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Otras indemnizaciones para víctimas, aparte del socavón

Accidentes por negligencia, omisiones y muchos errores humanos provocaron pérdida de vidas, así como las víctimas mortales del socavón hacia Cuernavaca.

Escrito en NACIÓN el

Se desconoce el dinero que pagaron, pero el gobierno se salvó de ser responsable de homicidio culposo por la muerte de Juan Mena López y Juan Mena Romero, víctimas del socavón en el Paso Exprés a Cuernavaca.

No es la primera indemnización que las autoridades deben pagar por accidentes, anomalías, omisiones y otro sin número de errores humanos en casos como Ayotzinapa, Nochixtlán o el de la suegra del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

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La familia de los afectados del socavón llegó a un acuerdo económico con la constructora y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para reparar el daño del pasado 12 de julio, luego que rechazaran el primer ofrecimiento de dos millones de pesos para indemnizarlos.

A Ruiz Esparza se le acusó de negligencia y, desde el Congreso, se revivió que cuando falleció su suegra le pagaron 30 millones de pesos en 2014 porque un autobús escolar la atropelló. Algunos llegaron a especular que ascendió a 100 millones. 

Otro gasto que se tuvo que cubrir fue para un motociclista que murió aplastado por la caída de dos trabes de acero del distribuidor Alfredo del Mazo-López Portillo, en el sentido que va de Naucalpan hacia Toluca, a finales de diciembre de 2016. El error apuntó hacia la empresa “Jaguares Construcciones”.

Un accidente más que concluyó en un pago económico ocurrió en julio de 2011, cuando la ahora famosa empresa española Obrascon Huarte Lain (OHL) generó conflictos viales en la Ciudad de México por la caída de tres trabes, en la construcción del Segundo Piso del Periférico.

Este accidente en la Autopista Urbana Norte, a la altura de la avenida Conscripto, les costó una multa de 10 millones de pesos. El dinero se gastó en el programa de rehabilitación del Bosque de Chapultepec, como informó el entonces jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

Otro tipo de indemnizaciones económicas, las destinadas para afectados de la violencia se aprobaron desde 2012, dentro de la Ley General de Víctimas, que también instruye a reparar el daño por delitos o violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la burocracia ha dejado sin acceder a los recursos del Fondo de Apoyo a Víctimas a familiares como huérfanos y viudas, pese a que se tiene un presupuesto superior a mil millones de pesos. 

En promedio, en el país se reportan cada año más de 15 mil homicidios dolosos, pero la compensación económica sólo llega a un centenar de deudos. 

El año pasado, con motivo del 4to Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, el portal Animal Político reportó que en lo que iba de su sexenio nada más habían usado el 5 por ciento de los recursos de dicho fondo para la reparación integral del daño.

ams