A unos cuantos días de que concluya su paso por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard reconoce que es frustrante que en todos los niveles de gobierno no haya todavía suficiente voluntad para avanzar en uno de los aspectos que más importan a la población: no se han establecido dos terceras partes de los sistemas anticorrupción en los estados, y a nivel federal no tenemos fiscal ni auditor Superior de la Federación.
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Subraya que en los tiempos de la post-transición, los gobernadores no acaban de entender el concepto de autonomía de algunas entidades del Estado mexicano, y quieren seguir teniendo incidencia en ellos. El caso de la Ciudad de México, afirma, ha sido una muy mala sorpresa.
Y sentencia: “nosotros no vamos a ceder ante eso en el entendido que esto es una lucha que no dará grandes frutos antes de cinco años, porque así ha sido en el resto del mundo”.
En una larga charla con La Silla Rota, la ex consejera del Instituto Federal Electoral y ex comisionada presidenta del entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, considera que el Comité que encabezó en su primer año de vida ha logrado establecer un referente en la vida del país.
Es un sistema que tiene compromiso, que no es una mascarada, no es una farsa más. Eso era el reto, colocar al sistema como un referente no en el plazo inmediato porque es imposible desmontar y combatir la corrupción de un año para otro. Eso sí lo logramos”.
La todavía presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA es enfática cuando dice que el sistema requiere de un proceso de construcción para que cuente con un entramado jurídico, recursos humanos calificados y una coordinación que no tiene precedente en otro tipo de instituciones.
Es por ello que no se pueden cumplir las expectativas de resultados más inmediatos.
Es difícil porque las expectativas estaban abiertas para que se metiera a la cárcel a todos los que están identificados, que todos los casos de corrupción, empezando por Obredecht, la estafa maestra, el socavón, todos concluyeran más rápidamente, pero el sistema requiere de una construcción del entramado constitucional, de una cantidad de cosas muy complicadas”.
En su opinión, el tema del combate a la corrupción está cada vez más preciso. “Se entiende que no solo se persigue a (los exgobernadores) Javier Duarte y Roberto Borge, sino que se persigue la trama de complicidades que incluye a notarios, jueces y una serie larga de actores”.
Con respecto a los faltantes, a lo que no avanza, Peschard Mariscal dice que el sistema tiene que estar conformado por los 32 sistemas locales y sólo la tercera parte se ha constituido. “Están en falta los congresos locales, y por eso hemos interpuesto amparos frente a las omisiones de los congresos locales”
También han hecho pronunciamientos dirigidos al Senado porque no ha realizado los nombramientos tanto del fiscal anticorrupción como del tribunal que llevará los casos.
Y al interior del sistema, se requieren nuevas formas de hacer las cosas, en donde haya coordinación y colaboración, “y no que cada entidad quiera hacer lo suyo y que los demás no se metan. Lo que necesita el sistema es lo contrario, que todos colaboren y que sigan una misma ruta, una misma agenda”.
Es una cuestión complicada. Es un buen modelo pero es innovador en nuestro esquema, dijo.
n Pocas entidades tienen completo su sistema anticorrupción, y las que sí lo tienen son señaladas por ser cercano a los gobernadores, incluso en la Ciudad de México. Acaba siendo un juego de engaño y simulación. ¿Cuál es su valoración de lo que pasa en los estados? ¿hay voluntad política, particularmente en la Ciudad de México?
Tienes toda la razón. Hemos encontrado algo que es una práctica de los años de la post-transición, en donde los gobernadores no acaban de entender las figuras de las autonomías. Quieren seguir teniendo mucha incidencia en espacios que deben ser espacios obligadamente autónomos. Tú no puedes hacer la vigilancia de corrupción en los espacios del poder si no tienes personas e instancias autónomas del poder. No puede ser, es una lógica contraria y es algo que no está en las inercias institucionales.
Asegura que es una transición pendiente en todos los niveles, porque también lo vemos en el caso federal. “Si no se nombró al fiscal o a los magistrados es porque los procesos que reclamaba el sistema, que eran procesos abiertos, transparentes, sujetos al escrutinio de la sociedad civil, no se hicieron así. Y entonces las fuerzas políticas mejor dijeron “no nombramos, ustedes quieren mucha transparencia”.
En su opinión, la Ciudad de México ha sido una muy mala sorpresa. “Empezando por la propia legislación sobre el sistema anticorrupción; se metió la Asamblea Legislativa a hacer los nombramientos del comité ciudadano, cuando debe estar en manos de un comité de selección ciudadano, como se hizo en el caso federal”.
Cita que a pesar que la capital de la República fue el puntal del avance democrático y en materia de derechos humanos, ahora es muy lamentable lo que está pasando. Recordó el proceso de selección de los integrantes del organismo de transparencia para el cual se emitió una convocatoria que sólo permitía que los aspirantes se registraran durante algunas horas en el sábado prenavideño.
Nosotros le hemos apostado a que sí existen herramientas jurídicas para combatir la corrupción, a que el sistema tiene las capacidades técnicas para lograr su cometido pero implica una lucha que va poco a poco. No podemos tirarnos al suelo por el sistema de inercias y complicidades o de falsedad de un discurso de apariencia que no tiene la voluntad política de hacer”.
Lo que sí quiero dejar asentado, subraya, es que si vemos hacia atrás, 2017 es el año que más exgobernadores han sido consignados y encarcelados. “No hay que minimizar esa situación que es resultado de un reclamo y del agotamiento de la tolerancia de la sociedad civil ante la corrupción”.