La decisión del Congreso en aprobar el aborto legal en Veracruz hace sentir más tranquilas a las activistas, porque habrá menos mujeres en la cárcel.

“El siguiente paso sería la difusión de derechos sexuales reproductivos de las mujeres, generar herramientas para que las mujeres tengan más oportunidades y se genere un marco de igualdad, esto para que no acudan a la comercialización de sus cuerpos”, dice en entrevista, Arussi Unda, integrante de Brujas del mar.

Se aprobó con 25 votos a favor 13 en contra y una abstención. Veracruz se convierte en el cuarto estado en despenalizar el aborto, el primero fue la Ciudad de México, después Oaxaca e Hidalgo.

Aunque este es un paso en pro de los derechos de las mujeres, para Arussi Unda, integrante de Brujas del Mar aún está pendiente implementar una agenda abolicionista.

Debido a que el aborto en Veracruz no era legal, también las activistas que acompañaban a las mujeres en el proceso de aborto corrían riesgo. El código penal establecía: "A la persona que haga abortar a las mujeres con su consentimiento, se le impondrán se seis meses a dos años de prisión y multa de hasta setenta días y cinco días de salario".

La legalización del aborto deja de criminalizar a las mujeres que quisieron decidir sobre sus cuerpos, entre ellas Diana Patricia, Reyna y María, sentenciadas como homicidas en Veracruz por tener un aborto espontáneo; así como mujeres indígenas y víctimas de violencia familiar.

VERACRUZ EL SEGUNDO ESTADO CON MÁS FEMINICIDOS

Veracruz ocupa el tercer lugar con mayor número de feminicidios 31, dentro del periodo de enero a mayo del 2021. A Arussi, le preocupa que llevan más de un año sin  Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM).

 En los últimos 5 años, la Fiscalía General de Veracruz abrió 159 carpetas de investigación por el delito de aborto en Veracruz, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

Pese a que en 2009 una reforma al Código Penal de Veracruz eliminó la condena de cárcel por aborto, sustituyéndola por una pena en libertad y un tratamiento psicológico, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud, pero la Fiscalía General del estado continúa abriendo cada año carpetas de investigación por este delito.

De acuerdo al sistema federal, en 2015 la Fiscalía abrió 15 carpetas, en 2016 fueron 29 carpetas, en 2017 se abrieron 33, en 2018 fueron 27, en 2018, 28 y en lo que va del 2020 fueron 12 carpetas por este delito, reportó el portal Cimac.