La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que resuelva la polémica ampliación del mandato para gobernador de Baja California, de dos a cinco años, votada el 8 de julio en la noche por el Congreso de Baja California. Así coincidieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños y José Roberto Ruiz Saldaña.
Será el máximo tribunal el que al resolver la acción de inconstitucionalidad que partidos de oposición y legisladores federales interpondrán, resuelva el asunto y siente un precedente para evitar que otras entidades intenten repetir una decisión similar.
Entrevistados por separado por La Silla Rota, ambos consideraron que se trata de un tema preocupante. Para Baños, se trata de un acto ilegal, mientras que Ruiz Saldaña lo calificó de grave por no respetar la voluntad popular.
Donde ambos tuvieron posturas encontradas, fue en ver que detrás de dicha decisión que favorece a Morena -ya que el gobernador que recibiría la ampliación es el morenista Jaime Bonilla- haya un intento de socavar el sistema electoral.
Para Baños es claro que no se trata de una decisión aislada, ya que las instituciones electorales han comenzado a ser socavadas con consultas populares que no cumplen los requisitos de votaciones electorales, y con la inminencia de una nueva reforma electoral, que minaría algunos avances electorales.
Para Ruiz Saldaña se trata de un caso aislado, e incluso desestimó que haya riesgos para el INE con una nueva reforma electoral, y en su opinión la postura de algunos consejeros es de drama por algo que aún no se sabe en qué sentido vendrá.
FUERON VARIOS INTENTOS
El pasado 8 de julio, en la noche, 21 de 25 diputados locales votaron a favor de ampliar el mandato de gobierno del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, de dos a cinco años. La decisión causó un escándalo político a nivel nacional, y aunque hubo condenas a dicha decisión, como la expuesta por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien propuso la desaparición de poderes en el estado para impedir dicha ampliación de mandato, otros la han defendido, como es el caso de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnski, quien dijo que los diputados votaron así porque la ciudadanía quería que se ampliara el mandato.
La elección del 2 de junio pasado no fue calificada por el INE, pero el instituto sí participó en la organización de la elección, con la integración e instalación de las mesas de casillas, el conteo rápido y la fiscalización de los gastos de los candidatos, la administramos de los tiempos de radio y televisión y el padrón electoral de la elección, recordó Baños.
“Nosotros creemos que el INE sí tiene involucramiento porque tiene facultad genérica de propiciar respeto al voto ciudadano. Opinamos que la decisión del Congreso local se aparta del orden constitucional establecido en la Carta Magna de esa entidad federativa y desde una reforma previa en 2014 se estableció con claridad que el periodo por el cual sería electo el gobernador en estos comicios recién concluidos era de 2 dos años”, agregó.
Previo a la decisión del Congreso, durante el desahogo del proceso electoral el equipo de Bonilla ya había buscado ampliar el mandato, y aunque el Tribunal Electoral del estado ya lo había aprobado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo revocó.
Después, concluido el proceso electoral y ya con la asignación del triunfo a Bonilla se le entregó su constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección. En dichos documentos se dice que el periodo de mandato es por dos años. Es entonces cuando viene la votación de los legisladores locales para ampliar dicho periodo.
“Es una decisión ilegal que se aparta de los principios rectores, no solo de la función electoral sino de la democracia mexicana y coloca al Congreso como supraelector por encima de los electores. Pareciera como si los diputados pudieran cambiar la decisión de las urnas y es ilegal porque el proceso había concluido y porque el Congreso del estado no tiene facultades constitucionales para modificar un caso en esos términos.
“Nosotros creemos que la Corte tiene una oportunidad para establecer un criterio y evitar ese tipo de situaciones. Hay precedentes en Oaxaca, Michoacán, donde en un momento se modificaron plazos para gobernadores, ahí la Corte dijo que eso no se puede y vamos a ver ahora con acciones de inconstitucionalidad ver qué decisiones toma la corte pero va en ese sentido”.
Por su parte Ruiz Saldaña coincidió en que será la SCJN la que resuelva y recordó que en 2006 el Congreso local de Michoacán intentó ampliar su mandato, y la Suprema Corte determinó que era inconstitucional.
“Ahora que llegue el asunto a la Suprema Corte no va a haber sorpresas, debe declararla inconstitucional. La constancia de mayoría la dio el instituto electoral, es preocupante lo que sucedió y no debió haber sucedido. Afortunadamente tenemos instituciones como la SCJN que pueden intervenir, se requiere que llegue la acción de inconstitucionalidad y bien hecha”, expresó.
Remarcó que el periodo por el cual votó la ciudadanía fue de dos y no de cinco años.
“Es un riesgo en la medida en que lo votado se modifica, es un principio que debe de respetarse y preservarse por todos, no solo por el Instituto Nacional Electoral, sino por los partidos políticos y los ciudadanos. Si lo que se votó fue un periodo de dos años, es grave por una decisión posterior a la expresión de la voluntad popular”, añadió.
