En dos años, el gasto de México en sus fuerzas armadas ha aumentado un 20% pese a la política de austeridad republicana promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que se observa el recorte del financiamiento de la seguridad pública y del sistema de justicia en tres de los últimos cuatro años.
“Aunque el impacto económico de estas tres medidas de contención de la violencia aumentó en un 2.3% en 2020, el aumento provino del gasto de las fuerzas armadas en lugar de la seguridad pública o el sistema judicial” detalla el informe anual del Índice de Paz México (IPM) elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
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El gasto del gobierno en servicios de protección ciudadana ha caído un 31.4% desde 2015, detalla el Instituto.
El Índice señala que el gasto en seguridad pública a través de la policía, los servicios de protección, los costos de custodia y encarcelamiento, la vigilancia y seguridad de las personas y los respectivos costos de administración alcanzaron su punto máximo en 2012, pero desde entonces ha disminuido un 32%.
El egreso de presupuesto en justicia en 2020 fue de 109 mil millones de pesos, 1.5% menos que el año anterior, si bien el gasto en orden pu´blico y seguridad ha disminuido en los u´ltimos an~os, el desembolso en las fuerzas armadas ha superado a otras formas de gasto pu´blico.
Los mayores niveles de egresos, se apunta, coinciden con el mayor uso del eje´rcito para combatir los cri´menes de la delincuencia organizada. A pesar de esto, el gasto de Me´xico en las fuerzas armadas equivale al 0.5% de su PIB, muy por debajo del promedio mundial.
De manera similar, el gasto pu´blico mexicano en justicia y seguridad pu´blica esta´ muy por debajo de los niveles regional e internacional. Me´xico gasto´ el 0.73% de su PIB en el sistema judicial y la seguridad pu´blica en 2020, menos de la mitad del promedio de la OCDE.
LAS CONSECUENCIAS DEL BAJO GASTO EN SEGURIDAD
Me´xico ha tenido dificultades para desarrollar la capacidad suficiente en su sistema judicial, en consecuencia, el sistema de justicia de Me´xico muestra la necesidad de incrementar el nu´mero de jueces y al aumentarlos la capacidad del sistema legal del país puede mejorar y llevar a reducciones en el hacinamiento en las cárceles y los encarcelados sin sentencia.
México tiene en promedio 2.2 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, eso equivale a la mitad del número promedio de jueces en comparación con el resto de los países de América y ocho veces menos que el promedio mundial.
Al evaluar la eficiencia y eficacia del gasto pu´blico en los sectores de justicia y seguridad pu´blica, el informe concluye que el gasto ma´s alla´ de un nivel o´ptimo tiene el potencial de limitar el desarrollo econo´mico de una nacio´n. Sin embargo, la inversio´n insuficiente puede crear condiciones para niveles ma´s altos de impunidad, lo que a su vez reduce los elementos disuasivos del crimen y la violencia.
“Los recursos pu´blicos limitados significan que un aumento en el gasto para contener la violencia debe financiarse mediante un aumento de los impuestos o la reasignacio´n de fondos de otros sectores”, apunta.
(djh)