El parlamento de Alemania prohibió las llamadas “terapias de conversión” para “curar” la homosexualidad.
El incumplimiento de la prohibición se castigará con hasta un año de prisión o una multa de hasta 30 mil euros.
Esta prohibición contra dicha práctica calificada como homofóbica también incluye el asesoramiento pastoral o psicoterapéutico. También se considerará un delito administrativo "anunciar u ofrecer" este tipo de terapias.
Si bien la reforma del parlamento alemán es contra la opresión de la orientación sexual principalmente contra menores de edad, también aplica cuando la víctima es un adulto que que fue inducido a entrar estas “terapias” mediante coacción, amenaza o engaño.
En esta ley han quedado excluidos los tratamientos de los trastornos de preferencias sexuales como el exhibicionismo o la pedofilia, así como los tratamientos que tratan de expresar la identidad sexual autopercibida de una persona o su deseo de una imagen corporal más femenina o más masculina.
El ministro de Sanidad, Jens Spahn, uno de los principales impulsores de esta ley, asegura que la aprobación del parlamento significa una “importante señal” para todos aquellos que están luchando con su homosexualidad.
"La homosexualidad no es una enfermedad. Por lo tanto, el término mismo de terapia es engañoso", explica el ministro.
Desde diciembre de 2019, gobierno alemán aprobó el proyecto de ley que prohíbe las llamadas “terapias de conversión”, cinco meses después, fue aprobado por el parlamento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en 1990 y la transexualidad en 2019.
En 2013, la Asociación Médica Mundial condenó las denominadas terapias de conversión como una violación de los derechos humanos y como incompatibles con la ética de la acción médica.
La Asociación Médica Alemana advirtió en 2014 sobre los efectos negativos de dichas "terapias" en la salud.
La Asociación de Lesbianas y Gays (LSVD) aplauden la ley, pero aseguran se pudo haber hecho más, principalmente en la edad de consentimiento, pues al menos en el grupo de edad entre 18 y 26 años detectan una necesidad de protección comparable a la de los menores.
Con información de Cadena Ser
(RGG)