Daniel García y Reyes Alpízar llevan 15 años en una prisión de México esperando ser juzgados por el homicidio de una regidora, un caso inédito que ha llevado a la ONU a exigir la libertad inmediata por falta de pruebas, indicó su defensa.
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"Son 5,710 días que han permanecido en prisión viviendo violencia, motines, cateos, extorsiones y una vida que no lo es pagando una pena sin culpa", dijo en rueda de prensa Aribel García, hija y abogada de Daniel García.
En febrero de 2002, Daniel García, de 37 años y exfuncionario en Atizapán de Zaragoza -en el Estado de México-, fue detenido para declarar por la investigación del homicidio de la regidora del mismo municipio María de los Ángeles Tamez Pérez.
Meses después Reyes Alpízar fue detenido y acusado de participar en el asesinato. Ambos fueron recluidos en prisión sin una orden de aprehensión y arraigados por 45 días.
En este periodo padecieron torturas físicas y psicológicas, lo que llevó a Alpízar a firmar una "declaración ministerial prefabricada" en el que se autoinculpaba y señalaba a García como autor intelectual, explicó la defensa.
Según el abogado Simón Hernández, la ONU encontró una serie de "errores fundamentales" en este caso, tal y como documenta el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en la opinión hecha pública recientemente.
Ambos fueron capturados sin orden judicial, pues no había "elementos de prueba", y retenidos bajo la figura de arraigo, que la Suprema Corte declaró "inconstitucional" hace dos años.
Por ello, el grupo de la ONU calificó los 15 años de prisión sin juicio de "bastante excepcional" en cuanto a "referentes internacionales a un juicio justo y con la debida diligencia".
Sin embargo, según Hernández, en México más del 56 % de las personas en centros de detención están sujetas a proceso y no sentenciados.
Además, el abogado denunció que se "mediatizó el caso" -la fiscalía estatal llegó a emitir más de 50 boletines- en los que se habló incluso de una red de espionaje político que no fue parte de la investigación.
El académico y exconsultor de la ONU, Miguel Sarre, afirmó que una detención arbitraria es "reflejo y espejo claro de la falta de protección legal, constitucional y efectiva de la libertad de las personas" en México.
Desde 2002, ambos acusados esperan una sentencia. Son 15 años, 190 meses y 28,500 veces presentándose en los pases de lista de los guardias del penal.
A la opinión de la ONU, que considera que el "remedio adecuado sería la liberación inmediata" y la reparación del daño, se le suma un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sometió al Estado mexicano a un procedimiento internacional para determinar la violaciones a derechos humanos en este caso.
En respuesta a la ONU, el Gobierno indicó que la prisión preventiva no es "excesiva" y que la dilación se debe a que los procesados siguen presentando pruebas.
Pese a ello y a que la opinión de la ONU no es vinculante, Hernández explicó que se exigirá a Cancillería y a las autoridades del Estado de México "trazar una ruta" para dar cumplimiento a la solicitud.
Aribel García subrayó que el fin último es la "exigencia de libertad y justicia", tanto para la familia de los detenidos como para la de la mujer, asesinada a balazos frente a su casa.
El padre de la regidora por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Tamez, declaró a Radio Fórmula en junio del 2016 que no se planteaba otra versión de los hechos distinta a la del Ministerio Público, apuntando a Daniel García como "autor intelectual" y a Alpízar como "autor material".
En declaraciones, García afirmó hoy no tener contacto con los familiares de Tamez y dijo estar "esperanzada" ante la opinión de la ONU.
"Nos emocionará ver a mi papá ya por fin con nosotros, pero la verdad es que tras más de 15 años, dejas de confiar en el Estado", apuntó.