PASIA-467-2021, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia respondió que “no se localizó documento relacionado con la solicitud, por lo que no es posible brindar información”.
¿Qué presupuesto se destinó para la adquisición del primer lote de vacunas en 2020?
La Unidad de transparencia en la Secretaría de Salud remitió al peticionario a un comunicado de prensa que presume que hasta el 12 de enero de 2021 se han recibido “546 mil 975 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech”, pero del presupuesto asignado, nada.
En relación al anuncio del presidente de la República, de que se destinarán vacunas a países más pobres, ¿qué envíos de Pfizer serán afectados por esta reducción?
El CENSIA respondió con oficio CENSIA-PASIA-339-2021 que no se conoce “la cantidad exacta de dosis y las fechas en que sucederá”.
¿Qué contienen los acuerdos firmados con Argentina para la producción de vacunas contra covid-19?
La búsqueda de información realizada en las oficinas del secretario del ramo, en las de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Dirección General de Relaciones Internacionales y en el CENSIA reportaron inexistencia de la información solicitada.
Copia en versión pública de los contratos celebrados a partir del 1o de enero con la empresa Pfizer para la compra de vacunas covid-19.
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, en sesión extraordinaria CT-952-20, emitió un documento de 33 hojas de incontinencia verbal, signado por Iván González del Valle, director de Apoyo Técnico Normativo, Guadalupe López González, directora del Centro de Documentación Institucional y por Sergio Gutiérrez Reyes, suplente del titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, en el que confirman la reserva de los contratos por un periodo de cinco años.
Normas jurídicas con las que la Secretaría de Salud fundamenta el que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina custodien y apliquen la vacuna contra el covid-19.
Con oficio número SPPS-534-2021, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud respondió que “no ha generado ni conserva información en los términos planteados en dicha solicitud”, por lo que declaró su inexistencia.
El 13 de agosto de 2020, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer que un laboratorio de Argentina y uno de México unirían esfuerzos para la producción de la vacuna, “gracias al apoyo de la Fundación Carlos Slim y la Universidad de Oxford”.
Sin embargo, la respuesta relativa a los detalles de la participación de Carlos Slim o cualquiera de sus empresas, en el proceso de adquisición de la vacuna fue respondida con la clásica “inexistencia de información”. Destaca el oficio signado por David Franco Vega, subdirector Administrativo de Finanzas y enlace de Transparencia en las oficinas del secretario de Salud, con número 133-2021, en el que señala que luego de una búsqueda exhaustiva “se determinó que no se cuenta con la información antes descrita, por lo que se declara inexistente”.
Un particular formuló 45 interrogantes en relación al proceso de adquisición de vacunas contra el covid-19, entre las que destacan: “Cuáles fueron las negociaciones previas para la firma de los contratos, convenios o acuerdos que celebró el Gobierno Federal con las empresas farmacéuticas para la compra de la vacuna contra la covid-19?” y “si las farmacéuticas impusieron algún tipo de condición o acuerdos para la celebración de los documentos que respalden la compraventa de las vacunas, ¿cuáles son?”
En respuesta, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud le exigió al solicitante el “pago de derechos” por la cantidad de $106 pesos para poder acceder a las 212 hojas que contienen las respuestas a sus interrogantes, lo que resulta violatorio del principio constitucional de gratuidad y que constituye uno de los recursos más socorridos por los sujetos obligados para inhibir el derecho de acceso a la información.
¿Usted aún le cree a la Secretaría de Salud? ¿Y al gobierno federal?