Juan Jiménez pasó de vivir en una casa propia de dos plantas a un cuarto de 16 metros cuadrados, en el que solo tiene una cama y una pequeña estufa. Los actos de discriminación que sufrió por el diagnóstico de VIH/SIDA que recibió en el 2014 lo dejaron en la calle, sin empleo, sin amigos y atrapado en una lucha -que inició al borde de la muerte- para defender sus derechos.
Acostado en una cama del Hospital General de Coatzacoalcos, en la pobreza absoluta, se prometió sobrevivir para que ningún otro enfermo de VIH/SIDA fuera discriminado como él.
Todo inició cuando el Ayuntamiento de Minatitlán exhibió públicamente sus datos personales por el diagnóstico de VIH y le negó el permiso que el Reglamento de Salud Municipal exigía para trabajar como mesero en centros nocturnos y bares, estigma que más adelante sufrió por autoridades de Coatzacoalcos.
Seis años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 53/2020 en la que se obliga a los presidentes municipales de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo y de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, a reparar los daños que provocaron los actos de discriminación.
Resta que ambos alcaldes acepten la recomendación de la CNDH, el último recurso que Juan Jiménez agota en instancias nacionales para que autoridades municipales restituyan el daño causado con las violaciones a sus derechos, que iniciaron los alcaldes que los antecedieron, pero que ellos decidieron perpetuar al mantener la negativa de permitirle trabajar por su condición.
Ya en el 2018, ambos ediles que encabezan la 4T en el sur del estado de Veracruz, se negaron a recibir la recomendación 49/2018 que en el mismo sentido emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), así como un llamado del Congreso del Estado para que justificaran tal decisión.
La única respuesta de los ediles se envió a la CEDH por escrito, negando los señalamientos que el organismo comprobó en la investigación que realizó y acusando a Juan de ejercer la prostitución con la finalidad de transmitir con dolo el virus del VIH/SIDA.
Víctor Manuel Carranza Rosaldo, alcalde de Coatzacoalcos, justificó la decisión de negar el permiso a Juan -para que trabajara como mesero- porque consideraba que era un riesgo potencial para contagiar a las personas con las que pudiera interactuar, a pesar de que la transmisión del virus no se realiza por el contacto físico, hablar con una persona o estar cerca de esta.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VIH/SIDA puede transmitirse únicamente por relaciones sexuales vaginales, anales o bucales sin protección con una persona infectada, por transfusión de sangre contaminada, compartir agujas o jeringas o material quirúrgico contaminado.
Ninguna de las anteriores forma parte de las practicas que Juan ejercía en el empleo que busca recuperar.
No solo eso, Carranza Rosaldo argumentó que Juan se niega a recibir un tratamiento médico por su condición y, por el contrario, busca contagiar con dolo a las personas.
“El alcalde y la síndica de Coatzacoalcos me acusan de no quererme someter a un tratamiento médico y estar contagiando gente, de no pensar en el bien común de los demás y que no me importa nada más que el hecho de querer trabajar, sin tener una sola prueba de lo que ellos argumentan, de que yo me dedicaba a contagiar gente”, acusó Juan.
Una respuesta similar fue dada por el presidente municipal de Minatitlán, quien a pesar de no presentar pruebas afirmó que el quejoso buscó un permiso para ejercer la prostitución.
Juan es paciente regular del CAPACITS desde el 2015, en donde lucha desde hace cinco años por tener sus medicinas en tiempo y forma para conservar una buena calidad de vida, pese a las enfermedades que desde entonces ha desarrollado por el virus.
El tratamiento médico que Juan recibe permite que sea un paciente indetectable, es decir, la carga viral que contiene es tan reducida que no es capaz de contagiar a su pareja sexual a pesar de practicar tal acto sin protección.
Jamás ha ejercido la prostitución o sexo servicio, por lo que niega que pueda generar algún riesgo para cualquier persona que frecuente el giro comercial en que trabajaba.
“Minatitlán argumenta que no aceptan porque ninguno de sus servidores públicos violentó mis derechos humanos, porque yo solicité una boleta para trabajar como prostituto, cuando yo nunca en mi vida trabajé como prostituto”.
Sin embargo, la negativa del alcalde morenista en Minatitlán no solo actúa en contra de la recomendación emitida por la CEDH en el 2018, ya que, antes de eso, el mismo organismo emitió la recomendación 36/2015 por la violación a los derechos de Juan a la Igualdad, la no discriminación y protección de sus datos personales.
Dicha recomendación se formuló en la primera queja que promovió por los daños causados por el anterior gobierno municipal al negarle el permiso para trabajar; lo que obligó al Ayuntamiento a modificar el Reglamento de Salud Municipal para que personal que no ejercieran la prostitución en centros nocturnos pudieran laborar sin necesidad de presentar un certificado de su estado de salud.
Lucha por la no discriminación, entre amenazas e indolencia
En los últimos seis años, Juan fue exhibido y denostado por autoridades municipales en su centro de trabajo por ser portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), su condición alejó a quienes se decían sus amigos, mientras que activistas y representantes populares le repitieron que “un sidoso no encontraría justicia en el estado de Veracruz”.
El primer acto de discriminación por ser portador de VIH/SIDA ocurrió en los primeros días después de conocer el diagnóstico de su enfermedad, personal del Ayuntamiento de Minatitlán se presentó en el centro nocturno donde trabajaba para advertir a su patrón que debía despedirlo por ser seropositivo.
