Para Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín, este año sin su hija ha sido el peor de su vida. Más si además del duelo, ha tenido que luchar para que el feminicidio no quede impune y reciba la justicia que merece.
A un año del feminicidio de Lesvy, marchan en la UNAM
Este año ha sido doloroso y complicado, porque desde el principio no hubo un actuar por parte de funcionarios públicos, cuya misión es procurar justicia. Nos damos cuenta que no sólo en el caso de Lesvy, sino que en la mayoría de casos de feminicidio, las rutas de impunidad son las mismas. Se repiten una y otra vez”.
Hace un año, Lesvy Berlín Rivera Osorio fue encontrada sin vida y atada con un cable a una caseta telefónica en las jardineras de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria de la UNAM. Ahora se sabe que el que fuera su novio, Jorge Luis González Hernández, es señalado como el probable asesino.
El proceso judicial continúa abierto y aunque se han ganado espacios, la principal batalla está por venir: que un juez dicte una sentencia ejemplar. Es lo que espera la familia.
Desde el primer momento, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina criminalizó a la exalumna de la Preparatoria 2 de la UNAM e investigó el caso como suicidio. Gracias a la presión social y a la insistencia de la defensa, integrada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), en octubre de 2017 la quinta sala del Tribunal de Justicia reclasificó el delito a feminicidio.
Hace un mes, durante la última audiencia, la PGJ rectificó su versión y aceptó que Lesvy no se quitó la vida. Además, el pasado miércoles la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a tres dependencias capitalinas para que investiguen la negligencia en el caso, y se disculpen de manera pública.
Así como con otras mujeres, en el caso de Lesvy Berlín se reprodujeron una serie de inconsistencias que parten de la falta de una perspectiva de género y que van desde la revictimización de las familias y víctimas, impedir el acceso a las carpetas de investigación y videos, hasta no dejar coadyuvar a los padres en la representación jurídica.
Tenemos que defendernos, no sólo de los asesinos, sino de funcionarios que pareciera que le creen más a los feminicidas que a nosotras. En ese sentido ha sido difícil y de pronto ha pasado un año, el cual lo hemos pasado entre oficinas e investigando. Muchos sentimientos se han conjugado como indignación, molestia, solidaridad, agradecimiento y orgullo”, dijo su mamá.
A pesar de los malos momentos, este año para los padres de la joven que hablaba varios idiomas y era integrante de la Estudiantina Femenil de la UNAM, ha sido un periodo de aprendizaje y solidaridad.
También ha sido un año de mucho aprendizaje y cariño. Entendimos que cuando dicen ‘no están solas’, están diciendo la verdad. Hemos estado acompañados en todo momento por muchas mujeres y hombres. Hemos aprendido que si no exigimos justicia, la autoridad se queda inmóvil."
“La presión social fue fundamental”
Desde las primeras noticias del hallazgo del cuerpo de una mujer en Ciudad Universitaria, la reacción de la comunidad universitaria, así como la sociedad civil, ayudaron a que el caso se visibilizara y atrajera la atención de defensores de derechos de las mujeres.
Eso fue determinante desde el inicio. Durante los primeros días después del asesinato, la PGJ difundió que Lesvy no era estudiante de la UNAM, que esa noche consumió bebidas alcohólicas y drogas, que vivía en concubinato con su pareja y que podría tratarse de un caso de suicidio.
Ello generó molestia entre la comunidad universitaria, principalmente en colectivas feministas que organizaron protestas. Desde ese entonces, la familia recibió el apoyo de organizaciones, que ha sido fundamental para que el caso no se olvidara.
El apoyo y presión que se ha realizado fue fundamental. Esto da cuenta que a estos gobiernos les interesa mucho la factura política y lo que dicen los medios. No son sensibles al dolor o a que nosotros estemos sufriendo porque alguien miente. Les duele lo que se evidenció y eso es lo que les mueve. Prefieren cerrar un caso lo más pronto que investigarlo a fondo. No les interesa que esta violencia se detenga”.
Para la madre de Lesvy fue decisiva la presión que se ejerció desde las manifestaciones, así como lo que logró en materia pericial.
En agosto de 2017, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) presentó como prueba un peritaje independiente donde demuestra que Lesvy no pudo cometer suicidio, sino que fue estrangulada. Esto dio pauta para que en octubre la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia local reclasificara el delito a feminicidio agravado.
Araceli Osorio comenta que el proceso aún continúa abierto; están a la mitad, siguen en la etapa de presentación de pruebas. Se prevé la próxima audiencia para el 9 de mayo, y sea cuando la defensa de Jorge Luis desahogue más recursos.
Estamos a la mitad del camino y pues es necesario dar otros pasos y ganar otras batallas. Todavía falta una audiencia donde la defensa de Jorge Luis presentará recursos e intentarán refutar lo que se ha avanzado. Todo depende que el juez pueda sumar y emitir una sentencia adecuada. Lo más difícil es la etapa final, la que viene”.
Confía que con esta lucha que su familia ha emprendido, así como con otras mujeres, el caso de Lesvy aporte algo, una semilla para los otros casos de feminicidios y desapariciones que están pendientes, y puedan resolverse a favor.
A un año del feminicidio de Lesvy, estudiantes y familiares de otras víctimas realizaron una marcha de la torre de Rectoría a la caseta telefónica donde fue encontrado su cuerpo. En el lugar guardaron un minuto de silencio; luego en un mitin exigieron justicia.
Este caso ha marcado un precedente
Para Selene González Luján, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, tanto el caso de Lesvy en la CDMX, así como el de Mariana Buendía, en el Estado de México, han sentado un precedente tanto por los logros jurídicos como por la lucha social.
El caso de Lesvy marcó un precedente importante para denunciar los casos de feminicidio que ocurren, tanto en el país como en la ciudad. Eso ayudo a que el caso no quede encarpetado, no se quede en suicidio ni en el olvido. La batalla jurídica ha sido larga. Han sido muchas noches de desvelo”.
En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad emitió la recomendación dirigida a tres dependencias capitalinas: la PGJ, la SSP y el INSIFO del Tribunal de Justicia.
Como Centro de Derechos Humanos, organización que acompaña el caso de Lesvy, nos parece importante hacer un llamado a esas tres instituciones a que acepten esta recomendación, ya que es un piso mínimo para enmendar las carencias y faltas que han tenido”.
JAMP