En una primera entrega del tema nos referimos a la trascendencia de esta elección respecto al número de cargos que estuvieron en disputa; la participación general entre hombres y mujeres en atención a la paridad de género aprobada con la Reforma Electoral de 2014; los costos erogados por concepto de financiamiento público utilizado por los partidos políticos nacionales, así como la destacada participación de la ciudadanía en las urnas que implicó la capacitación de un importante número de vecinos y vecinas para que atendieran a la población que asistió a las mismas a votar por el partido político, coalición, candidata o candidato de su preferencia.
Ahora, nos parece relevante hacer un análisis sobre temas que fueron novedosos para esta elección. De entrada, tenemos que en esta elección estuvo presente, al menos a nivel local, el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. En 9 entidades federativas pudieron nuestros connacionales pudieron votar por la renovación del ejecutivo local, a saber: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Por primera vez los y las nacidas en la Ciudad de México votaron por una diputación migrante lo que genera, en perspectiva, una acción afirmativa que amplía nuestros derechos político electorales. Asimismo, las y los ciudadanos del estado de Jalisco residentes en el extranjero pudieron votar en la elección de diputaciones de representación proporcional.
En este sentido, la novedad para esta elección, fue la apertura, por primera vez, de un innovado sistema electrónico de votación por internet, de tal manera que nuestros connacionales pudieron elegir entre votar por la vía postal o bien, por internet. Es importante referir que más del 66% de los participantes decidió votar por internet.
Este esquema de votación abre una perspectiva muy interesante para el proceso electoral que, entre otros cargos las y los mexicanos residentes en el exterior podrán votar por presidente de la República.
Asimismo, se llevó a cabo una prueba vinculante en atención a una resolución judicial, para que las personas en prisión preventiva votaran. Este ejercicio servirá de base para atender a esta población en la elección de 2024.
De igual forma, y en atención a diversos acuerdos del Instituto Nacional Electoral, así como de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aplicaron varias acciones afirmativas en esta elección para población indígena, personas con alguna discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas afromexicanas y migrantes. Consecuentemente, para esta elección 65 personas de estos grupos considerados vulnerables formarán parte de la nueva legislatura.
Un tema que fue punto de lanza en este proceso electoral fue lo relativo a integrar diversos parámetros normativos para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Para ello, el INE estableció un Registro Público en el que integró un listado de 56 personas sancionadas, destacando el estado de Oaxaca con 19 casos seguido de Veracruz con 12, San Luis Potosí con 5, Quintana Roo con 4, Nayarit con 3, Chiapas, Tabasco y Yucatán con 2 registros, y Baja California, Campeche, Guanajuato, hidalgo, Jalisco, Querétaro y Sonora con 1 cada uno.
Esto derivo en que se pusiera atención al registro de las candidaturas para que un violentador con una sentencia firme no pudiera ser candidato o candidata.
A la par, el INE ha establecido otras determinaciones como la emisión de unos Lineamientos para que los partidos políticos nacionales atiendan, prevengan, sanciones y reparen los actos de violencia de género al interior de los partidos políticos, lo que, además, derivará en que los partidos deben, en próximas semanas, modificar sus documentos básicos para atender estas disposiciones.
Finalmente, los resultados expuestos por la ciudadanía en las urnas hablan de un país plural democrático que se construye y edifica con leyes y normas que consolidan no solo a todas y a todos los actores participantes sino a la ciudadanía que cree en el poder de su voto y en sus instituciones.