La impunidad es uno de los pendientes del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con poco más de años, la administración que se autodenomina Cuarta Transformación ha tenido un caso tras otro de gran envergadura en materia de seguridad e impartición de justicia.
Hechos como la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en un evento conocido como el Culiacanazo; la reciente exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, son hechos que se suman al poco avance en la investigación de los procesos judiciales que se siguen contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora.
Un factor común en estas investigaciones es la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se ostenta como independiente del gobierno federal en este sexenio, pero tiene al frente a un hombre de la confianza del presidente, Alejandro Gertz Manero.
En la mañanera de este viernes, 15 de enero, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno quiere acabar con la impunidad, pero también buscan que no se inventen delitos ni bajo represalia en contra de nadie, como una de sus conclusiones del caso Cienfuegos.
La FGR resolvió que no procede el caso que la DEA le fabricó a Cienfuegos, lanzó López Obrador al remarcar que a él le importa la verdad y la justicia.
A continuación detallamos estos cuatro casos en los que la justicia se mantiene ausente.
OVIDIO Y EL CULIACANAZO
A más de un año del “Culiacanazo”, evento en el que el Cártel de Sinaloa tomó violentamente Culiacán, Sinaloa, para evitar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo; se han ido revelando nuevos detalles del negro pasaje de la administración lopezobradorista, mientras pasa el tiempo sin detenidos y mucho menos personas condenadas por este hecho.
El gobierno federal liberara a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, a unas horas de ser aprehendido luego de un enfrentamiento entre militares y sicarios el 17 de octubre de 2019, no existe orden de aprehensión en su contra en la actualidad, reveló en días pasados el periodista Héctor de Mauleón, en El Universal.
La Fiscalía General de la República investiga el también llamado “Jueves Negro” como terrorismo, según informa el semanario sinaloense Río Doce.
Sin embargo, señala el medio local, la investigación del “Culiacanazo” es llevada por la delegación de la FGR en Sinaloa y no por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Así fue el Culiacanazo, según el gobierno de @lopezobrador_. Este es el momento en que detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" pic.twitter.com/Ok5qMGSrTe— La Silla Rota (@lasillarota) October 30, 2019
A pesar de la humillación sufrida por las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad federal, la FGR aún no termina de integrar las carpetas de investigación del Culiacanazo, por lo que ni autoridades federales ni militares han ejercido acción penal por ninguno de los involucrados en los hechos violentos; no hay detenidos y tampoco órdenes de aprehensión.
En otra acción contradictoria, la FGR clasificó como reservada o confidencial cualquier otra información relacionada con estos hechos o remiten a las conferencias matutinas del presidente López Obrador ofrecidas los días siguientes al operativo, lo cual contrasta con el ofrecimiento del mandatario mexicano de tener un gobierno absolutamente transparente ante la ofensiva que mantiene contra organismos autónomos como el INAI.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también anunció investigaciones por el caso, pero a un año de los hechos, éstas continúan. Además, de acuerdo con Río Doce, la Sedena se niega a proporcionar información relacionada con el operativo.
LA EXONERACIÓN DE CIENFUEGOS
La Fiscalía General de la República rechazó este jueves ejercer ninguna acción penal contra el exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, que fue acusado de lavado de dinero y narcotráfico por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
El general Cienfuegos ha quedado, de esta forma, exonerado, a pesar de las graves acusaciones que había presentado la DEA ante un juez estadounidense. La FGR dijo que tras el análisis de las pruebas de las autoridades estadounidenses y las proporcionadas por Cienfuegos "se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas".
La Fiscalía agregó que tampoco encontró pruebas de que "sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos". Además, tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.
La FGR precisó que del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales "no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público".
"Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el "no ejercicio de la acción penal, en contra de Cienfuegos".
En la nota, la FGR apuntó que desde 2013, en la anterior administración en México, "la DEA inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba a Cienfuegos". Señaló que dicha investigación la continuó la DEA durante la presente administración "sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso".
Apuntó que el 15 de octubre de 2020, agentes de ese organismo estadounidense detuvieron a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero.
"Después de cinco semanas de haber sido detenido el General Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la juez que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona y la juez federal estimó procedente tal petición", se explicó en la nota.
La institución señaló que durante el lapso de su detención y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la FGR solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.
Ante ello, el 18 de noviembre de 2020 Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, "que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades estadounidenses y la investigación en México se encontraba en su fase inicial".
