"Me violaron con sus manos. Luego me introdujeron por el ano una barra de madera. Me preguntaron: ''¿Aún crees que eres un hombre? Mira lo que te estamos haciendo''.", relata Omar, un joven de 23 años detenido en marzo de 2014 en los alrededores del campus de la Universidad de Al Azhar.
“Me maniataron por detrás y me colgaron de una puerta. Sentí que se me salían los hombros. Luego cogieron unos alicates y me arrancaron una uña", narra Karim, un universitario de 18 años arrestado en octubre de 2015 en un pueblo de la periferia de El Cairo tras participar en una manifestación.
Ambos son relatos reales de jóvenes que han sido detenidos por autoridades egipcias para después ser flagelados por una serie de torturas constantes.
Así lo ha informado el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), en el cual detalla cómo los detenidos son golpeados, electrocutados, colocados en las posiciones más dolorosas e inclusos violados en busca de una confesión, son las prácticas “sistemáticas” e incluso “epidemiólogas” realizada por la policía y los agentes de la Seguridad Nacional en el Egipto al servicio del ex jefe del ejército y actual presidente Abdelfatah Al Sisi.
De acuerdo con la ONG, desde julio de 2013, cuando el ejército egipcio derrocó al primer presidente del país elegido libremente, la tortura se convirtió en una práctica común.
Entre 2013 y 2016, HRW reportó medio centenar de egipcios fallecidos por torturas realizadas por agentes del orden.
El proceso habitual comienza "con un arresto arbitrario, continua con las torturas y el interrogatorio durante periodos de desaparición forzosa y concluye con la presentación ante la fiscalía, que a menudo presiona a los detenidos para confirmar sus confesiones y no adopta ninguna medida para investigaciones las violaciones denunciadas”.
La versión de Amnistía Internacional
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) en su informe “Egipto: Cientos de personas desaparecidas y torturadas en una oleada de brutal represión”, coincide con HRW en las detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada, como los bastiones de la actual “justicia” egipcia.
El documento de AI incluye desgarradores relatos de tortura durante sesiones de interrogatorio que duraban hasta siete horas, con el fin de arrancar “confesiones” que después se utilizaban como pruebas en su contra durante los interrogatorios de los fiscales y para conseguir sentencias condenatorias en los juicios.
Uno de los ejemplos más escandalosos es el de Mazen Mohamed Abdallah, que, según AI, fue sometido a desaparición forzada cuando tenía 14 años, en septiembre de 2015, y sufrió “horrendos abusos”, entre ellos ser violado repetidamente con un palo para obtener una “confesión” falsa.
En algunos casos, también eran detenidos y torturados familiares de los acusados para que éste “confesara” de manera más rápida.
AI acusa también a la fiscalía egipcia de ser cómplice de esta práctica judicial aceptando “confesiones” obtenidas bajo coacción, sin investigar las denuncias de tortura.
“La Fiscalía egipcia ha sido cómplice en estas violaciones de derechos humanos y ha traicionado cruelmente su deber en virtud de la legislación egipcia de proteger contra la desaparición forzada, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos“.
Apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea
Para Amnistía Internacional el hecho de que diferentes potencias occidentales, sobretodo miembros de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, consideren a Egipto un socio fundamental en la lucha antiterrorista en la región, ha servido como justificación para suministrar a Egipto armas y material relacionado pese a los indicios de que se han utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos.
Estos países “deben utilizar su influencia para presionar a Egipto para que ponga fin a estas atroces violaciones de derechos humanos, que se cometen bajo el falso pretexto de la seguridad y la lucha contra el terrorismo”, recomienda AI.
“En vez de seguir suministrando ciegamente material de seguridad y policial a Egipto, deben interrumpir todas las transferencias de armas y material que se hayan utilizado usado para cometer violaciones graves de derechos humanos en Egipto hasta que se establezcan salvaguardias efectivas contra su uso indebido, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes y los responsables comparezcan ante la justicia”, concluye la ONG