El grito de auxilio fue una petición al limbo. Los tres testigos que pudieron evitar la muerte no hicieron nada. Mientras era arrastrada por un camino de terracería, Verónica Guadalupe Benítez Vega trató de defenderse. Las uñas de sus manos, pieza clave en la investigación, intentaron contener el filo del cuchillo que perforó en 17 ocasiones su cuerpo. Tendida y desangrada, la joven de 21 años pidió piedad a su agresor.
La plegaria fue indiferente. El asesino tomó con sus manos un block de cemento y dirigió su odio al rostro de la joven madre de familia. No conforme, Luis Ángel Reyes Jiménez, empuñó el arma homicida y degolló a Guadalupe.
Consumado el crimen de odio, el asesino se refugió en el kinder donde trabajaba vendiendo desayunos. Ahí trató de quitar la sangre impregnada en su ropa y después de algunos minutos, regresó a la escena del crimen para escudar la muerte de su esposa.
“Ya estamos hartas de vivir con miedo”; crónica de la marcha
En su declaración ante el Ministerio Público relató que, Guadalupe, madre de su hijo de tres meses, fue atacada por tres personas. Su cuartada se basaba en las heridas de sus manos causadas por los “agresores” al “tratar” de evitar la muerte de Guadalupe en la comunidad de San José del Vidrio, municipio de Nicolás Romero, Estado de México.
El Ministerio Público no dudó en la declaración de Luis Ángel, un “hombre” y “padre de familia” que fue “herido al tratar de defender” a la madre su hijo durante un asalto. “Lupita”, como la llamaba su familia, fue sepultada.
Para las autoridades la versión de Luis Ángel era suficiente, sin embargo, para la familia de la joven había contradicciones en la declaración y en los hechos.
Durante los siguientes días los familiares de Guadalupe iniciaron una investigación, la cual llevó a determinar que la versión de Luis Ángel era falsa, él era el homicida.
Presentaron pruebas al Ministerio Público y pidieron que fuera capturado, por lo que el 12 de julio -seis días después del crimen- fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.
Sin embargo, la familia de la víctima pidió a las autoridades del Estado de México que la muerte fuera tipificada como feminicidio. La indiferencia del gobierno fue evidente. Harta y frustrada, los familiares comenzaron a evidenciar el caso a través de los medios de comunicación, así como marchas y manifestaciones. Una de ellas, se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2017 en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
LOS CRÍMENES DE ODIO QUE NO SE PUEDEN OCULTAR
Verónica Guadalupe Benítez Vega es una de las 2 mil 753 mujeres que, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018, fueron asesinadas de forma violenta con armas de fuego, cuchillos, machetes, ahorcadas, quemadas, descuartizadas, sepultadas vivas, envenenadas, disueltas en acido; por sus hermanos, padres, esposos, parejas sentimentales, amigos, compañeros de trabajo, escuela o personas externas a su vida social.
Aunque no es público su nombre en los registros oficiales de feminicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Lupita” integra la lista de los crímenes de odio reconocidos por el Estado en 31 entidades federativas del país. El único estado donde no hay feminicidios es Baja California Sur, porque en el Código Penal de ese estado no está tipificado el delito.
La base de feminicidios cometidos con armas de fuego y punzo cortantes, otros objetos o no especificados consultada por LA SILLA ROTA indica que las autoridades reconocen tres crímenes de género en el municipio de Nicolás Romero en 2017. Uno de ellos en enero de ese año en el que se utilizó un arma de fuego, otro en septiembre y un tercero, el de “Lupita”, -julio- registrado en la subcategoría de “otros”.
Los reportes mensuales que las autoridades estatales comenzaron a trasparentar hace algunos meses, muestran que, entre enero de 2015 y enero de este año se iniciaron dos mil 643 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el feminicidio de dos mil 753 niñas, jóvenes o mujeres adultas.
Los crímenes fueron cometidos en 717 municipios de los dos mil 464 que integran al país, lo que representa que en el 29% del territorio nacional se ha consumado por lo menos un crimen de odio en contra de niñas, jóvenes y mujeres adultas.
De acuerdo con los registros del SESNSP, las entidades con el mayor número de víctimas son Estado de México y Sinaloa, cada una con 305. Le siguen Sinaloa, 198, Oaxaca, 192; Ciudad de México, 191; Jalisco, 168; Nuevo León, 132; Chiapas, 126; Sonora, 122 y Morelos, 103.
