El poder para moldear el futuro de una República estará en manos del periodismo de las generaciones futuras”. -Pullitzer
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que se construyó, desde el ámbito internacional, para evidenciar los contextos de opacidad en los gobiernos de los países de América Latina. A través de este derecho, la ciudadanía y el periodismo especializado ha logrado que, organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hagan posible la garantía de acceder a información focalizada, a fin de coadyuvar en las decisiones políticas y la articulación de políticas públicas, dado que se trata de un derecho transversal en el sistema jurídico mexicano.
En tiempos en los que es necesario fortalecer la democracia y sus instituciones, vale recordar como la sociedad civil y el periodismo han utilizado favorablemente las herramientas institucionales del INAI, a efecto de mejorar su entorno: medio ambiente, seguridad, justicia, servicios y por supuesto, dar cuenta de elementos que deben mejorarse con la intención de evitar disrupciones en el sistema político.
Derecho de acceso a la información
En este sentido, habré de referirme a la forma en cómo el periodismo que se ejerce a través del derecho de acceso a la información ha generado un cambio en la política pública, lo cual era impensable en décadas pretéritas; así, por ejemplo, en 2011, un portal periodístico de reciente creación publicó una nota intitulada: “Sedena omite informar número real de bajas en combate al narco”.
Dicho espacio informativo describió que, al no contar con datos precisos sobre el número de pérdidas humanas en lo que se denominó como “guerra contra el narco”, los periodistas decidieron revisar los boletines de prensa de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), entre julio de 2010 y enero de 2011, pero advirtieron la necesidad de completar su investigación una serie de solicitudes de acceso a la información, para con ello constatar que la SEDENA, fue omisa en publicar el deceso de ocho de cada diez soldados.
En mayo del mismo año, se transmitió por televisión la serie “El Equipo”, la cual, buscaba mostrar el mérito y el trabajo de la Policía Federal. Al respecto, la periodista Lilia Saúl a través de solicitudes de acceso a la información, requirió el contrato celebrado por la Secretaría de Seguridad Pública y una empresa televisiva, arrojando como resultado, que la citada serie televisiva había generado un costo para la institución de más de 118 millones de pesos.
Esta investigación se publicó el 13 de julio de 2011, en un periódico de circulación nacional, bajo la nota “Paga la SSP 118 mdp por serie de televisión”, información que, que por cierto, le valió a la comunicadora, el Premio Nacional de Periodismo de ese año.
Periodismo de investigación
En 2012, el reconocido periodista Víctor Hugo Michel realizó investigaciones sobre la expansión de las tácticas de desaparición forzada por parte de la delincuencia organizada en el sexenio del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de la cual publicó: “Los borrados del narco”. Dicha investigación continuó hasta 2014 y estuvo basada en archivos policiales y en solicitudes de acceso a documentos clasificados. Los estudios fueron de relvancia que tal que terminaron siendo objeto de diversas publicaciones, entre ellas, “A la fosa común, seis cuerpos al día desde 2011” (2013), y “Los borrados del narco II” (2014).
Por supuesto, merece mencionarse el polémico y trascendente caso de “La casa blanca”, revelado el 9 de noviembre de 2014, en el espacio noticioso de la periodista Carmen Aristegui, documentado a partir de información e investigaciones focalizadas por Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán. Este reportaje evidenció el lujo de la vivienda de la entonces familia presidencial, situada en la Ciudad de México, con un valor de 7 millones de dólares, construida por Grupo Higa, empresa que se le vinculaba con la licitación del tren México-Querétaro, y que realizó diversas obras en el estado de México durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al respecto, la investigación fue basada en diversas solicitudes de acceso a la información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Esta pieza periodística, se hizo acreedora a dos reconocimientos; el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2015, así como el Premio Colpin 2015, otorgado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación.
Es así que el periodismo de investigación va soportado y acompañado indiscutiblemente del derecho de acceso a la información, fortaleciendo así el derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa, bases fundamentales para un Estado democrático, por una parte y por la otra, genera una agenda de política pública para que los órganos del Estado actúen en los problemas que le interesan a la sociedad. Finalmente, confío plenamente en la calidad periodística en México y sus aportes a la democracia Mexicana, y deseo que las generaciones futuras sigan con esta encomienda que, parafraseando a Octavio Paz, la nación nos reclama.