Un juez ordenó al gobierno federal informar sobre las vacunas adquiridas contra el Sars-Cov-2, así como a emitir un programa de vacunación en contra el virus, basado en el programa la Organización Panamericana de la Salud, ya que el actual esquema fue hecho de “manera simplista” y sin considerar a personas con enfermedades crónicas.
El nuevo programa debe incluir “Metas de Vacunación", "Recomendaciones técnicas", "Definición de grupos objetivos y metas", "Acceso y distribución de la vacuna" y "Organización y coordinación”.
El mandamiento del juez se presenta luego de que una habitante de la Ciudad de México solicitó un amparo contra la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS COV-2, covid-19, en la que se señalan estrategias de vacunación”.
De acuerdo con documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al analizar el recurso presentado por la Leticia Gómez Meza, el juez consideró que el actual programa de vacunación del gobierno de México no tomo en cuenta los lineamientos emitidos el 10 de julio de 2020 en el documento "Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la covid-19", que elaboró la Organización Panamericana de la Salud” para la aplicación del antiviral.
“Se concede de oficio la suspensión de plano a Leticia Meza Gómez, para el efecto de que la autoridad responsable: - Emita un programa de vacunación en contra el virus SARS-CoV-2, en el que atienda a cabalidad el documento denominado ‘Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la COVID-19’, elaborado el diez de julio de dos mil veinte, por la Organización Panamericana de la Salud”.
De acuerdo con la resolución del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, una vez que sea elaborado el nuevo modelo de vacunación, el gobierno federal debe vacunar a la peticionaria del amparo, así como a todos los trabajadores del sector salud, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, así como a los mexicanos que habiten en zonas de mayor densidad poblacional.
“Debiendo priorizar en todo momento a: i) los trabajadores de salud de todos los niveles de atención y de otros servicios esenciales establecidos en el país; y, ii) los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica nacional (es decir, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como también aquellas pertenecientes a las regiones con mayor densidad poblacional y con mayor riesgo de contagio)”.
GOBIERNO DEBE TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN
En la resolución el juez ordenó al gobierno federal a apoyarse en las recomendaciones de los grupos asesores tanto a nivel global y regional como nacional que se refieren en el documento internacional antes precisado, debiendo precisar cuál o cuáles grupos asesores fueron tomados en consideración para tal fin.
“Asimismo, para la elaboración de la estrategia de vacunación se deberá emplear y precisar las fuentes de información utilizadas para el cálculo de la población en riesgo, por ejemplo, censos nacionales, planes nacionales para la vacunación de influenza estacional que incluyan diferentes grupos de riesgo, nóminas del personal de salud del sector público y privado, encuestas de prevalencia de enfermedades crónicas, semáforos epidemiológicos nacionales y estatales”.
Además, deberá precisar las acciones inmediatas que actualmente se encuentra realizando en materia de autorización sanitaria y adquisición de las diversas vacunas que en contra de la multicitada enfermedad existen en el mercado.
“Finalmente, con base en la situación epidemiológica del país, así como de la disponibilidad de las vacunas en contra del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), deberá actualizar permanentemente el programa nacional de vacunación correspondiente, particularmente, el calendario establecido para tales efectos”.