ATIZAPÁN.- Tras aprobarse, en comisiones legislativas, la abrogación de la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México y con ello, se contempla la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), considerado el prerrequisito más importante para aperturar un negocio o una empresa en esta entidad, empresarios mexiquenses solicitaron a los diputados de la 60 Legislatura revertir la decisión en el pleno y no otorgar a los ayuntamientos esta facultad, como lo propuso Nazario Gutiérrez Martínez, pues consideraron que se corre el riesgo de alentar la corrupción en los municipios.
Por separado, los líderes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem) y de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), Raúl Chaparro Romero y Francisco Cuevas Dobarganes, respectivamente, coincidieron en que lo aprobado ayer por los legisladores que integran las comisiones unidas, representa un riesgo para la inversión, pues fomentaría que las dependencias municipales condicionen el pago de dádivas para liberar trámites y/o agilizarlos.
“Necesitamos avanzar en la mejora regulatoria y en la apertura rápida de empresas, pero el DUF es importante para el desarrollo de éstas, aunque no todas lo necesitan, como las de bajo y mediano impacto, como una papelería o una tienda de abarrotes. Estamos a favor de que tengan que tramitarlo las de alto impacto, como gasolineras o gaseras, pero que siga siendo responsabilidad del Estado y no de los municipios, quienes han demostrado una falta de conocimiento en la materia y en donde se ve que pudiera aumentar la corrupción”, destacó Raúl Chaparro.
TRÁMITE TORTUOSO
El DUF es un prerrequisito establecido por el Gobierno del Estado de México para obtener la licencia de uso de suelo que se usa para realizar construcciones o remodelaciones y/u obtener la licencia de funcionamiento de obras o de empresas consideradas como de alto impacto, por su giro o tamaño, como es el caso de gasolineras, plantas de gas, almacenes de combustibles o de químicos, así como restaurantes bar o bares y constructoras de desarrollos inmobiliarios, entre otros.
Raúl Chaparro, presidente de Asecem
En él, se incluyen evaluaciones técnicas acerca de la factibilidad que tiene un nuevo establecimiento, en materia de protección civil, salubridad, medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda, comunicaciones, movilidad y agua, las cuales son indispensables para determinar si se puede o no abrir un nuevo establecimiento en alguno de los 125 municipios mexiquenses.
Sin embargo, a propuesta del legislador morenista, ayer se aprobó eliminarlo en comisiones, pues aseguró que este trámite se convirtió en tortuoso y frenó las inversiones por mucho tiempo pues se han perdido más de 50 mil empleos formales y una cantidad superior en el sector informal, por la falta de agilidad en el proceso.
RECONOCEN SOBRERREGULACIÓN
Los líderes empresariales aseveraron que, si bien la agilización de los trámites empresariales es una demanda añeja del sector, pues la entidad contaba con una sobrerregulación y un retraso en la entrega de estos dictámenes, la solicitud iba encaminada a que solo las empresas de alto impacto tuvieran que solicitar el DUF.
“El problema de fondo es que, cada vez que una empresa industrial grande quería hacer una modificación menor a sus instalaciones y requería de una licencia de construcción y a su vez del DUF, le podía significar perder contratos por la demora en los trámites. Nosotros como Unidem propusimos que solo las empresas de alto impacto tramitaran este dictamen y las de medio y bajo impacto gestionaran sus permisos de construcción u operación a nivel municipal, pues pensamos que sí debe de haber un control que permita el crecimiento ordenado, desde el punto de vista de vialidad, densidad, seguridad, medio ambiente y salud, pero tampoco tanta regulación debe de condenarnos a que cada vez haya más población y menos empleo formal”, subrayó Francisco Cuevas.
Francisco Cuevas, presidente de Unidem
Por su parte, Raúl Chaparro apuntó que cederle las facultades a los gobiernos locales para que sean ellos quienes autoricen o no la apertura de una empresa, empeorará la llegada de inversiones al territorio, pues actualmente existen algunas dependencias que piden hasta 80 mil pesos al interesado para expedirle un permiso en materia de agua potable, Protección Civil o en Desarrollo Económico, de manera ilegal o informal e incluso, existe un caso de una administración municipal que recientemente pidió un 1.5 millones de pesos a un empresario para dejarle construir un hotel, lo cual podría agravarse en número y en monto, si esto se aprueba en el pleno de la Legislatura.
“Es una medida electorera, pues el gobierno estatal ya había hecho recientemente los ajustes necesarios en las dependencias y vimos disposición de los secretarios para mejorar este trámite, por eso nos unimos a la administración estatal para que siga siendo el eje central”, dijo.
Raúl Chaparro anunció que, en caso de que no tomen en cuenta la postura del sector, prevén realizar manifestaciones en las Torres de Satélite para que sean escuchados.
(Sharira Abundez)