Con preocupación vemos en los medios de comunicación que en las últimas semanas el crimen ha cobrado las vidas de más de una decena de personas que se habían postulado a cargos de elección popular, una cifra sin nivel de comparación en el pasado inmediato.
Los intentos de intervención de los grupos delictivos en los procesos electorales no resultan nuevos. El antecedente está en la infiltración de grupos de financiamiento de campañas y en la presión hacia candidatas y candidatos tanto durante la campaña como el día de la elección.
Sin embargo, en los meses recientes estas conductas han ido escalando hasta alcanzar la agresión, el asesinato.
En paralelo, la actuación de las fuerzas de seguridad nacional se ha dispersado en tareas que no están relacionadas con la contención y combate de los grupos delictivos. Vemos a los elementos de las corporaciones militares como constructores, guardias fronterizos, administradores de puertos y aduanas, todo relacionado con el proyecto de gobierno del régimen actual.
El presupuesto de las fuerzas armadas es el más alto de la historia, y mientras en otras dependencias desaparecen los fideicomisos bajo acusaciones de estar en la opacidad, para la milicia esos fideicomisos se multiplican.
Desde luego, no estoy en desacuerdo con el fortalecimiento de nuestras instituciones, y mucho menos de las instituciones de seguridad y del orden militar, pero este fortalecimiento debiera ir aparejado a objetivos precisamente de seguridad, no a tareas del orden civil.
Hace un par de días el secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal expresó públicamente que sería mejor que los ingenieros civiles y no los militares estuvieran a cargo de las obras del gobierno, algo que es evidentemente lógico.
“A lo mejor me corren por eso”, dijo el funcionario a propósito de su comentario, lo que retrata fielmente el ambiente que se vive al interior del gobierno.
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar al mando militar la administración y ejecución de las obras civiles, además del aprovechamiento económico de proyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, no fortalece a la institución: por el contrario, la debilita al desprenderle su función exclusiva de defensa de la soberanía y protección del Estado, y la convierte en contratista del gobierno.
Hay quienes ven en este traslado de recursos, elementos y estrategias de las corporaciones militares hacia tareas eminentemente civiles, parte del origen del debilitamiento de la seguridad.
Haría falta un estudio a detalle de las consecuencias de las decisiones presidenciales al respecto para saber qué tanto han afectado. Pero lo cierto es que cada día vemos más uniformados laborando en obras federales de construcción que en operativos contra el crimen organizado.
Por otro lado, la Guardia Nacional incluso con su alto componente militar, ha centrado sus esfuerzos en cumplir con los compromisos asumidos con el gobierno de Estados Unidos en el cuidado de las fronteras.
Así las cosas, no es extraño ver una correlación entre el aumento de la violencia en el país y el traslado de funciones de seguridad para privilegiar la construcción de proyectos de infraestructura.
Está en el gobierno federal la decisión de tomar el asunto de la seguridad con una seriedad que vaya más allá de frases hechas o de sonsonetes como “abrazos, no balazos” y actuar en conjunto con las autoridades estatales para evitar más violencia. La gente sigue padeciendo las agresiones de los grupos delictivos y lo que es más grave, está cobrando las vidas de hombres y mujeres.