Los días 25 de cada mes se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que la Organización de las Naciones Unidas instituyó desde 1999, pero que en Latinoamérica se conmemora desde 1981.
Todos los meses, el día 25, se hace un llamado internacional para luchar frontalmente para erradicar la violencia contra las mujeres, que todos los días le arranca violentamente la vida a mujeres en el todo el mundo y que tan solo en México 10 mujeres al día mueren asesinadas.
De conformidad con datos oficiales, los primeros cuatro meses de este año han sido los más violentos para las mujeres en nuestro país alcanzando la cifra de 311 feminicidios. De 2015 a 2019 los feminicidios en México aumentaron 37 por ciento. Enero de 2019 ha sido el mes con el mayor número de feminicidios de que se tenga registro en nuestro país.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que a inicios de 2019 56 por ciento del territorio nacional tiene formalmente declarada una alerta de violencia contra las mujeres, 18 de las 32 entidades federativas están bajo una Alerta de Género. Los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Morelos, Estado de México, Puebla, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Veracruz y San Luis Potosí tienen una declaratoria de alerta de género.
Por otra parte, se solicitaron alertas para otras entidades federativas como la Ciudad de México, que la Secretaría de Gobernación debe resolver en un breve plazo.
La alerta de género es un mecanismo o herramienta del gobierno de nuestro país para combatir la violencia contra las mujeres y que detona una seria de acciones para enfrentarla como los protocolos de investigación contra feminicidios, la puesta en marcha de programas que se centran en la prevención y en las reformas legales y estructurales para eliminar la desigualdad tanto en el marco normativo como en las acciones gubernamentales y políticas públicas que sean implementadas.
Esta alerta ha estado funcionando en nuestro país por 12 años, la declaratoria es hecha por la Secretaría de Gobernación y alerta tanto a las instancias de gobierno como a los ciudadanos de los riesgos y la urgencia de erradicar el feminicidio, acoso laboral, sexual, escolar, doméstico y en los espacios públicos y, en general, el contexto de violencia, inseguridad y desigualdad que viven las mujeres en los lugares en los que se declara esta alerta.
La declaratoria de una alerta de género supone la obligación de destinar recursos financieros, legales y humanos para erradicar la violencia contra las mujeres. Mayor vigilancia policial, iluminación en zonas de riesgo, capacitación a los funcionarios que atienden estos temas, módulos de atención a las víctimas y otra serie de medidas se detonan con la declaratoria de alerta.
Las alertas que emite la Secretaría de Gobernación deben ser requeridas por organismos nacionales o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La solicitud ante la Secretaría de Gobernación es revisada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, quien tiene que emitir un dictamen para que esa secretaría haga la declaratoria correspondiente. A la par de las alertas federales, cada entidad federativa puede emitir una alerta de género local.
A más de una década de la implementación de estas alertas en nuestro país, resulta necesario analizar su eficacia, sus deficiencias, los plazos en los que se declara una alerta y las medidas que acompañan dicha declaratoria, con la finalidad de evaluar sus resultados que, hasta ahora, no han ayudado en la erradicación de la violencia contra las mujeres.