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Sistema de justicia capitalino, podrido para defender mujeres

La abogada de Yakiri afirmó que la gestión de Rodolfo Ríos no resolvió casos con justicia ni dignidad, incluyendo el de su clienta

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Escrito en METRÓPOLI el

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Las irregularidades y corrupción que suceden dentro de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no van a cambiar, aunque su titular, Rodolfo Ríos, haya renunciado, si la sociedad civil no exige sus derechos, afirma  Ana Katiria Suárez Castro, penalista y abogada del caso Yakiri, la mujer que mató a su violador por defensa propia en 2013. 

“La única manera que cambien los errores de la PGJ es exigiendo que cambie, pues no lo van hacer por voluntad. No por que lleguen leyes nuevas, o un procurador nuevo va a cambiar, a quienes nos toca el cambio es a quien le exigimos a la autoridad que se respeten nuestros derechos, los cuales se exigen, no se mendigan”.

Considera que el hecho de que estuviera o no Rodolfo Ríos al frente de la Procuraduría durante desde diciembre de 2012 no generó un cambio ni hubo un representante que restableciera los errores de los empleados de base ni de los superiores. Su gestión no resolvió casos con justicia ni dignidad, incluyendo el de Yakiri.  

En entrevista con La Silla Rota por la publicación de su libro “En legítima defensa”, señala que la gestión de Rodolfo Ríos se caracterizó por cuidar la reputación de la Procuraduría por encima de las víctimas y de la procuración real de justicia sin importar lo que se tuviera que fabricar para mantenerse en ese status quo sin ser señalado. 

“Fue muy constante, no sólo en el caso Yaki, todo lo que hacen o dejan de hacer es para sostener una imagen que no tienen, qué no se dan cuenta que su reputación no es correcta, porque siguen ensuciándola tratando de poner más tierra encima de lo podrido”.

Gracias a los que levantaron la voz durante su gestion, agrega, Ríos está fuera, se queda su mano derecha, por lo que Ana Katiria no cree que las cosas vayan a cambiar. “La lucha tiene que mantenerse en la misma línea, un cambio de procurador no hace la diferencia, el sistema está podrido de origen”. 

El 9 de noviembre de 2013, Yakiri Rubio tenía 20 años de edad y fue interceptada al caminar en calles de la colonia Doctores por dos tipos en una motoneta. Con amagos la llevaron a un hotel, ahí la violaron y cuando uno de ellos se disponía a asesinarla, ella forcejeó con el sujeto y como resultado salió herido. Después falleció. 

Al salir del hotel, Yakiri pidió ayuda a unos policías y al llegar a la Procuraduría comenzó su calvario. En lugar de protegerla como lo indican los protocolos de actuación fue detenida, revictimizada, procesada y encarcelada por ser sospechosa de homicidio doloso. 

La ineficacia del sistema penal la mantuvo en prisión durante 86 días, luego que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reclasificó su delito de homicidio calificado a homicidio en “exceso de legítima defensa”, por lo que su familia tuvo que pagar 450 mil pesos de fianza. 

La joven siguió su proceso en libertad y el 21 de mayo de 2015 Yakiri fue absuelta. Sin embargo, Ana Katiria asegura que el caso aún no concluye, ya que todavía hay pendientes. Todavía ni siquiera se acepta la recomendación de derechos humanos.

“Es una libertad a medias tintas, mediocre, cobarde, timorata, poquitera, esa es la justicia que se le dio a Yaki. Al día de hoy no hay ninguna sentencia que acepte que Yaki fue violada y que la legítima defensa la ejerció por haber sufrido, en un principio, una violación sexual. Solo se abocaron a reconocer que la legítima defensa es válida porque la apuñalaron, y así se cubrieron las espaldas”.

Aunque la justicia para Yakiri fue a medias, admite que este caso marcó un parte aguas en su vida  personal, profesional y como defensora de derechos humanos. Por eso también escribió el libro.

La vocación del libro, es a través del caso de Yakiri, es presentar una radiografía del sistema de justicia mexicana, de un Estado fallido, un estado violentador y abusador con las mujeres, con las víctimas. “Es una bitácora del cómo se vive día a día siendo defensor en este país”. 

Es la historia del caso de Yaki contada desde la visión y perspectiva de la abogada defensora y la mujer que se puso en el mismo grado de vulnerabilidad que cualquier otra frente al Estado. 

