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Destinarán dependencias menos del 1% a combate a corrupción

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 sugiere montos inferiores al 1% para acciones relacionadas con función pública y buen gobierno

Escrito en NACIÓN el

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Educación Pública, Gobernación y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encuentran entre las dependencias que para 2018 podrían destinar los montos más bajos para la implementación de acciones de prevención y detección de actos de corrupción.

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En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se contemplan recursos presupuestales para la operación del programa “Apoyo a la función pública y buen gobierno”, el cual forma parte de las acciones para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, no obstante las partidas presupuestales sugeridas no rebasan el 1% respecto al presupuesto total proyectado para la mayoría de las dependencias federales, órganos autónomos y empresas productivas del Estado.

Una revisión al proyecto elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estará sujeto a revisión y eventual modificación de los diputados federales, revela que en dependencias que han estado bajo señalamientos por presuntos actos de corrupción como es el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se propone destinar tan solo el 0.05% de su presupuesto sugerido a la implementación de estas acciones.

Para la dependencia a cargo de Gerardo Ruíz Esparza, la cual ha estado involucrada en diversos escándalos -el más reciente el del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde se formó un socavón que cobró la vida de dos personas-, el gobierno propuso una partida presupuestal de 77 mil 254 millones de pesos para el 2018, de esta cifra solo 45 millones, 0.05%, serían destinados para apoyo a la función pública y buen gobierno.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en donde funcionarios han sido señalados de usar para fines político electorales diversos programas sociales, se sugirió para el próximo año una asignación de 106 mil 645 millones de pesos, de los cuales se ejercerían para dicho programa 97 millones, lo que equivale al 0.09%.

Para la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno Federal busca otorgar 275 mil 443 millones de pesos, de los cuales se estima destinar al programa de “Apoyo a la función pública y buen gobierno” el 0.1%, es decir, 336 millones de pesos.

Para la implementación de acciones encaminadas a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, se prevé que  las secretarías de Gobernación (Segob) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destinen solo el 0.2% de su presupuesto proyectado para 2018.

Para la dependencia que dirige Miguel Ángel Osorio Chong se estima un presupuesto de 63 mil 207 millones de pesos de los cuales 163 millones se canalizarían a este propósito; mientras que en la Sedatu se sugiere un gasto programado de 16 mil 666 millones de pesos, de los cuales 48 millones estarían dirigidos a dicho programa.

Órganos independientes y empresas productivas

Al igual que en el caso de las citadas dependencias, la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene previsto destinar el 0.02% de su gasto programable. De 391 mil 946 millones de pesos se estima destinar 81 millones al programa de buen gobierno.

En lo que respecta a los órganos autónomos, el Instituto Nacional Electoral (INE) estaría entre los que menos recursos ejerzan para este propósito en 2018. En este caso se tiene un presupuesto total estimado de 25 mil 15 millones de pesos, de los cuales el 0.4%, es decir 122 millones de pesos se canalizarían al programa que busca evitar casos de corrupción.

Los que más destinarían para prevenir la corrupción

En contraparte la Secretaría de Energía, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se enlistan entre los entes públicos con la mayor aportación prevista para el programa de “Apoyo a la función pública y buen gobierno”.

En el caso de la Secretaría de Energía (Sener) se propuso una asignación total de 2 mil 410 millones de pesos, de los cuales se estima ejercer el 6.1% en dicho programa, equivalente a 149 millones de pesos.

En el caso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para la que se planteó la entrega de 131 millones de pesos, se prevé utilizar el 5%, es decir, 6 millones de pesos en acciones tendentes a prevenir y detectar la corrupción.

En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sugirió un presupuesto total de 25 mil 708 millones de pesos de los cuales el 2.59% se ejercería de acuerdo con los términos del proyecto para dicho programa, lo que equivale a 666 millones de pesos. Adicionalmente está dependencia ejercería un monto de 211 millones de pesos para la detección y prevención de ilícitos financieros.