Atravesar el río Guaire fue una de las pocas opciones que tuvieron los manifestantes para tratar de resguardarse de la lluvia de bombas lacrimógenas que lanzaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana para disolver la marcha opositora, cuando llegó a Bello Monte por la autopista Francisco Fajardo.
Aproximadamente a la 1:45 pm comenzó la represión indiscriminada con gases tóxicos. La multitud comenzó a devolverse hacia el este. Eran centenares de personas que se agolpaban peligrosamente, con el riesgo propio de una estampida.
Las bombas fueron lanzadas desde el segundo piso de la autopista, a donde llegó un pelotón de funcionarios de la PNB y la GNB con vehículos blindados y equipos antimotines. Ante la sensación de estar atrapados, algunos entraron en pánico. Personas de todas las edades, incluso niños y niñas y adultos mayores, se treparon por los muros que separan la vía del río. Gritaban, lloraban, pedían auxilio y les imploraban a los funcionarios policiales y militares que dejaran de disparar; sin embargo la arremetida se prolongó durante aproximadamente quince minutos.
Lanzarse al río y tratar de cruzarlo implicaba la dificultad de bajar y subir por las pendientes de cemento del canal del Guaire. Muchos se habrían arrepentido, porque hacia el río también lanzaron decenas de bombas lacrimógenas, a modo de disparos deliberadamente dirigidos contra cada grupo de manifestantes que intentaba huir.
Lexis Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, considera que lo ocurrido corresponde a una escalada en el uso de gases lacrimógenos que caracteriza esta oleada de protestas: “Se están lanzando las bombas directamente contra las personas como un arma letal; es decir, no para disuadirlas sino para causarles daños que pueden llegar a causarles la muerte. Más allá de la violación de los estándares establecidos por Naciones Unidas en 1990 sobre el uso progresivo y proporcional de gases tóxicos, lo más preocupante es que observamos que el uso indiscriminado de estas sustancias, prohibidas expresamente en el artículo 68 de la Constitución, se ha convertido en una práctica sistemática de los cuerpos de seguridad del Estado”.
Rendón destacó que los funcionarios policiales y militares están extremando el efecto de los gases tóxicos: “Hemos visto que primero lanzan las bombas e inmediatamente después rocían a los manifestantes con agua desde la llamada Ballena. De esa forma aumenta el escozor y el lagrimeo”.
Laboratorio de Paz, junto contra otras ONG como Provea, Civilis, Proiuris y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, emprendieron un proceso de documentación del uso desproporcionado de gases tóxicos en las más recientes manifestaciones de la oposición: “Ya hemos establecido comunicaciones preliminares con el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Maina Kiai, así como con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, Edison Lanza. A ambos les remitiremos los informes detallados de cada uno de los casos, a partir de la gran cantidad de evidencias que se han podido recabar.
El lanzamiento de lacrimógenas desde helicópteros y hacia residencias o locales cerrados, el uso de bombas vencidas y el empleo de colorantes son algunas de las novedades que más nos preocupan. A ambos relatores les remitiremos informes detallados de cada uno de los casos, a partir de la gran cantidad de evidencias que se han podido recabar. Por ejemplo, los videos de personas que hoy tuvieron que lanzarse al Guaire para escapar de las bombas son de mucha utilidad”.