Si comparamos el comportamiento nacional de los delitos en el periodo enero-marzo de 2019 contra el mismo periodo de 2018, las víctimas de homicidio doloso y feminicidio crecieron 8.75%; las de secuestro 35.29%; las de extorsión 43.15%; las de trata de personas 33.01%; los casos de narcomenudeo 12.53%; las violaciones 23.29%; los robo con violencia 3.53%; los robo a negocio 9.93% y los robo a transeúnte 13.52%.
Por su parte, marzo de 2019 se posicionó como el 2° lugar en narcomenudeo desde 2015, 4° lugar en violación y en robo a negocio, y 8° lugar en homicidio doloso y feminicidio desde 1997.
Si bien esta crisis comenzó su escalada hace ya tres años, a cuatro meses del arranque del presente sexenio -el arranque que concentra la mayor tasa de los delitos violentos- es fundamental conocer la estrategia tanto del gobierno federal como de los ocho gobiernos que cambiaron administración.
Por ello, el día de hoy presentamos el análisis de las transformaciones institucionales, normativas y estrategias que están llevando a cabo las actuales autoridades.
El proyecto Por un México Seguro se construye a partir de un análisis de los documentos y estrategias publicados por cada gobierno, así como de un cuestionario para que cada una de las autoridades pueda plasmar su plan de acción en materia de seguridad y justicia.
De los ocho estados, sólo Guanajuato, Jalisco y Yucatán accedieron a participar, transparentar su información y rendirle cuentas a la sociedad.
En contraste, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Veracruz contestaron que no tenían intención de participar.
Una cerrazón para explicar cómo vamos y qué van a hacer ante la peor crisis de seguridad que los ciudadanos estamos sufriendo.
Veamos con detalle el alcance del problema, si bien, de enero a marzo de este año Chiapas reporta disminuciones en homicidio doloso y culposo, feminicidio, secuestro, robo a casa habitación, trata de personas y violación, también ha registrado incrementos en extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio, robo a transeúnte y narcomenudeo, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado.
Por su parte en la Ciudad de México sólo el robo a casa habitación permanece invariado, mientras que disminuye de manera leve el homicidio culposo y el feminicidio. En contraste, homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a transeúnte, violación, trata de personas y narcomenudeo se disparan con porcentajes que van del 30 al 500%.
Según los datos que reporta Morelos, el homicidio culposo se mantiene como en 2017, disminuyen robo con violencia, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violación, trata de personas y narcomenudeo. Sin embargo, crece en 11% el robo de vehículo, en 33% el homicidio doloso, en 98% el feminicidio, en 368% el secuestro y en 673% las extorsiones.
En Veracruz sólo cuatro delitos crecen y uno permanece igual. La trata de personas sigue siendo reportada en 0 tanto en lo que va de 2019, como en el año anterior. El narcomenudeo crece 12%, no obstante, preocupa que el feminicidio se haya duplicado y el secuestro triplicado.
Tabasco, una entidad sumida en una grave crisis de violencia desde hace años y que ocupa las primeras posiciones en todos los delitos más cercanos al ciudadano, sigue viendo crecer de manera significativa los delitos. Disminuye de manera importante solamente el secuestro en 59% y la trata en 80%, mientras que el homicidio doloso aumentó 46% y el feminicidio 42%.
Ante la evidencia de que la crisis no sólo se mantiene, sino que sigue creciendo, es reprochable que las autoridades no busquen una colaboración y apertura con los diferentes actores sociales para construir mejores condiciones de seguridad.
En particular y con relación a la opacidad de estos cinco gobiernos, los casos de Tabasco y Veracruz son los más sorprendentes debido que simplemente contestaron “que no tenían la información solicitada”.
El sobre explotado “nos dejaron un cochinero”, es una excusa que no puede durar eternamente y empieza a ya no ser válido tras estos cuatro-nueve meses desde que estas autoridades están en el poder.
Es deber de todo gobierno tener un plan que resuelva el más grave de los problemas que vivimos en la actualidad, este debió haber sido armado desde el momento en que nuestras actuales autoridades decidieron competir por el cargo que hoy detentan, y si aún no cuentan con él, ahora que tienen una obligación constitucional, es injustificable.
Invito a que hagamos uso de la información que el día de hoy presentamos, es una información al servicio de nuestro país y un instrumento que ayuda a entender cómo y porqué estamos como estamos, pero, sobre todo, a definir una ruta para poder establecer condiciones para que los ciudadanos podamos salir seguros a la calle.