EL RIESGO DE LAS TENTACIONES
Algunos analistas y legisladores han alertado que la decisión del Congreso local de ampliar el mandato al gobernador electo de Morena, es una acción que podría derivar en que otros estados hagan lo mismo, o incluso sea el precedente de la ampliación del mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Para el consejero Marco Antonio Baños, sí se trata de un precedente preocupante que ocasione la erosión de la institucionalidad democrática.
“Hay un debilitamiento de las instituciones y de los procedimientos que nos hemos dado para muchas cuestiones. Esas consultas que se han hecho para tomar decisiones de política pública, que se apartan de ciertos cánones en la seguridad de recepción del voto, la contabilidad y de procedimientos establecidos en la ley, porque las consultas populares solo las puede hacer el INE o el procedimiento de cancelación de obras públicas, con la participación a mano alzada, a la manera de la antigua polis griega de un grupo pequeño de personas, o posicionamientos como el de la presidenta de Morena que apoyó la decisión del Congreso local. O el posicionamiento que tuvo el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que olvida que siendo funcionario de alto nivel de la Secretaría de Gobernación debía estar más comprometido con generar condiciones de gobernabilidad y de respeto a la ley y no andar avalando una decisión partidaria”, dijo.
Criticó que Peralta avale la decisión del Congreso local con el argumento de que es correcta porque no estaba establecido el periodo en la boleta electoral.
“Claro que no estaba, pero sí en la constitución y ley local, y en los acuerdos tomados por el órgano electoral del estado que inscribieron y registraron la candidatura de Bonilla”, resaltó.
Para Ruiz Saldaña la ampliación de mandato no debió ocurrir, pero se cuenta con la SCJN que puede echar atrás la decisión con la acción de inconstitucionalidad.
“No lo vería como un capitulo o trama de intento de destruir a las instituciones. Tan no lo pondría en alarma que mencione el antecedente, era un Congreso local, que se había ampliado el plazo para empatar el calendario electoral, no lo veo como una serie de intentos y no he visto agravio del nuevo gobierno. Hay agravio de colegas porque la Cámara de Diputados no asignó 950 millones de pesos para el presupuesto 2019 pero ya el instituto dijo que solventará esto. Ha habido excesos en quejas. Lo que se intenta afectar al INE con reforma electoral, que aún no existe, no hay iniciativas, hay más de 100 de prácticamente de todos los grupos, no se puede hablar de eso”.
Respecto a si la realización de consultas populares para decidir el futuro del nuevo aeropuerto son parte de acciones a minar el sistema electoral, dijo que en ese caso no había más opciones, pues hacer consultas populares conforme a como está redactada la ley, es casi imposible o tendría que haber elecciones federales.
“No gustaron a muchos las consultas realizadas por el gobierno cuando iba a llegar, pero tampoco había otras opciones, no omitamos que hay una ley obsoleta que se requiere modificar en materia de consultas, explicó.
Incluso, consideró que ha habido drama de parte de algunos compañeros suyos del INE.
“Le han puesto mucho drama varios de mis colegas al capítulo de la reforma electoral, aún no hay nada presentado oficialmente como grupos parlamentarios, sino que son iniciativas de distintos actores”.
Pero para Baños no es cosa de drama, y si hay relación entre la ampliación de mandato, realización de consultas y la reforma electoral que viene.
“La nueva reforma ha planteado la desaparición de las estructuras de órganos electorales de los estados, la posibilidad de que el padrón electoral pudiera pasar al gobierno, la posibilidad de la disminución del financiamiento de los partidos políticos asociado a la disminución de las curules de representación proporcional que lo único que harían sería ampliar la presencia del partido Morena en la mayoría de las cámaras. Imagínese una representación proporcional menor de partidos diferentes a Morena, prácticamente desaparecerían de la cámara. Debemos ir con reformas más adecuadas que modifiquen para perfeccionar el sistema electoral, no debilitarlo”, planteó.
“No hacemos drama, hacemos una exposición de argumentos y de posibles efectos de una iniciativa que sí se presentó en la Cámara de Diputados y que establece estas posibilidades de modificación y el comentario que refiere es irresponsable. Lo que se trata es analizar esas iniciativas, porque si no cuando tengamos que analizar la reforma hecha, el daño estará irremediablemente hecho.
“Si veo relación, son muchos elementos en el ambiente político a analizar por partidos, organizaciones, medios de comunicación y analistas y se deben tomar mejores decisiones. En el fondo no tenemos oposición a reducir gastos que impliquen ahorros para el erario, en esa parte podemos apoyar y coincidir, por eso proponemos el voto electrónico, pero no erosionar la institucionalidad democrática del país”, concluyó.
CONDENAN DECISIÓN
La diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier dio a conocer un punto de acuerdo de la Comisión Permanente sobre la ampliación de mandato del próximo gobernador en Baja California.
Acompañada de legisladores de otros partidos, como el senador Damián Zepeda y las diputadas federales Verónica Juárez y Lorena Villavicencio, del PAN, PRD y Morena, respectivamente, condenaron la reformas aprobada por el Congreso local, de ampliación de mandato de dos a cinco años, que beneficiarían al próximo gobernador, Jaime Bonilla.
Los legisladores consideraron que dicha reforma atenta contra la democracia.