El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pone en la mira a la élite mexicana, señala el diario norteamericano Washington Post (WP).
Antes del intento de asesinato al jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el Cártel Jalisco, el más poderoso de México, ya había dejado una estela sangrienta en todo el país.
El CJNG ha asesinado a jueces, congresistas, docenas de policías y miles de civiles. Lograron derriba un helicóptero militar con un arma de alto poder. El cartel controla el movimiento de más de un tercio de todas las drogas consumidas en los Estados Unidos, dicen funcionarios estadounidenses, y se expandió a Europa y Asia.
Sin embargo, fue hasta el mes pasado que muchos vieron el surgimiento del Cártel como un asunto interno para las partes en una interminable guerra contra las drogas. Luego, el grupo envió a tres docenas de hombres armados con armas de grado militar a uno de los barrios más exclusivos del país, según las autoridades, para matar al principal funcionario de seguridad de la capital. Omar García Harfuch recibió tres disparos en los ataques del 26 de junio, pero sobrevivió. Tres personas fueron asesinadas.
Desde entonces, varios funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la jefa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país, Rosario Piedra Ibarra, han dicho que recibieron amenazas de muerte del Cártel. Por ahora, al menos, parece que México ha llegado a un momento de ajuste de cuentas, ya que la élite del país mira más de cerca la cara más violenta del inframundo criminal del país.
"Estamos viendo la amenaza a las instituciones, una realidad ya visible en algunos estados y ahora reflejada en la Ciudad de México", dijo Alfaro.
A diferencia de los cárteles de drogas de la Colombia de Pablo Escobar, las organizaciones mexicanas de narcotráfico rara vez se han dirigido a altos funcionarios, en parte para evitar un enfrentamiento con el Estado y en parte porque han encontrado que el soborno es una herramienta más útil que el asesinato.
Aunque los políticos locales han sido objetivos frecuentes, los gobernadores estatales y los funcionarios federales no lo han sido.
Eso hizo que el intento de asesinato contra García Harfuch y las noticias de amenazas contra funcionarios prominentes fueran particularmente alarmantes.
Dos semanas antes de que García Harfuch fuera blanco de un ataque contra su convoy, hombres armados mataron al juez federal, Uriel Villegas, y a su esposa, Verónica Barajas, en el estado de Colima. Villegas se hizo famoso al presidir el caso que permitió la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera, conocido como El Menchito, hijo del jefe del Cártel Jalisco.
(Luis Ramos)