Los problemas del país se han agudizado por la corrupción y la impunidad prevalecientes. Este par de fenómenos golpean gravemente todos los ámbitos de la vida nacional, pero son, sin duda, los principales ingredientes de la crisis de violencia e inseguridad que hoy vivimos.
Si bien las conductas antisociales y delictivas son imposibles de erradicar en su totalidad, porque la sociedad es heterogénea y hay individuos proclives a infringir las reglas de la convivencia y a sacar un provecho ilícito o atentar o dañar a otras personas, es un hecho innegable que la maquinaria de corrupción que ha infiltrado a la política y a los cuerpos de seguridad ligada a los crímenes que no son castigados por ineficacia de las instituciones o las complicidades, son factores que generan un crecimiento exponencial de la delincuencia. La impunidad llama a la violencia, es un aliciente perverso.
Por esas razones cualquier conjunto de políticas o estrategias en materia de seguridad debe implicar en primer término cerrarle el paso a la corrupción y a la impunidad, a través de mecanismos y controles estrictos que deriven de una firme decisión política. El liderazgo en el tema es fundamental.
En ese contexto, el llamado del Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo a construir un pacto por la seguridad para la entidad suriana azotada por la criminalidad, además de trazar una ruta clara de acciones, reformas y decisiones debe empezar por combatir la acendrada impunidad que padece la población, donde quedan sin castigo 97 de cada 100 delitos.
El escenario de sangre y horror en el que Guerrero se ha convertido hace imperativo desplegar una estrategia integral dirigida a brindar seguridad ciudadana, incorporando una visión de corto, mediano y largo plazo. La idea de un Estado sencillamente pierde razón de ser si no hay seguridad personal o patrimonial.
Los resultados podrán no ser del todo inmediatos con este pacto, acuerdo o alianza (el nombre no es lo fundamental sino lo que integra) pero es indispensable arrancar cuanto antes, y que este gran acuerdo se traduzca en puntos concretos que vayan más allá de la retórica o las buenas intenciones.
Lo primero que se debe emprender es desplegar medidas para recuperar el territorio. Amplios espacios de la geografía estatal hoy son controlados por la delincuencia que ejercen un poder criminal, sometiendo a un régimen de terror a la población a través de la extorsión, el secuestro y los homicidios (Guerrero es el Estado con el mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional). Incluso en varias comunidades de la tierra caliente y la sierra se han presentado los desplazamientos y emigraciones a consecuencia de esta situación, afectando a miles de personas.
En el caso de la Policía Estatal (la única corporación aceptablemente confiable) es insuficiente el número de efectivos que la conforman, aproximadamente 3,600 para un aproximado de entre 12,000 y 14,000 elementos que se requieren en la entidad. Esta fuerza debe ser proporcional al tamaño y número de habitantes de Guerrero.
Es fundamental, de igual manera, incluir programas de prevención del delito que permitan focalizar inteligentemente los programas, proyectos y acciones concretas gubernamentales para cerrarle la puerta a la delincuencia a partir de oportunidades sociales (educación, deporte, cultura, recuperación de espacios públicos etc.) en barrios, colonias y polígonos de alta incidencia delictiva.
Ahora bien, un pacto por la seguridad sin una adecuada procuración e impartición de justicia está condenado al fracaso, o mejor dicho, nacería muerto. En Guerrero, la impunidad sigue imperando en las calles, bajo la complicidad una Fiscalía incapaz de procesar a los delincuentes.
Se debe demostrar que hay autoridad y estado de derecho y perseguir con estrategia e inteligencia a los grupos criminales que han infiltrado a las policías municipales. Asimismo, se debe cambiar al actual Fiscal General del Estado y depurar la institución del ministerio público y la policía investigadora. El pacto al que convoca el Ejecutivo de Guerrero por ahí debe empezar.