Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo un llamado a revisar la política que penaliza las drogas, “basada en acciones punitivas y restrictivas que no han funcionado, pero sí generado costos sociales mayores a los que produce el consumo”.
Durante su participación en el Segmento Ministerial del 62 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, que se llevó a cabo los pasados 14 y 15 de marzo en Viena, propuso avanzar hacia una transformación en cinco ejes.
En el contexto de esta reunión multilateral, el jefe de la delegación mexicana mantuvo un encuentro con el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, con quien intercambió puntos de vista sobre la necesidad de revisar el marco regulatorio que rige la política internacional de drogas”, dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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La dependencia federal detalló que los cinco ejes propuestos por el ex rector de la UNAM consisten en la aplicación más humana de la ley, promover el enfoque de salud pública, diferenciación de sustancias para la política de control, ya que no todas causan el mismo daño; atender las causas de la violencia y el delito mediante el desarrollo sostenible, y hacer más coherente y eficiente la cooperación internacional para que sea un traje hecho a la medida y no una camisa de fuerza.
En un comunicado la secretaría indicó que, en referencia a México, el embajador De la Fuente “reiteró la necesidad de pacificar el país y restablecer el tejido social en los términos que han sido planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Asimismo, informó que con diversos funcionarios de las Naciones Unidas comentó la importancia de que la Guardia Nacional sea profesionalizada y blindada contra la corrupción.
En la segunda sesión del Segmento Ministerial, que presidió De la Fuente, participaron la subsecretaria de Estado de EU, Kristen Madison; la ministra de Recursos Humanos de Singapur, Josephine Teo; directores adjuntos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Organización Mundial de la Salud, y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
En agosto pasado, la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anunció que el gobierno de López Obrador propondría a la ONU una nueva interpretación en el combate a las drogas, con el fin de legalizarlas.
Durante su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018 dijo que la despenalización facilitará la creación de una ley de amnistía, puesto que se generará un nuevo paradigma en el combate al crimen organizado.
Posteriormente, en noviembre, con el aval de PRD, PT, PVEM y del panista Gustavo Madero, la entonces senadora presentó la iniciativa por la que se expide la Ley general para la regulación y control de cannabis.
La propuesta permite el uso lúdico, comercial, científico y de investigación de la yerba y sus derivados. Sánchez Cordero aseguró que pretende dar pasos firmes hacia la transformación de la realidad del país, en el que todos los días se descubren más muertos, fosas clandestinas, desaparecidos, más corrupción e impunidad.
De acuerdo con la iniciativa, los ciudadanos podrán sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal, siempre que no sobrepase 480 gramos por año.
mlmt