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Lincho luego existo…

Ante un acto delictivo la respuesta desde el derecho y las instituciones es: el respeto a la ley y el repudio a hacer justicia por mano propia. | Salvador Percastre

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Escrito en OPINIÓN el

Barcelona, España. El pasado 03 de agosto se publicó un video en el que se muestra cómo los pasajeros de una combi de transporte público en el Estado de México frustran un asalto y dan una golpiza al asaltante hasta dejarlo inconsciente y desnudo en el arroyo vehicular. Las imágenes se volvieron virales, las diversas reacciones en redes sociales digitales no se hicieron esperar y, como en otros casos similares, la polémica tampoco. 

Memes, gifs, piñatas, juguetes, declaraciones de famosos y hasta una cumbia llenaron de color el debate virtual en torno a un hecho que fue celebrado por muchos y repudiado por otros, acaso los menos.

Más allá de lo anecdótico, el hecho tiene un valor noticioso y una relevancia mediática por sus efectos en la opinión pública, pero, además remite a un tema de fondo que obliga una mirada menos superficial comenzando con la definición del hecho mismo.

Una definición

El Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2019, dice que “los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas en contra de aquellos que consideran o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen”. Más claro solo el agua.

Esta definición que recoge el contexto social y político de México va más allá de la definición jurídica como un acto ilícito indiscutible, también es una causa y una consecuencia de un fenómeno social de inseguridad pública, de violencia institucional pero también de una violencia sistémica o intrínseca en México que trasciende los hechos delictivos como los robos o la delincuencia organizada y se instaura en los distintos tipos de violencia que se ejerce en lo cotidiano, como la violencia intrafamiliar, la violencia de género o el acoso escolar o bullying.

Causas y efectos

El citado informe profundiza en la conceptualización jurídica y sociológica del fenómeno y recoge interesantes causalidades y efectos de este fenómeno. Si bien su definición y naturaleza jurídicas corresponde al derecho, sus consecuencias y efectos trascienden lo jurídico y se instalan en los sociológico e incluso en la percepción colectiva y en el debate público, es decir, en la opinión pública.

Las causas del linchamiento pueden ser desde la falta de seguridad pública y la ausencia de un pleno estado de derecho, pasando por la violencia institucional, la violencia sistémica e incluso el hartazgo económico y político. Es un fenómeno complejo, multifactorial, dinámico y con múltiples causalidades, sin embargo, la violencia es sin duda el común denominador.

Diversos estudios académicos y el propio informe citado indican que no es la solución a la delincuencia. El aumento de casos de linchamientos en México no ha mostrado una disminución de la violencia y de la delincuencia que en ocasiones se ha incrementado. No solo se ha demostrado su inutilidad para mostrar “castigos ejemplares” para los delincuentes, sino que en ocasiones se han linchado y asesinado a personas ajenas a hechos delictivos imputados que en algunos casos han sido solo rumores.

Respuestas

Ante un acto delictivo la respuesta desde el derecho y las intuiciones es más que obvia: el respeto a la ley y el repudio a hacer justicia por mano propia. Por otro lado, para una sociedad lastimada, violentada y cansada de sufrir los embates de la delincuencia, asustada e impotente ante la ausencia de una justicia expedita y efectiva y ante el vicio y corrupción del sistema público del combate y prevención al delito, es perfectamente comprensible una reacción iracunda y violenta ante el lastre de la delincuencia omnipresente, sin embargo, en ninguna circunstancia es justificable. Además, a la larga resulta contraproducente en lo individual y en lo colectivo.

¿Qué hacer entonces como sociedad?, ¿cuál es la respuesta adecuada de una sociedad asolada por la delincuencia? La respuesta no es sencilla, pero a mi juicio, tiene dos posibles alternativas. Una a largo plazo que promueva una mayor educación y promoción de valores democráticos y otra a mediano plazo que haga comprender a los ciudadanos que los responsables de su seguridad son fruto de las autoridades a las que se eligieron en las urnas.

Desde las organizaciones ciudadanas y desde las instituciones del Estado se deben impulsar campañas de comunicación, concientización y sensibilización que permitan que los ciudadanos interioricen que sus decisiones políticas, su voto, su abstención, su sufragio no informado, vendido al mejor postor o regalado a quien le promete un beneficio a corto plazo lucrando con su necesidad, puede marcar la diferencia entre violencia o una justicia efectiva que deje en el pasado estas prácticas que, si bien pueden ser entendibles, son desde cualquier punto de vista injustificables.