Xalapa.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que el Congreso comprobó que Jorge Winckler Ortiz no cumplió con la certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación para permanecer en el cargo.
Dijo que por ello el Congreso en su carácter de representante popular tiene facultades para remover a los titulares de órganos autónomos “y más cuando han sido impuestos a modo por gobernantes del pasado que le mintieron y engañaron al pueblo veracruzano”.
“El Congreso local tomó una medida cautelar dada la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a derechos fundamentales de los veracruzanos en materia de procuración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad pública”
Señaló que aun así la remoción temporal de Winckler Ortiz no es definitiva, ya que se iniciará un procedimiento ante tribunales para determinar su destino en la institución.
No obstante, en conferencia de prensa aprovechó para señalar que la Fiscalía General del estado se encuentra ubicada en el penúltimo lugar del índice estatal de desempeño de las procuradurías según datos aportados por el proyecto Impunidad Cero.
Agregó que se le otorgará al fiscal la oportunidad de comparecer ante los tribunales para que explique las razone de que no acreditó los requisitos señalados en los artículos 67 y 68 de la Ley General de Seguridad y 219 y 220 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
El diputado de Morena indicó que además Winckler Ortiz fue nombrado fiscal general el 30 diciembre de 2016 y tenía hasta el 30 de junio de este año para acreditar su revalidación, pero no lo hizo.
“El decreto del 18 de junio de 2008 reformó los artículos 21 y 123 constitucionales estableció que la seguridad pública consiste en la prevención, investigación y persecución de los delitos a cargo de las instituciones policiales como del Ministerio Público y estableció que ninguna persona de seguridad de pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el Sistema correspondiente no podrá ingresar ni permanecer en las instituciones”.
Y agregó que la designación de Verónica Hernández como encargada de despacho es legal porque cuenta con las atribuciones políticas y administrativas del órgano autónomo.