Andan muy apurados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal para deshacerse de 2 mil 394 trabajadores.
Lanzaron sus promotores una convocatoria el 8 de julio pasado, como poniendo la zanahoria al conejo, ofreciendo una “compensación económica” equivalente a seis meses de salario a quienes aceptaran esa “extraordinaria” oportunidad; sin embargo, para sorpresa de los representantes gubernamentales, apenas llegaron 363 trabajadores que cayeron en el garlito.
El personal habilitado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que esperaba una llegada masiva de trabajadores para validar sus “renuncias voluntarias” se quedó esperando con los brazos cruzados.
Los ideólogos de la propuesta nunca previeron pagar una indemnización reconociendo los años de antigüedad de los trabajadores. Eso no importa, se dijeron entre ellos. Consideraron que proponer una cantidad equivalente a los días de salario que faltaban por concluir el año dos mil veinte, 180 días, sería suficiente.
Desesperados los administradores de la SCT decidieron realizar una nueva convocatoria este lunes 20 de julio. Por todos los medios posibles difundieron la convocatoria de un programa que le llaman “Para la terminación de la relación laboral de manera voluntaria (Segunda Etapa)”.
En esta, hacen un llamado de nueva cuenta a los servidores públicos operativos de base y de confianza hasta el nivel 11 (que no rebasa los 8 mil 427 pesos mensuales) “…que decidan terminar la relación laboral de forma voluntaria” (resaltado en negrillas en la convocatoria) para evitar se les acuse de presionar a los trabajadores para separarse de sus puestos.
Sin embargo, para esta ocasión su bolsa en pesos es más pequeña, y su ofrecimiento es una “compensación económica” equivalente a cinco meses de salario bruto (150 días de salario) sobre la base de cálculo del sueldo base y de la compensación garantizada. Ahora el plazo se cierra al 31 de julio de 2020 con un límite de 2 mil 031 lugares, número que resulta de descontar los 363 trabajadores que aceptaron liquidarse en la primera etapa, de la cantidad total de 2 mil 394 que se pretende “liquidar”.
La propuesta que hacen los administradores de la SCT es de las que no significan egresos adicionales al erario, son de costo cero, porque la propuesta de liquidación forma parte de los salarios ya presupuestados a dos mil veinte, que de una manera u otra deben pagarse a sus trabajadores.
Al mes de marzo de 2020 la plantilla laboral de la SCT, contando quienes laboran en oficinas centrales y en los centros en los Estados, es de 12 mil 760 trabajadores, de los cuales cuatro mil 904 son mujeres y siete mil 856 son hombres.
Para lograr su objetivo, los promotores de las liquidaciones han creado un ambiente de incertidumbre al interior de la SCT propalando amenazas veladas para que acepten de “manera voluntaria” una “compensación económica” o elegir mudarse los trabajadores a la ciudad de Querétaro donde se instalaría la nueva sede de esa Secretaría de estado; hecho no confirmado por los enormes recursos que tendrían que volcarse para un proyecto de esta naturaleza.
Una crisis que se acentúa porque no existe una cabeza visible al mando de esa dependencia, a su titular Javier Jiménez Espriú, ya no se le ve en las oficinas y los rumores de su salida van creciendo. De cualquier forma, quien acepte recibir ese “regalo” o el mismo titular actual, deberá enfrentar un enorme reto de una dependencia avejentada que apenas si tiene recursos para su operatividad.
El inmueble ubicado en Toreo, Parque Central, Torre B, Piso 8 por recorte en su presupuesto, tiene un contrato de renta que concluye en el mes de diciembre del presente año y sus opciones será ocupar inmuebles de más bajo costo. Ya se vislumbra regresar al viejo edificio de Telecomm Telégrafos de la colonia Narvarte o el ubicado en la salida de Metro Miguel Ángel de Quevedo, ambas en la Ciudad de México.
La propuesta de liquidación voluntaria es poco atractiva para los trabajadores burócratas quienes están en edad de retiro con derecho a una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez, porque sus percepciones se reducirán a menos del cincuenta por ciento, al recibir únicamente el equivalente a su salario base.
Un programa de retiro debe tomar en cuenta los años de prestación de servicios de los trabajadores porque este que se ofrece, paga la misma cantidad a trabajadores que tienen un año o veinticinco años de antigüedad.
No es congruente deshacerse de trabajadores sin considerar los años laborados, y las posibilidades de encontrar un nuevo empleo, reducidas por las condiciones económicas del país.
Mandar a la calle a los trabajadores es la peor noticia en estos momentos, en medio de una pandemia que todavía no tiene fin y menos una acción impulsada por un gobierno que no debe dar el mal ejemplo.
De otros avatares
Ya fue publicada la terna de quién ocupará la dirección del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá como misión tener el control de todos los registros sindicales y contratos colectivos de trabajo en el país, y de las conciliaciones a nivel federal; la encrucijada a sortear será operar con independencia del gobierno federal como lo mandata la Constitución a pesar de que la propia legislación laboral se lo impide.