La Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó inconsistencias en la adquisición de equipo e insumos contra la covid-19 por más de mil 700 millones de pesos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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De acuerdo con la auditoría de la SFP, consultada por La Silla Rota, las irregularidades se detectaron a través de 31 contratos, firmados con distintas empresas, entre los meses de marzo y agosto de 2020.
El informe muestra que el ISSSTE omitió subir los registros de las compras al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios “Compranet”.
En la revisión, se identificaron expedientes incompletos o inexistentes con los que debieron justificarse las compras de medicamentos, material de curación, instrumental y equipo médico, para dar atención médica a los derechohabientes del Instituto, por la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2.
Se comprobó que no se realizó la difusión de los datos relevantes de 31 contratos en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, por lo que se incumplió lo establecido en el artículo 56 fracción 111, inciso d; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Al identificar las inconsistencias, la auditoría la SFP solicitó al ISSSTE presentar la documentación que compruebe los contratos, así como la que permita respaldar el proceso de registro que se llevó a través de la plataforma Compranet.
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La Función Pública recomendó, en el informe de su auditoría, a la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, implementar estrategias para acreditar que realizó la coordinación y supervisión de los procedimientos para la contratación de insumos para la salud.
La SFP también pidió al ISSSTE capacitar al personal para prevenir fraude en la adquisición de los insumos y que los empleados los efectúen en apego a un marco de ética.
(Se debe) establecer una política de actualización profesional permanente por el personal adscrito a la Subdirección de Abasto de Insumos Médicos, en lo particular, las áreas directamente involucradas en Adquisiciones, con énfasis en control interno y administración de riesgos, prevención de fraude y ética e integridad, entre otros
Otra de las irregularidades fue que la SFP encontró expedientes incompletos que permitieran justificar 112 procedimientos de adquisición de medicinas e insumos médicos; 607 contratos; así como en 170 convenios modificatorios con los proveedores que vendieron distintos artículos contra la covid-19.
Se realizó una revisión individual de los 112 procedimientos, 607 contratos y 179 convenios, observando diversa documentación faltante en la integración de las carpetas de contratación, en sus apartados de procedimientos y contratos respectivamente, por parte de las áreas antes mencionadas, misma que fue plasmada en la cédula analítica de cada uno de los expedientes y la cual fue firmada por personal de las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos y contratos respectivamente
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entregó un pliego de correcciones a las observaciones hechas por la SFP. Las justificaciones se integraron en un expediente de más de 80 fojas, las cuales están en análisis para determinar si corrigen las inconsistencias detectadas o son insuficientes.
MÚLTIPLES INCONSISTENCIAS
Durante este año, La Silla Rota ha documentado distintas auditorías en las que se identificaron irregularidades en la aplicación de programas sociales, así como presuntos desvíos de recursos públicos en distintas dependencias del gobierno federal.
En enero pasado, se informó sobre las irregularidades en el procedimiento de selección de beneficiarios, en las metas programadas y en los gastos de operación, así como irregularidades en la entrega de los recursos, de las Becas para el Bienestar Benito Juárez.
De acuerdo con la auditoría 18/2020, efectuada por la Secretaría de la Función Pública, todas estas inconsistencias e irregularidades propiciarán posibles actos de corrupción y daños al erario federal.
Ese mismo mes, la Secretaría de la Función Pública detectó “irregularidades” en la asignación de diferentes contratos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por un monto de dos mil 197 millones 398 mil 485.84 pesos, en 2019.
Según la auditoría 13/2020, los recursos fueron supuestamente ejercidos en 15 entidades, la mayoría gobernadas por partidos de oposición a Morena. Las inconsistencias fueron detectadas durante la revisión a los recursos públicos destinados para el Programa de Mejoramiento Urbano del ejercicio 2019.
En febrero, este medio dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar con documentación el pago de más de 10 millones de pesos que se realizaron a 56 elementos, así como el servicio de seguridad que supuestamente se destinó para la vigilancia de 35 inmuebles.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las inconsistencias fueron detectadas en la “Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-17100-19-0098-2020”, durante el ejercicio fiscal 2019, de la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero.
En mayo, La Silla Rota también informó que la SFP determinó que Liconsa es incapaz de acreditar el gasto de 83 millones 259 mil pesos, que se ejerció a través de cinco contratos para adquirir materias primas.
De acuerdo con la auditoría que llevó a cabo la Función Pública, los convenios fueron para la compra de vitaminas, minerales y aceite de palma, los cuales son suministrados a la leche que distribuye Liconsa, así como para adquirir película de polietileno.
De acuerdo con la auditoría, que fue entregada el pasado 31 de marzo, las deficiencias se identificaron en los contratos CADQ/852/2020, CADQ/825/2020, CADQ/963/2020, CADQ/966/2020, CADQ/963/2020 y CADQ/1010/2020.
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