No importa cuantos exhortos institucionales, marchas, reformas del código penal, recomendaciones del alto comisionado de las naciones unidas de la ONU, Conapred ,Comisión Nacional de Derechos Humanos y observatorios nacionales e internacionales, hagan llamados al gobierno del estado de Veracruz sobre la urgente implementación de una estrategia para atender los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género a personas LGBTTTI+; nunca es suficiente para que las autoridades se pongan a crear una estrategia con los tres poderes de gobierno y los grupos expertos en tales temas, ya sean este en el poder el PRI, PAN o Morena.
Veracruz tiene una deuda histórica y un descarado desinterés por dar solución a un problema que ya ha rebasado fronteras, si así como lo leen: los diversos informes sobre los brutales asesinatos han sido nota en Argentina, España, Colombia, Canadá, EEUU, Francia y varios países más, donde los informes de grupos del estado hemos compartido con redes internacionales sobre derechos humanos.
El término (hate crime) crimen de odio surgió en Estados Unidos en 1985, cuando una oleada de crímenes basados en prejuicios raciales, étnicos y nacionalistas fueron investigados por el Federal Bureau of Investigation (FBI). Como resultado de ello los medios de comunicación tomaron el término por su valor de impacto en los titulares.
Cuando mencionamos crimen de odio por orientación sexual o identidad de género, hace referencia a una persona trans, gays, lesbiana, bisexual, o sea LGBTTTI+.
Desde 2012, en un proyecto donde colaboró voluntariamente, son recabandos datos sobre los crímenes de odio y discursos, acciones donde resalten los fundamentalismos religiosos, donde hemos encontrado una relación entre ambos, pero lo más preocupante es el visible aumento a este tipo de crímenes y el regreso de discursos patologizantes sobre la homosexualidad y transexualidad.
No hay que subestimar en ningún aspecto que grupos religiosos judeocristianos se unan en toda Latinoamérica para quitar el reconocimiento a los derechos humanos de las poblaciones disidentes sexuales, el estado de Veracruz tiene una particularidad y es justamente la cercana relación del sistema estado con el sistema religioso, mismos que se encargan desde hace mucho a retrasar el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTTI+.
Nuestro diagnóstico y estadísticas nos arrojan desde 2012 a 2020, un total de 204 asesinatos en el estado de Veracruz, de los cuales 126 son mujeres transgénero y transexuales, 73 hombres gay, 5 lesbianas, en los que se incluyen 4 casos donde las víctimas fueron menores de edad.
De los 204 casos, existen 36 personas detenidas en 36 casos, de los cuales en ninguno existe algún consignado; cabe resaltar que desde 2018 ya está reformado el artículo 144 constitucional del código penal el cual obliga a investigar los casos con las causales agravantes por orientación sexual e identidad de género, ningún caso ha sido investigado como tal hasta la fecha.
Con 12 asesinatos a personas disidentes sexuales de enero a mayo de 2020, nuevamente el estado de Veracruz se coloca en el primer lugar nacional en este tipo de casos, 5 mujeres trans, 5 hombres gay y 2 mujeres lesbianas.
Con todos estos datos algo nos queda muy claro: que el gobierno del estado de Veracruz y en especial la Fiscalía General, no está haciendo su trabajo, que a pesar de existir muchas mesas de trabajo con diferentes gobiernos estatales, a lo largo de estos casi 10 años, se siguen resistiendo a no dar solución a la problemática.
1.- La fiscalía debería ya contar con sus propias estadísticas, dar aplicabilidad al protocolo de actuación en los casos.
2.- Deberían hacer públicas esas cifras estadísticas cada trimestre en su portal de transparencia
3.- Todo el personal de fiscalía y cuerpos policiacos desde policía municipal, fiscales regionales hasta peritos deberían estar capacitados en perspectiva de género, derechos humanos, no discriminación y diversidad sexual.
4.- El ejecutivo y legislativo debería contar con un plan permanente de actividades lúdicas y culturales sobre sexualidad integral donde se aborden temas de diversidad sexual y perspectiva de género.
5- Las mesas interinstitucionales deben ser permanentes con los tres poderes de gobierno, colectivos y organizaciones civiles, donde debe imperar la imparcialidad y probidad, no invitar solo a grupos aplaudidores, hay que cuestionar, criticar, proponer, accionar.
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