Cada día atestiguamos con gran preocupación que el número de contagios y defunciones por covid-19 continúa en franco ascenso, echando por tierra las proyecciones con las que en algún momento el gobierno intentó trasmitir tranquilidad y convencer que su estrategia era la correcta. Hasta el momento alrededor de 24 mil personas han perdido la vida y poco menos de 200 mil se han contagiado de acuerdo a la información oficial -que ha sido sumamente cuestionada y se estima una cifra mucho mayor en ambos rubros-, con lo que el índice de letalidad en nuestro país es de 12.2% ocupando el tercer lugar a nivel mundial tan sólo por debajo de Italia y Reino Unido.
Después de tres meses de confinamiento que nos han marcado como sociedad por las consecuencias en la salud física y mental, la parálisis de la economía con cierres de negocios y la pérdida de 12 millones de empleos, la incertidumbre al no saber cuándo y en qué condiciones podremos ir retomando nuestras actividades, particularmente para quienes el panorama se presenta más sombrío, naturalmente la atención se ha centrado en la pandemia -desafortunadamente no es el caso del gobierno quien al parecer está más concentrado en la arena político-electoral y en el desmantelamiento institucional que en ocuparse de lo prioritario y urgente-, pero no debemos perder de vista que seguimos enfrentando otro problema con repercusiones igualmente dramáticas, ya que se trata de vidas que representan una tragedia para cada una de sus familias.
Uno de los mayores reclamos a las últimas dos administraciones federales -sobre todo a la de Felipe Calderón- fue su incapacidad para revertir los niveles de inseguridad y violencia que han azotado a nuestro país, convirtiéndose en uno de los principales compromisos que desde su campaña asumió el presidente López Obrador, sin que hasta el momento podamos observar ningún resultado. Por el contrario los pronósticos no son nada alentadores.
En los primeros 18 meses de esta administración se han reportado 53,628 homicidios dolosos, por lo que el promedio es de 98 víctimas por día de los cuales 5,800 fueron mujeres y 1,800 menores de edad, siendo el inicio de sexenio más cruento en nuestra historia reciente. Para ejemplificar, de diciembre de 2016 a mayo de 2018 se cometieron 45,581 asesinatos, es decir, 8,047 asesinatos más que en el arranque del gobierno anterior.
De igual manera, el pasado domingo 7 de junio se reportaron 117 homicidios con lo que probablemente sería el día más violento del año a pesar de que por el confinamiento se redujo significativamente la movilidad de la gente. También seguimos atestiguando historias de horror como la que ocurrió en San Mateo del Mar, Oaxaca en que se encontraron los cuerpos de 15 personas con signos de tortura y que al parecer fueron quemadas vivas, el asesinato de un juez federal y de su esposa en presencia de sus hijas de 3 y 7 años, o los hechos violentos del fin de semana en Caborca y Celaya que nos asemejan a un país en guerra.
Por más que quieran matizar la información o pretendan modificar la realidad únicamente con el discurso, el número de muertos y la violencia desatada en lo que va de esta administración, es preocupante ante la pasividad y autocomplacencia de las autoridades que a estas alturas difícilmente pueden culpar a los gobiernos anteriores, pues además de que ha pasado suficiente tiempo para asumir plenamente su responsabilidad, la estrategia por la que han apostado -si es que existe- es muy similar basada en una mayor intervención del ejército en tareas de seguridad. No hay muchos elementos para esperar objetivamente que la situación cambie sustancialmente -incluso se estima que ante los efectos de la pandemia se puede recrudecer la inseguridad-, por lo que de mantenerse la tendencia es posible que el número de homicidios dolosos se aproxime a los 200 mil, superando las cifras con las que concluyeron los gobiernos de Vicente Fox (60,200), Felipe Calderón (121,600) y Enrique Peña Nieto (156,400).