La pandemia global por el coronavirus impulsa a debatir grandes temas de alcance nacional e internacional. Entre ellos, se encuentra el tipo de comunidad necesario para la sustentabilidad de las naciones, el rol del Estado y sus instituciones, así como las cuestiones relacionadas con la economía y el reparto de la riqueza.
Sin duda, una lección que surge de la situación de emergencia, es la necesidad de replantear los términos del pacto social en México, pues es evidente la necesidad de crear un esquema más solidario, que impulse la capacidad de agencia de los sectores más vulnerables, que históricamente no han tenido un peso significativo en la toma de decisiones políticas y económicas. La evidente erosión de las condiciones de vida de amplios sectores de la población que han pasado décadas con promesas de mejora, cuyo cumplimiento nunca llegó, no puede soslayarse más.
En adelante, en México se deben proyectar las reglas de funcionamiento social con base en las capacidades y condiciones de las personas, en donde aquellos que sean más vulnerables, se conviertan en beneficiarios de acciones específicas orientadas a protegerlos del desempleo, de la enfermedad o del abandono comunitario.
Un hecho que abona en el sentido delineado es la publicación del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el viernes 8 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación, cuyo contenido comprende la conformación de un marco de protección para los menos favorecidos del país. Es pertinente señalar que los aspectos determinados por el Constituyente Permanente, encuentran su base en ofertas realizadas desde la campaña del actual titular del Ejecutivo que, en la actual crisis, resultan de suma pertinencia.
Uno de los elementos de la reforma constitucional es la creación de un sistema nacional de salud para personas que carecen de seguridad social; esto es importante pues se crean las condiciones para extender la cobertura de servicios sanitarios hacia los sectores más carenciados, bajo un esquema de gratuidad y con atención integral. Otro aspecto del Decreto es el establecimiento de la garantía de entrega de una ministración económica a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas, y quienes se encuentren en condición de pobreza. Además, se incorpora el derecho a una pensión no contributiva dirigida a las personas adultas mayores de 68 años.
Cabe señalar que en el caso de indígenas y afromexicanos, el estipendio podrá disfrutarse a partir de los 65 años. La reforma constitucional implica igualmente la puesta en marcha de un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando a aquellos que pertenecen a familias en condiciones de pobreza.
El Estado mexicano ha dado un paso para reafirmar su papel de garante de derechos de las personas, responsable de dotar de vigencia a los principios y postulados contenidos en la Constitución, con la construcción de un marco que establece con claridad la atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, así como a las personas con discapacidad.
Ahora se tiene el desafío de continuar innovando en el diseño de políticas públicas que incidan en la reducción del marco de injusticias en el que se desarrolla la vida de muchas personas. El objetivo tiene que materializar la posibilidad de que todos tengan acceso al desarrollo con dignidad, con condiciones adecuadas de vivienda, de cuidados de la salud y de estabilidad económica. No se trata solamente de implementar medidas que atiendan al bienestar individual de los individuos, sino también a la justicia distributiva.
Es de esperarse que este sea el primer avance en la consolidación de una agenda legislativa y de acción de gobierno, que permita enrutar a nuestro país hacia un escenario de mayor equidad y justicia social, con el desarrollo igualitario como punto de partida para el ejercicio pleno de derechos y capacidades ciudadanas.
No es posible pensar en un regreso a la normalidad después de la pandemia. El objetivo tendrá que ser cambiar las múltiples cuestiones que merecen mejorarse, a partir de lo aprendido con la crisis, para tomar decisiones diferentes en la atención a los diversos problemas colectivos, como el cambio climático, el desempleo, el cuidado en las familias, la educación, el envejecimiento poblacional, las enfermedades de los mexicanos, su nutrición, entre otros.
La sustentabilidad de nuestra sociedad dependerá de poder instaurar un modelo de convivencia que se base en principios de solidaridad, de sentido comunitario y de justicia, de lo contrario el resultado social puede ser peor que el escenario que nos ha planteado el covid-19.