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Plantean concurso para Fiscal General, de 6 años e independiente

ONG e Iniciativa Privada entregan propuesta de reforma constitucional al Senado de la República para poner candados a la designación del Fiscal General

Escrito en NACIÓN el

Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y México Unido contra la delincuencia presentaron este miércoles en el Senado de la República una iniciativa para eliminar el pase automático del procurador Raúl Cervantes hacia la Fiscalía General de la República, además de reponer el proceso de selección para este cargo. 

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A través de una propuesta de reforma al artículo 102 constitucional, los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva sugieren un nuevo método de elección de fiscal que garantice un perfil con independencia política, electo por concurso público, y solo para cumplir con una encomienda de seis y no de nueve años como actualmente contempla la ley. 

En entrevista con La Silla Rota, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explicó que este proyecto ciudadano considera como eje fundamental la eliminación de la figura del "pase automático", pero incluye también otros aspectos centrales para el diseño de la nueva Fiscalía General: controles internos y mecanismos externos de supervisión, profesionalización del ministerio público y los servicios periciales, designación de las fiscalías especializadas y un mecanismo de transición de la PGR a la Fiscalía General.

"Prevemos también una designación más abierta, transexenal, por un periodo de seis años sin reelección", añadió. 

Ante la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para respaldar a Raúl Cervantes como nuevo fiscal de la Nación, el director de Transparencia Mexicana dijo confiar en que existan condiciones para procesar la iniciativa, así como voluntad de los partidos políticos, incluido el tricolor, para garantizar la elección transparente de un fiscal verdaderamente independiente y apartidista. 

"Formar una mayoría constitucional para diseñar una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz requiere de todos los partidos representados en el Congreso, incluido el PRI”. 

Confiamos en que el proyecto ciudadano pueda ser discutido por el método de Parlamento Abierto, para generar arraigo y legitimidad de esta reforma. No sobra recordar que se trata de la persona que concentrará mayor poder individual en México y quién enfrentará los delitos cometidos por actores e individuos con enorme influencia política. La independencia respecto a cualquier interés ajeno al interés público, es central para esta encomienda", enfatizó.

Contenido del proyecto 

Con este proyecto se busca garantizar la Independencia política del próximo fiscal general, al considerar que no puede ocupar este cargo quien haya sido registrado como candidato, haya desempeñado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación, o algún cargo de dirección o representación nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación. 

Asimismo proponen  reducción del tiempo en el cargo de 9 a 6 años, improrrogables. Sobre este punto se determinar que el periodo de gestión iniciaría el 1 de octubre cuando el titular del Poder Ejecutivo inicie su quinto año de gobierno. Lo anterior, para blindar el nombramiento del fiscal general de la influencia que pudiera ejercer el presidente de la República en turno. 

Las organizaciones que abanderan las causas #VamosPorMás y #Fiscalía que sirva buscan eliminar el pase automático del actual procurador general. Se determina que como parte del método de elección el Senado estará a cargo de formular una lista de seis candidatos que sería enviada al Ejecutivo.

Buscan que los postulados participen en un concurso público donde uno de los criterios de selección sea la trayectoria de servicio público, especialmente en los ámbitos de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o demás antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Igualmente, promueven que se tome en consideración el reconocimiento público de los candidatos, su honorabilidad, independencia y compromiso con los valores democráticos. 

El proyecto ciudadano establece la creación de una Comisión de Designaciones ?conformada de manera interdisciplinaria por nueve ciudadanos de reconocido prestigio académico o profesional en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y políticas públicas en materia de seguridad y justicia, quienes serán designados previamente por el Senado, de manera pública y abierta, y durarán en su encargo por cinco años y serán renovados de manera escalonada.

Por otra parte, mantienen la facultad del Ejecutivo para elegir una terna de entre la lista de 6 candidatos que le remite el Senado. Sin embargo de la terna propuesta por el Ejecutivo, el Senado previa comparecencia pública deberá elegir al Fiscal General por una mayoría calificada. 

Finalmente se establece la posibilidad de Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante omisiones del Senado para evitar que la falta de acuerdo en el Senado paralice el proceso de nombramiento del Fiscal. 

Entregan la propuesta

Representantes de más de 200 organizaciones civiles y de la iniciativa privada exigieron al Senado frenar la aprobación de la Ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático del titular de la PGR a esa institución.

En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara alta, Ernesto Cordero, los ciudadanos integrados en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva también demandaron a los legisladores que no se realice ninguna designación mientras no se concrete la reforma integral al artículo 102 de la Constitución.

Reunidos en el Senado, presentaron su propia propuesta de reforma integral a la que denominaron "dictamen ciudadano".

Solicitaron que sea discutida y debatida a través del modelo de parlamento abierto y que se garantice la participación directa, activa y efectiva de la sociedad civil en el proceso legislativo.

El documento fue entregado por Ana Dulce Aguilar García, Ana Lorena Delgadillo, Eduardo Bohórquez, Gustavo de Hoyos, Haydeé Pérez Garrido, Mario de la Garza y Marco Fernández.

El dictamen ciudadano, de 61 hojas, incluye una especie de exposición de motivos y una propuesta de redacción del articulado.