El resultado en el caso Yakiri se debió a la unión de muchos esfuerzos. “Yo relato lo que se vivió al ser defensora, litigante en un sistema judicial discriminatorio, clasista, machista patriarcal, pero el esfuerzo del triunfo de estos casos, deviene de la union de la sociedad civil con los medios de comunicación con la gente que empaliza con el dolor del otro”. 

En diciembre de 2013, Ana Katiria vio el mensaje “desesperado” de José Luis Rubio, el padre de Yakiri, que pedía ayuda a través de Facebook. Ana Katiria contestó de inmediato y le dijo que era penalista independiente y qué podía hacer. 

“Me dijo que su hija no tenía defensa y me pidió que no los dejara solos. Al día siguiente fui a Santa Martha a protestar el cargo y empezó la defensa de Yaki. Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre y yo tomé el caso el 13”.

Reconoce que el caso de Yakiri cambió “mucho su vida”, provocó en ella que resaltara a flor de piel la indignación, intolerancia al sistema y la conciencia de que no se puede asumir que el Estado y la impartición de justicia protegen a la ciudadanía, en especial a las mujeres.

La abogada, en su momento, recibió amenazas anónimas para que abandonara el caso, incluso resultado de ello, solicitó protección y aún viaja con elementos de seguridad que resguardan su integridad. También comenta que incluso antes de que presentara el libro un alto funcionario de la PGJ de la CDMX le pidió que no lo publicara a cambio de un arreglo. 

“Mas que agacharme con miedo, lo cual era el propósito (de las amenazas) me empedraron para saber qué el camino que estaba eligiendo en ese momento y que estaba poniendo en riesgo mi vida por la vida de otra mujer, valía la pena porque los cargos o los recursos o las amistades que pudieran tener los funcionarios no valen más que la libertad y la vida de una mujer, por lo que estuve dispuesta a darlo todo”.

Agrega que a sus 16 años de litigante puede decir que todo el sistema está viciado y es un circulo  en donde funcionarios superiores justifican la ineficacia de la base y viceversa.  Desde la policía, peritos, cadenas de custodia, recopilación de datos de prueba y fiscales. 

“Los juicios que terminan con una sentencia injusta inician con una equivocada investigación con actos que ejecutan policías de investigación y el Ministerio público y que de ahí devienen los juicios a futuro y con lo cual desde la aplicación o la impartición de justicia en los servidores públicos de base tenemos estás condiciones de inconsciencia, de cero compromiso al servicio publico y de falta  de dignidad en el ejercicio del poder, qué podemos esperar de las sentencias finales cuando lo que hacen las autoridades superiores es justificar los excesos y corrupción de los de base”. 

Pareciera que no les importa, que su trabajo lo hacen sin conciencia y al “aventón”, ya que no cuidan en revictimizar al denunciante, a las mujeres que se atreven a iniciar una denuncia de carácter sexual y que la Procuraduría cumpla los protocolos y tratados internacionales.

“Cuando llegan a los MP’s se encuentran las mujeres con la revictimización, incluso las propias mujeres que trabajan dentro de PGJ revictimizan a otras mujeres”. 

Considera que es un sistema tan podrido de machismo que las mujeres dentro de la Procuraduría deben de convertirse en unas discriminadoras de su propio genero para poder ser aceptadas en ese coto de poder, porque si defienden a la mujer no les va a gustar a los demás o no está aceptado. 

Las irregularidades y atropellos que comete la Procuraduría en materia de violencia de género se lo atribuye a un problema cultural y sistémico.

“Cultural porque esto se vive en las casas de muchas familias mexicanas, y por otro lado el sistema, que es injustificado, ellos se supone que están preparados para ejecutar su trabajo con dignidad y eso significa darle la misma importancia tanto al genero femenino como al masculino. Ser mujer en la Ciudad de México es un riesgo, es cansado y frustraste. Es un castigo para muchas que son señaladas ante la sociedad y frente a la autoridad. Es agotador y frustraste de suplicar que te crean. En la realidad no estamos protegidas”.

La difusión del libro coincide con el caso de Itzel, una joven de 15 años que también ejerció su derecho a la legítima defensa al matar a su violador y al igual que en el caso Yakiri, hubo irregularidades desde el actuar de la policía hasta con el MP. Solo que esta vez a la mujer no la encarcelaron.  

“Aprendieron poquito con el caso Yakiri porque a Itzel ya no la metieron a la cárcel, porque saben que la ciudadanía está harta y que al igual que con Yaki se iba a levantar a voz y se les iba armar otro problemón”.

fmma