Representantes en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), y de la organización Artículo 19 criticaron la iniciativa del diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Eleazar Rubio, para revivir el delito de difamación en el Código Penal y sancionarlo con penas de hasta 5 años de cárcel y multas de hasta 86 mil 880 pesos. Ese delito fue derogado en la Ciudad de México en 2006.
De acuerdo con la iniciativa, los periodistas no tendrían por qué investigar delitos o situaciones en las que se presuma que los hay, toda vez que ello es facultad de las autoridades.
Entrevistada por La Silla Rota, Balbina Flores consideró que sería un retroceso para la libertad de expresión en México, porque ante la amenaza de ser encarcelado, se inhibiría el ejercicio periodístico.
“Es un retroceso, totalmente. La libertad de expresión debe avanzar y no retroceder, pero parece ser que les ha dado por querer revisar y retroceder todo nada más porque sí. Si es por las fake news, no es correcto que se agarren de ahí”, expresó.
NO ES EL ÚNICO CASO
Flores recordó que no es el único caso de una entidad que busca incluir la difamación en el Código Penal, ya que el gobierno de Puebla intentó penalizar expresiones como las fake news hace unas semanas.
La experta también mencionó que las relatorías de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recomendado al gobierno mexicano ir despenalizando estos delitos contra el honor, entre los que se encuentra la difamación.
MANDARÍA A LA CDMX A LA RETAGUARDIA
El subdirector de Artículo 19 en México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, coincidió con Flores en que en caso de aprobarse la iniciativa, el ejercicio periodístico se inhibiría, pero además se trata de una intentona de criminalizar la libertad de expresión, un tema que les preocupa porque también se ha intentado a nivel federal.
“Colocaría a la Ciudad de México, que siempre ha sido una ciudad de vanguardia en materia de derechos humanos, en una franca retaguardia en cuestiones de derecho a la información y libertad de expresión”.
NO ES EL ÚNICO INTENTO DE INHIBIR
“Nos preocupa a la luz del contexto actual, bajo el cual hemos visto que a nivel federal y local se han pasado iniciativas que de diversas maneras y por diversas razones pretenden inhibir la libertad de expresión. La más reciente es la reforma a la ley federal de derechos de autor y el código penal federal bajo el pretexto de armonizarlo con el tratado de libre comercio, en donde se establecen mecanismos de censura en internet”.
EL EJEMPLO DE LYDIA CACHO
Recordó que entre los antecedentes del abusivo empleo de la figura, está el caso de Lydia Cacho, que luego de denunciar una red de pederastia en su libro Los demonios del Edén, en la que participaban actores políticos, fue acusada de difamación.
Fue perseguida penalmente en el estado de Puebla, perseguida en Quintana Roo y torturada en el camino de Cancún a Puebla.
“Eso dio pie a un pronunciamiento contundente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que analizó su caso y dijo que esta tipificación de delitos violentaba la libertad de expresión. Concretamente el Artículo 19 del Pacto de Derechos civiles y Políticos”, recordó.
“No entendemos por qué se revive este tipo de disposiciones, que de aprobarse serán un grave retroceso en materia de libertad de expresión”.
Pidió al Congreso capitalino no discutir la reforma y al diputado Rubio retirarla.
SHEINBAUM, EN DESACUERDO
Este 27 de agosto la jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, fue consultada sobre su opinión de la iniciativa, y luego de preguntarle al diputado Eduardo Santillán, que quién había presentado la iniciativa, la mandataria capitalina fijó su postura.
“No, no estamos de acuerdo”.
LA INICIATIVA
De acuerdo con la iniciativa de Rubio, se busca revivir el delito de difamación en la Ciudad de México, el cual fue derogado del Código Penal desde el 19 de mayo de 2006.
En su exposición de motivos señala que ante la irrupción de las redes sociales, las noticias falsas han inundado internet, y que el problema de la difamación o calumnia en esos espacios, es que la ciudadanía “con estas noticias hace un juicio sumario en contra de estas personas sin que estas se defiendan de ellos”.
El legislador de Morena expresa que ese tipo de conductas no deben ser sancionadas en materia civil.
“El daño que se puede causar al sujeto difamado es de consideraciones graves, ya que el honor puede repercutir en cuestiones incluso económicas, sufriendo un daño patrimonial considerable, como sucede cuando los medios de comunicación difaman vilmente a los actores o políticos sobre hechos ciertos o falsos, llegando al grado de acabar con sus carreras públicas y con ello, los detrimentos económicos correspondientes”.
El legislador también asegura que el periodismo tiene la única tarea de informar. Según él, la función del periodista es recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión.
“Por ende, su labor es exclusiva de informar, no realizar investigación o diligencias para resolver una carpeta investigación, sino que su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz”.
LOS RIESGOS
Balbina Flores consideró que el mayor problema de la iniciativa es inhibir la libertad de expresión de los periodistas y su libertad de prensa.
“Hay antecedentes terribles, como la demanda contra Miguel Ángel Granados Chapa, que fue supuestamente por difamación, por parte del diputado del PRI, Gerardo Sosa Castelán; es uno de los casos más emblemáticos”.
Lamentó que la autoridad cuando se ve exhibida o descobijada en un acto de corrupción busca restringir, limitar y argumentar que eso tiene que ver con su integridad y su derecho a la privacidad, donde nadie puede intervenir.
“Pero hay que decir que en libertad de expresión, todo funcionario de cualquier nivel de gobierno está expuesto al escrutinio público. Eso lo establecen los principios de libertad de expresión”.
Cuestionada sobre si ve tendencias de gobiernos a legislar de manera similar, alertó que el gobierno de Baja California quiere hacerlo, y reiteró el caso poblano.
“No dudaría que haya tentaciones de otras legislaturas”.
IZQUIERDA
A Maldonado le llamó la atención que la iniciativa fuera presentada por un diputado de un partido que se presenta como un proyecto de izquierda.
“Este tipo de iniciativas contradicen lo que sería un programa de un partido consecuente con la izquierda”, cuestionó quien a partir del 1 de septiembre será el director de Artículo 19.
Recordó que la Ciudad de México fue de las primeras en despenalizar la difamación y que el tema se debe dirimir en los juzgados civiles y no penales por el ámbito que entraña: penas privativas de la libertad.
“En la práctica lo que hemos visto en entidades donde hace muy poco seguían vigentes estos delitos, lo que se ha generado es que los actores políticos o con alto poder económico, usan estas acusaciones de delitos para inhibir a la prensa, sin importarle la veracidad o falsedad de una nota. El hecho es acallar, censurar, entonces este tipo de instrumentos normativos son usados por los actores políticos y de gran poder económico para amedrentar y amordazar a la prensa”
“Por esa amenaza de ser privado de la libertad, de un supuesto abuso de la libertad de expresión es que se genera el efecto inhibidor”, apuntó.
(Sharira Abundez)