Feliciano Flores, presidente de la comisión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presentó la iniciativa de la Ley General de Aguas que aglutina en una sola, todas las iniciativas presentadas anteriormente sobre el tema. El texto difundido señala estar firmado (en un intento de unanimidad) por todos los integrantes de la comisión, así como los presidentes de las comisiones de presupuesto, pueblos indígenas, Ganadería y Vivienda (entre otros), el coordinador de Morena -Mario Delgado- y “todos los integrantes de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados de todas las Fracciones Parlamentarias”, cita.
El documento de 238 páginas se enfoca a resolver el tema del agua como un derecho humano y propone -entre otros puntos- la figura de gestión comunitaria del agua para realizar “alianzas entre las instituciones públicas y las comunitarias de manejo de agua, con objeto de fortalecer la prestación de los servicios de agua y saneamiento, en localidades indígenas, rurales y periurbanas”.
La iniciativa destaca que ayudará a “resolver la histórica incertidumbre en torno a la propiedad del agua de los pueblos originarios”, “establecer el ordenamiento y la regulación hídrica conforme a las condiciones particulares de las regiones”, y “garantizar un presupuesto suficiente para el sector hídrico… la última recomendación de la Agenda 2030 de la ONU es que el 0.3% del PIB nacional debe asignarse imprescriptiblemente al sector hídrico”.
Otro punto que aborda es la revisión de concesiones de agua a particulares en cuanto a su uso y tiempo, pues la iniciativa señala “monitorear y vigilar el uso de los volúmenes concesionados e integrar una cláusula de calidad que finque responsabilidades al concesionario, quien deberá evidenciar que el uso de la concesión no afecte a los ecosistemas asociados al aprovechamiento de esa agua”.
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En cuanto al uso de agua potable, plantea definir los criterios para el uso de la misma e incluir “mecanismos de regulación, transparencia y rendición de cuentas”. En cuanto a tarifas, agrega “considerar con particular atención sistemas tarifarios diferenciales, atendiendo los principios de progresividad y equidad”.
Y ofrece incluir la visión de científicos para “sustentar la gestión del agua a partir de la visión integral de cuenca hidrológica” con base en el “estudio y evaluación sistémica del ciclo del agua, considerando la intrínseca relación entre el agua subterránea y el agua superficial”.
Por último, propone también crear un sistema de procuración de justicia en cuanto a su uso, proponiendo sanciones administrativas a quien no pague por su uso; y penales para quien cause daños en el sector hídrico. “Las sanciones administrativas deberán conducirse hacia el aprovechamiento sustentable del recurso y la remediación ambiental y social… de forma tal que los daños causados son responsabilidad compartida entre el moroso y autoridades involucradas con el siniestro”.
(María José Pardo)