Aunque la base de datos del SESNSP no detalla el número de feminicidios cometidos en cada municipio, si incluye el número de averiguaciones o carpetas de investigación iniciadas durante este periodo.
En Puebla van 26 muertes violentas de mujeres, sólo en 2019
Según los datos, el listado es encabezado por el municipio de Culiacán, Sinaloa con 84 expedientes por el feminicidio de una o más mujeres. En esa entidad, la muerte violenta de una mujer es tipificada como feminicidio. Le sigue la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México con 39 averiguaciones o carpetas de investigación.
Acapulco, Guerrero, 38; Centro, Tabasco, 35; Ciudad Juárez, Chihuahua, 34; Xalapa, Veracruz, 32; Cajeme, Sonora, 31; Veracruz, Veracruz, 29; Puebla, Puebla, 28; Mazatlán, Sinaloa y Monterrey, Nuevo León, cada uno 26 expedientes.
Ecatepec, Estado de México, 24 y Tijuana, Baja California, 22. En San Luis Potosí, San Luis Potosí; Nezahualcóyotl, Estado de México y Guadalajara, Jalisco, cada municipios tiene 21 expedientes respectivamente. Seguido de ellos se encuentra la alcaldía de Gustavo A. Madero con 20 carpetas por el feminicidio de una o más mujeres.
EL ESTADO SE NIEGA A RECONOCER LOS FEMINICIDIOS
Los datos mensuales del SESNSP consultados por LA SILLA ROTA revelan que, entre enero de 2015 y enero de 2018, 587 carpetas de investigación o averiguaciones previas que se iniciaron por feminicidios con arma de fuego; 514 por armas punzo cortantes (chuchillos, navajas, machetes); en 167 expedientes no se especifica la forma de muerte; mientras que mil 370 crímenes son incluidos en la subcategoría de “otros”, en los cuales la o las víctimas fueron lapidadas, ahorcadas, quemadas, degolladas, descuartizadas, ahogadas, asfixiadas, envenenadas, enterradas vivas, entre otros.
Uno de los feminicidios que integran la subcategoría de “otros” es el de Verónica Guadalupe Benítez Vega, asesinato que en un principio fue tipificado como homicidio calificado. Después de que la familia de “Lupita” exhibió la muerte de la joven, sus familiares comenzaron a ser revictimizados no sólo por las autoridades -quienes les recriminaron el haber hecho público el caso-, sino también por la propia familia del agresor.
Una de esas personas fue la madre de Luis Ángel Reyes Jiménez, uno de los tres testigos que presenció el comienzo de la agresión. También, tíos y familia del agresor.
La falta de acceso a la justicia por parte del gobierno del Estado de México originó que el caso fuera turnado de un juzgado de Barrientos a uno de la Ciudad de Toluca. Incluso, fue reasignado a cuatro fiscales, porque se negaban a realizar indagaciones que probaran que la versión de Luis Ángel era falsa.
Una de las diligencias que el Ministerio Público evitó hacer, fue analizar las muestras de piel y de cabello que fueron tomadas de las uñas de Guadalupe Benítez Vega en la morgue. También, el análisis de manchas de sangre impregnadas en la ropa que vestía el homicida.
La diligencia se llevó a cabo meses después ante la exigencia de los familiares. La muestra de ADN que se extrajo de las uñas de la víctima reveló que pertenecía al esposo de “Lupita”. De acuerdo con la investigación, ella “araño” a su agresor al tratar de defenderse.
La versión que Luis Ángel dio ante el Ministerio Público era falsa, los hematomas no fueron causados por los supuestos “agresores”, fueron hechos por su esposa, a quien asesino cuatro meses después de contraer matrimonio con ella.
La cuartada de Luis Ángel Reyes Jiménez comenzó a derrumbarse. En los siguientes meses se llevaron a cabo diferentes diligencias, e incluso, testificaron familiares y amigas de “Lupita”, quienes mencionaron que antes de ser asesinada por su esposo, ella era violentada mental y físicamente.
Aunque las evidencias eran contundentes, la audiencia de sentencia se pospuso en diferentes ocasiones. La justicia para Guadalupe Benítez Vega y su familia llegó 18 meses después crimen, el 25 de enero.
Luis Ángel Reyes Jiménez fue sentenciado a pasar 55 años en prisión por el feminicidio de su esposa, Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Para Juana Isabel, familiar de Verónica Guadalupe, la sentencia es un triunfo ante la violencia contra las mujeres que registra en el país. Sin embargo, reconocen que ninguna condena puede regresar a “Lupita”.
djh