Víctimas de feminicidios acusaron, en el Senado, a las autoridades de proteger más los derechos humanos de los homicidas que de las familias que perdieron a una madre, hija o hermana, esposa, por crímenes de odio, que se han extendido en calles de las ciudades del país.
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Durante el foro Violencia Contra La Mujer, los familiares solicitaron ser atendidos por la Comisión para la Igualdad de Género, a fin de que actúe para revertir el aumento de feminicidios; incremento advertido por estudios internacionales, como La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, realizado en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el estudio, se destaca la preocupación de que los homicidios por género se realizan con mayor frecuencia en las calles y alcanzó 49 por ciento, en 2012; descendió a 35 por ciento, en 2014, y aumenta a 41 por ciento, en 2016.
Otro aspecto que destaca es la crueldad con que se agrede a las mujeres, factor para determinar feminicidio. “Es más frecuente el uso de medios más brutales para asesinar a las mujeres: en los últimos cinco años los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los homicidios de mujeres que de hombres. Se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, el uso de sustancias y el fuego son el doble que en el caso de los hombres”, señala el documento.
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En el foro, Wendy Verónica Vázquez Ramírez; Sacrisanta Mosso Rendón, María de Lourdes Corona Santiago y Arturo Ibarra Serrano, entre otros familiares de mujeres asesinadas, entregaron a la senadora Cuéllar Cisneros una carta en la cual solicitan a la Comisión para la Igualdad de Género atiendan sus demandas, para que se hagan respetar sus derechos humanos.
Aseguran que los asesinos o imputados, “tienen más derechos que las víctimas. Nuestras leyes los protegen para que nadie atente contra ellos y sus derechos humanos”, por lo que no pueden decir sus nombres ni acusarlos públicamente, mientras no se demuestre su culpabilidad, aun cuando existen pruebas de esta, o bien de que las investigaciones han sido alteradas”.
Exigieron se declare al feminicidio como una emergencia nacional; la activación de la “Alerta de Género” en todo el país; capacitación de policías, jueces y peritos en materia de género; garantizar al 100 por ciento los derechos de las familias de las víctimas; cumplir con los protocolos y evitar la pérdida de pruebas y contaminación de las mismas.
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