Por casi dos décadas, Norma ha tenido que lidiar con una cruda realidad: defender su dignidad como persona le ha provocado recibir cuestionamientos y señalamientos por parte de muchas gentes, además de no poder acceder a una justicia que le permita reincorporarse a su empleo en Teléfonos de México (Telmex)y retomar el cauce de su vida, que resultó severamente afectada, tras denunciar que fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe inmediato.
Desde 1985, Norma ingresó a trabajar a la empresa telefónica en Irapuato, Guanajuato. Por 15 años, fue considerada una empleada responsable y comprometida con el trabajo. Nunca había tenido algún problema. Sin embargo, la situación cambió cuando el ingeniero Luis Alberto Cañas fue nombrado su jefe inmediato, en el año 2000.
A los pocos días comenzó a ser acosada sexualmente por Cañas y ante la negativa de acceder a sus peticiones, el acoso también fue laboral a tal grado que en 2002, después pedir permiso sin goce de sueldo para poder atender una situación de salud de uno de sus hijos, la cual tardó algunos meses en resolverse, al reanudar labores, se le abrió un expediente por faltas injustificadas.
Desde que comenzaron los actos de acoso sexual, ella decidió interponer una queja ante el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, informando de la situación. Nunca recibió respuesta ni tampoco recibió respaldo por parte de la agrupación gremial cuando pidió apoyo para resolver lo del expediente, a pesar de que fueron las propias autoridades sindicales las que le gestionaron el permiso.
Derivado de la situación del expediente, Norma fue despedida en julio de 2002 por lo que decidió interponer una demanda en noviembre de ese año, de la cual, se obtuvo una sentencia a su favor en octubre de 2010, ordenándose su reinstalación y el pago de salarios caídos.
La sentencia se cumplió un año después. En octubre de 2011 retornó a su centro laboral, pero sólo por algunas horas, pues en cuanto los representantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje salieron de las instalaciones de Telmex, Norma fue desalojada por personal de seguridad.
La situación derivó en una nueva demanda, cuyo resultado fue que la empresa le ofreció empleo, ingresando de nueva cuenta en junio de 2013, pero, los hechos se repitieron, el 17 de junio le negaron la entrada a las instalaciones de la compañía telefónica. La historia se repitió una vez más, pues aunque le recontrataron, se le negó el acceso a su sitio de trabajo.
Tras otra demanda, en julio de 2016, acudió nuevamente a su antigua oficina para su reinstalación, pero los hechos ocurrieron de manera similar. Al día siguiente, se le vuelve a impedir el ingreso a su centro laboral. En esta ocasión, acudió de nueva cuenta al día siguiente, acompañada por un notario público, quien dio fe de la negativa de personal de Telmex para permitirle la entrada a su espacio de trabajo.
Con ese registro de hechos, presentó una cuarta demanda, obteniendo, de nueva cuenta, un fallo favorable en agosto de 2019. Sin embargo, la reinstalación ordenada no se ha llevado a cabo a más de cinco meses del dictamen, e incluso, sabe que la empresa busca obtener un amparo para evitar cumplir el veredicto y alargar el proceso.
Para Norma, el trajinar por tres sexenios diferentes exigiendo justicia, ha sido desgastante y muestra el doble discurso existente en torno al acceso a la justicia, pues a pesar de que Telmex es considerada una empresa socialmente responsable, no garantiza los derechos humanos de su personal. Además de que obstaculiza los procesos legales y protege y permite este tipo de prácticas en sus centros de trabajo.
Asimismo, cuestiona si la falta de cumplimiento de la ley con respecto a su caso se debe a que la empresa es parte del patrimonio de una de las personas más ricas del mundo, Carlos Slim, o si por esta situación, el Estado le otorga protección, evitando sanciones.
Su caso no es el único, al menos otras cuatro compañeras de diferentes partes de la República Mexicana (Baja California, Jalisco y Oaxaca) se han puesto en contacto con ella para compartirle que han pasado por situaciones similares, y sus casos no han procedido como esperaban. También, sabe que hay algunas más que no se atreven a hablar y han optado por el silencio.
Verónica Cruz, de Las Libres, organización que le brinda acompañamiento, considera que la situación vivida por Norma, por casi 20 años, no puede entenderse sin la complicidad del Estado y del Sindicato de Telefonistas, pues la obstrucción de la justicia ha sido evidente.
Norma anhela que la situación se revise a fondo y se resuelva pronto, pues el proceso la ha desgastado y le ha provocado afectaciones en su vida personal y familiar; también quiere animar a más chicas a que denuncien lo que ha ocurrido en sus centros laborales, pues el acoso sexual es una práctica muy común, y se calla por miedo, pero la única manera de erradicarlo es visibilizándolo; además de que desea que sus hijas y otras chicas de la misma edad, no tenga que vivir estas situaciones , y que se entienda que defender sus derechos y su dignidad como persona no es un delito.