La Fiscalía explicó que el 9 de enero de 2021 Cienfuegos "conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal".
A partir de esa fecha, Cienfuegos aportó sus elementos de prueba y la FGR llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.
Tras su captura, el presidente López Obrador criticó la detención en EU porque dijo que ejemplificaba la injerencia externa de la DEA en México.
CASO LOZOYA, ATORADO
Incluso para el presidente López Obrador la investigación en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, avanza lento en la Fiscalía General de la República. Así como las investigaciones en contra de los señalados por este exfuncionario de alto rango, quien fue detenido en Alemania y extraditado a México bajo la consigna de que revelaría diversos escándalos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto.
Fue apenas el 6 de enero pasado que López Obrador expresó su descontento con la FGR por el nulo avance en las indagatorias del caso Lozoya.
“Me imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial. Lleva algún tiempo la investigación, pero ya creo yo que es necesario, lo digo de manera muy respetuosa, porque la fiscalía es autónoma, es importante que se informe sobre el estado de esta investigación”, lanzó el presidente.
Ese mismo día, la Fiscalía informó que la próxima semana, aunque no se ha tenido noticia nueva sobre ello, se judicializará la carpeta de investigación en contra de diferentes funcionarios, entre ellos, Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores, así como José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y Crédito Público.
A través de un comunicado, la FGR informó que las investigaciones que ha llevado a la institución, luego de los señalamientos de Emilio Ricardo Lozoya, serán presentadas ante un juez para que determine si hay los elementos suficientes para que se emita una orden de captura en contra de diferentes personas investigadas por el caso de Agronitrogenados.
Las investigaciones que ha llevado a cabo la FGR, por el momento no incluyen al expresidente Enrique Peña Nieto, también señalado en la denuncia de hechos del 13 agosto que presentó Emilio Lozoya.
Según el comunicado que emitió la FGR, el expediente que presentará el Ministerio Público para deslindar responsabilidades en contra de diferentes personas señaladas por Emilio Ricardo Lozoya Austín, incluyen a Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, y Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN).
"Por su parte, Emilio L, y en razón de su petición de obtener los criterios de oportunidad señalados por la ley, presentó el día 11 de agosto de 2020 denuncia de hechos en contra de Luis "V", Francisco "G", Francisco "D", Jorge Luis L, Ricardo A, David P, José Antonio M, José Antonio G, Ernesto C, Carlos T, entre otros, por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, etc", informó la FGR.
En el comunicado la FGR no abundó cuáles son los avances que se han realizado en las investigaciones, sólo se determinó a mencionar que se presentará el expediente para que el juez deslinde responsabilidades.
En el documento que emitió la FGR, la dependencia sólo enlistó las acciones públicas que se han realizado hasta el momento, entre ellas la detención de Emilio Lozoya; su extradición de España a México; las audiencias que se han llevado a cabo; y la atapa en la que se encuentra las audiencias en contra de Lozoya.
CASO MEDINA MORA
Menos se sabe del avance de las investigaciones en contra del exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, se vio obligado a renunciar a su cargo en octubre de 2019, en medio de una investigación por trasferencias millonarias realizadas a Reino Unido, sin embargo eso no es impedimento para que el ahora exministro goce de una pensión vitalicia.
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Incluso, Medina Mora recibirá cada año de por vida más de 860 mil pesos por haber sido ministro de la SCJN, aunque también gozará de una decena de prestaciones entre ellas seguro de gastos médicos mayores, vehículos blindados para su transporte personas, servicio de escoltas y hasta apoyo para comprar anteojos, esto de acuerdo con el Manuel de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación.
El exministro es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, debido a información proporcionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que presuntamente Medina Mora recibió en sus cuentas 2 millones 130 mil dólares y transfirió 2 millones 526 libras esterlinas a cuentas del Reino Unido.
A través de una solicitud de información vía transparencia, la SCJN confirmó al diario Milenio que Medina Mora, de 62 años, recibirá un porcentaje de su pensión vitalicia luego de que en un hecho inédito renunció a su cargo en octubre del año pasado, en medio de una investigación.
Debido a que no existía precedente de renuncia de un ministro desde la reforma al Poder Judicial de la Federación en 1994 y su acceso al llamado haber de retiro, el Pleno del máximo tribunal del país tuvo que hacer una interpretación a la norma para definir qué procedía en el caso.
(Luis Ramos)