TECÁMAC, Edomex. - A cuatro años de su encarcelamiento, José Humbertus Pérez Espinoza, quien se considera como "Prisionero de Conciencia", a través de los integrantes de su asociación Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD), señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) trata de influir en el poder judicial mexiquense, para que con base en pruebas falsas le dicten sentencia condenatoria, además de retrasar el proceso hasta enero o febrero del 2020.
Rocío Rosete, a nombre del abogado José Humbertus Pérez, explicó que la FGJEM tiene la estrategia de cambiar de jueces para dilatar el proceso.
Dijo que esta por ejemplo el caso del juez del Tribunal de Enjuiciamiento que estableció el pasado 3 de diciembre del 2019, para dictar el fallo de sentencia, pero la FGJEM, que asesora a la supuesta víctima Roberto “N”, también solicitó la recusación del juez, es decir “cambiar al juzgador”.
"Esta dilaciones procesales es una acción concertada entre el FGJEM de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, del ex Gobernador Eruviel Ávila Villegas y las empresas Constructoras de Vivienda e Hipotecarias Financieras, que han estado presionando a los jueces y al no ceder los mismos, buscan destituirlos para imponer a juzgadores a modo y emitir sentencias condenatorias al Prisionero de Conciencia, José Humbertus Pérez Espinoza", estableció Rocio Rodete.
Dijo que es preciso señalar que José Humbertus Pérez Espinoza, el pasado cuatro de noviembre, cumplió cuatro años de estar preso en un penal del estado de México.
Él es representante Legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A.C. (FMDVD) y para Rocio Rosete, sus abogados y el comité Cerezo, se le fabricaron cuatro delitos, las tres primeras, por supuesto robo con violencia a casa habitación con arma de fuego; y la cuarta por el supuesto delito de extorsión.
Aseguraron que estos falsos delitos son en represalias por haber investigado y denunciado el mega fraude hipotecario e Inmobiliario en México, en donde defraudaron a más de 10 millones de familias mexicanas y que en los últimos 20 años de políticas públicas en materia de vivienda tuvo un costo de más de un billón, 350 mil millones de pesos.
Aseguraron que la FGJEM ya tuvo más de un año para presentar sus pruebas, pero no lo han hecho aún. "El fiscal Alejandro Gómez y el director General de Litigación de la misma Fiscalía, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, están presionando al Poder Judicial del Estado de México para que recusé y destituya a los jueces.
Establecieron que de" no ser por las medidas dilatorias de la representación social y las chicanas jurídicas", se tenía que haber dejado ya en libertad a José Humbertus Pérez Espinoza.
Explicaron que en las dos primeras Carpetas de Investigación José Humbertus Pérez ni siquiera fue vinculado a proceso, en el tercer delito en la Causa Penal 161/2018, esta en la última etapa del Juicio Oral, donde el esposo de la supuesta víctima es Ricardo “N” son invasores de ejidos y casas en unidades habitacionales.
Humbertus Pérez Espinoza fue detenido con una orden de aprehensión es ilegal, porque la misma es dictada para un delito diverso a robo a vehículo y no a casa habitación, los supuestos objetos robados son un celular, una computadora laptop y dos botes de pintura, mismos que no los acreditan con documentales originales, presentaron solo copias simples y no facturas, establecieron sus defensores.
Además, "las puesta a disposición y los peritajes presentan firmas falsas de los supuestos Policías Ministeriales y del Perito" .
En el caso de la Causa Penal 372/2018, por el supuesto delito de extorsión se venció el plazo Constitucional de poderlo juzgar como tiempo máximo un año, la FGJEM y el Asesor de Víctimas, durante más de un año nunca acreditaron prueba alguna, porque el delito es fabricado.
En su informe el Comité de los Hermanos Cerezo de junio del 2015 a mayo del 2016, “Defender los derechos humanos en México: La normalización de la represión política” señala que su detención del pasado 4 de noviembre del 2015, fue arbitraria y se le fabricaron delitos.
El abogado Humbertus Pérez Espinoza también denunció y publicó la estructura corrupta de los Penales en el Estado de México.
Desde el pasado 18 de octubre del 2017, hizo una denuncia penal por la desviación de más de cinco mil millones de pesos para la certificación y formación de operadores de justicia de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública para dar funcionamiento al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, recursos para el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), aprobados por la Cámara de Diputados, en donde el gobierno del Estado de México es la entidad que mayores recursos obtuvo del FASP, de más de 85 mil millones de pesos.
Todo esto, dijeron, es la que ha costado el fracaso de este Sistema de Justicia y el crecimiento de la violencia en México, siendo los responsables el hoy senador Eruviel Ávila Villegas, el actual Fiscal General Alejandro Jaime Gómez Sánchez, él ex Secretario de Gobierno José Sergio Manzur Quiroga y el ex Auditor Superior Fernando Valente Baz Ferreira quien fue destituido de su cargo por no auditar y fiscalizar los recursos públicos, todos del Estado de México.
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