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Policías catean vivienda, no encuentran nada y mejor roban

Aunque no golpearon ni intimidaron a la familia y tampoco encontraron drogas ni armas, sí desaparecieron computadoras y dinero en efectivo

Escrito en NACIÓN el

La noche del miércoles, la familia Ramos descansaba en su casa de Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, cuando policías antinárcoticos irrumpieron.

Llevaban armas largas, capuchas y gorras y una orden de cateo firmada por el juez 114 penal Joel de Jesús Venegas Garduño.

Juan salió al patio luego de que un familiar le advirtiera: “ten cuidado, son agentes”. El dueño de la casa, de 56 años de edad, salió al encuentro con los policías y éstos justificaron su presencia con documentos.

Se trataba de un cateo basado en la carpeta FCIN/AOP/UI-1C/D/00039/07-2019, pero aunque no golpearon ni intimidaron a los Ramos, tampoco encontraron drogas ni armas.

Sin embargo, se les acusa de robarse 10 mil pesos en efectivo y dos computadoras: “Mencionando (los agentes) que no encontraron nada de lo que marcaba la orden de cateo y el denunciante revisa sus pertenencias se percata de faltantes, siendo dos lap top, un iPad y 10 mil pesos en efectivo”, se lee en un informe de la Procuraduría capitalina.

Los dichos de los afectados quedaron asentados en la carpeta FIZP/IZP-9/UI-3S/D/3321707-2019 por los delitos de abuso de autoridad y robo.

De acuerdo con las investigaciones, los policías señalados pertenecen a la Fiscalía Antinarcomenudeo y a pesar de que llevaban una orden de cateo, el operativo se vio trastocado por las acusaciones de hurto.

El Ministerio Público ordenó enviar un desglose a la Fiscalía de Servidores Públicos y a los denunciantes presentar facturas de los objetos sustraídos.

Fuentes de la dependencia indicaron que los servidores públicos tenían indicios de que en ese inmueble se almacenaban drogas, aunque no pudieron hacer decomiso alguno.

La Silla Rota publicó que hasta mayo de este año sumaban 450 denuncias por abuso de autoridad en CDMX. En 2018 se registraron 810, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este ilícito, acorde con el Código Penal local, se castiga con la inhabilitación del servidor público y entre 8 meses y tres años de cárcel.

MJP