La división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial implica la existencia de mecanismos de pesos y contrapesos que tienen como objetivo limitar el poder y con ello reducir las posibilidades de abuso hacia los gobernados.
Sin embargo, la corrupción imperante en los órganos del Estado mexicano y la incapacidad de los mismos para limitar y sancionar los actos ilícitos que éstos realizan —entre otros factores de carácter operativo— han dado como resultado la necesidad de crear órganos autónomos a estos poderes, para desempeñar diversas actividades de enorme importancia para la sociedad.
Autonomía
Tenemos así, por ejemplo, el surgimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), como respuesta a la presión que en su momento ejercieron los partidos políticos y la sociedad civil, para obligar al Estado a que dejara de regular los procesos electorales, a través de la Secretaría de Gobernación.
Otro caso similar es el del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), que surgió con el interés de contar con una institución no dependiente de los tradicionales órganos del Estado, a efecto de obligarlos a transparentar sus acciones.
Por ello, la propuesta de crear una Fiscalía General de la República, que resulte autónoma del Poder Ejecutivo, es un paso importante para fortalecer los mecanismos de investigación de los delitos, particularmente de aquellos en los que pudieran intervenir servidores públicos federales.
En este caso, las organizaciones de la sociedad civil han presionado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que en la determinación respecto de quién sea su titular, participen aquéllas de manera determinante.
Sin embargo, han comenzado a surgir voces de preocupación por el interés manifiesto de López Obrador por modificar la naturaleza jurídica de algunos de esos órganos de autonomía constitucional, a efecto de reconvertirlos en descentralizados de alguna dependencia del Ejecutivo y tener con ello el control de lo que ocurre en instancias como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Si bien es cierto que la “autonomía” de estos órganos no es garantía para que dejen de existir actos de corrupción, lo cierto es que resulta más provechoso mantener la naturaleza jurídica que actualmente poseen, a reconvertirlos en instancias dependientes del Ejecutivo.
Transparencia
En todo caso, se deben fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de estos órganos, así como realizar un análisis cuidadoso de sus respectivas problemáticas, a efecto de hacer frente a sus debilidades.
Por eso resulta preocupante que en vez de propiciar el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que son responsabilidad del Inai y de los institutos estatales de transparencia, López Obrador califique de “burocracia dorada” a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, con lo que resta legitimidad a su trabajo.
El Inai, por su parte, debería aprovechar la coyuntura del cambio de gobierno para realizar un análisis crítico y riguroso, respecto de los asuntos que en el pasado reciente clasificó como reservados, cuando muchos de ellos ocultan información relativa a actos de corrupción de las administraciones de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Administración
Al día de la fecha, son más de 12 millones 333 mil los expedientes declarados como reservados. De éstos, más de 220 mil corresponden al ISSSTE y más de un millón 334 mil, al IMSS.
El nuevo gobierno debería preocuparse entonces por fortalecer a dichas instituciones y respetar su autonomía, más que pretender controlarlos. Los sistemas de pesos y contrapesos son necesarios para que la democracia funcione de manera adecuada.
En esta misma lógica, tanto el gobierno de López Obrador, como el poder legislativo deben comprender que son poderes distintos, por más que provengan del mismo partido político. Las mayorías de Morena en el Congreso no son razón suficiente para obedecer de manera acrítica los dictados del presidente electo.
Más allá de la urgente necesidad de combatir los actos de corrupción recientemente detectados en el Poder Judicial, el presidente electo no debe intervenir en el tema relacionado con el salario de los Ministros.
El respeto a la división de poderes y a la autonomía de las instituciones que gozan de esta atribución son cimientos básicos para el desarrollo de un buen gobierno. Lo contrario puede resultar trágico para el país.