“Fueron al lugar donde trabajaba y le dijeron al dueño que no podía seguir trabajando porque era portador de VIH, lo primero que hicieron es violar mi derecho a la privacidad al revelar mi estado de Salud”.
“En aquellos años acudí a la regidora Dulce María Ruiz Sánchez, recuerdo que me entrevisté con ella pidiéndole un permiso para poder trabajar, en aquellos años un personaje que ahora es muy famoso era su asesor, era Roberto Ramos Alor y él le dijo que no me diera la boleta porque se iba a meter en problemas legales”.
La Fundación Coatza Vive fue la única agrupación que ayudó a Juan con orientación para que presentara la primera queja ante la CEDH, debido a que en el ámbito local ninguna autoridad recibió su inconformidad.
La queja derivó en la recomendación 36/2015 que fue aceptada por autoridades y provocó un cambio en la reglamentación municipal, pero al mismo tiempo fue amenazado en llamadas teléfonicas, que de no desistir del procedimiento sería asesinado.
Juan se refugió en un lugar en el estado de Chiapas, en donde esperó a que el gobierno del PRI saliera de la administración municipal, para buscar el apoyo de los gobiernos morenistas.
Sin embargo, tanto en Minatitlán como en Coatzacoalcos, en donde ya gobernaban Nicolás Reyes Álvarez y Víctor Manuel Carranza Rosaldo, le fue negado el permiso para laborar como mesero, debido a su que es portador del VIH/SIDA.
“En el 2017 me encuentro con la sorpresa de que en Mina siguen pidiendo la boleta, por ser portador del VIH nuevamente se me niega, entonces solicito a esta nueva administración morenista que se me otorgue y empieza nuevamente un vaivén de situaciones”.
La entonces diputada federal de Morena por el distrito de Coatzacoalcos, Rocío Nahle, escuchó su caso e intervino para que el Ayuntamiento de Minatitlán le ofreciera un empleo como barrendero, pero la única condición era desistir de la queja que presentó en el 2018 por la negativa de los ediles a atender su petición.
“Me dijo que me iba ayudar, a los 15 días recibí una llamada telefónica, me decía que el alcalde de Minatitlán me ayudaba siempre y cuando retirara la queja que tenía en la CEDH y me daba un empleo como barrendero en el DIF”, cuenta Juan, quien dijo que jamás estaría dispuesto a desistir de una lucha en la que su objetivo es el respeto de sus derechos para que nadie se enfrente a lo mismo.
En ese entonces busca la ayuda de la entonces diputada local, Mónica Robles, con quien jamás pudo entrevistarse; la atención la recibió de su equipo jurídico, que de manera directa le dijeron que alguien con su enfermedad no encontraría justicia.
“Busqué por un año a la diputada, en ese momento, del PRI, Mónica Robles, no pude contactarla, me recibió su equipo legal y me dijeron que no me podían ayudar porque una persona como yo, sidosa, no podría encontrar justicia en el estado de Veracruz”, relató.
El rechazo no solo lo recibió de las legisladoras y los presidentes municipales, intentó obtener ayuda de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, que después de prometer analizar su caso repitieron casi las mismas palabras que la legisladora morenista le había dicho.
“En aquellos años solicité ayuda a la Barra de Abogados y me acerqué a la barra de abogados de Coatzacoalcos, les comenté a uno de ellos mis casos y me dijo: joven lo siento mucho, pero voy a ser franco con usted, para un sidoso como usted no existe justicia en el estado de Veracruz”.
Cuando supe que tenía VIH me convertí en un muerto en vida
Juan Jiménez es un nombre que el joven originario del sur de Veracruz utiliza en este texto para evitar exponer su identidad. Su familia desconoce que es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) desde hace seis años.
Los actos de discriminación y el estigma que sembraron autoridades municipales lo hacen temer a no ser aceptado por ser portador de VIH/SIDA e integrante de la comunidad LGBTTTI.
Él mismo relata que vivió un proceso doloroso antes de echar abajo los estigmas que la sociedad construyó en décadas sobre las personas seropositivas. La voz se le quiebra y vienen a su mente momentos confusos en los que se describe como “muerto en vida”.
Después de largo rato en silencio comienza a describirse parado en la azotea de su antigua casa de dos pisos en una noche de diciembre del 2014, llorando desconsolado, a punto de lanzarse al suelo para terminar con el sufrimiento que le causó enterarse del diagnóstico.
En ese momento pensaba que tener VIH era ser un condenado a la muerte, meses después recibió orientación de un amigo suyo del que él no sabía que padecía el mismo problema.
Entonces comenzó su tratamiento en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de Coatzacoalcos, a donde continúa asistiendo periódicamente.
Después, vino la crisis económica por no encontrar empleo por ser señalado por su enfermedad, de eso recuerda los días caminando en la calle, sin un lugar donde dormir y sin comida, con el pantalón sucio, hasta que un conocido suyo lo encontró y en el intercambio de palabras no pudo contener el llanto cuándo le preguntó cómo se encontraba.
Aquella persona le ayudó a pagar los primeros meses de renta en el cuarto de 16 metros cuadrados en el que hasta ahora vive, mientras él ejercía trabajos por no más de cien pesos al día para ir cubriendo los gastos de alimentación.
“Empecé a trabajar de mil cosas, llegué a trabajar como mesero en una cantina clandestina, en donde trabajaba de las 12:00 del día hasta las 2:00 de la madrugada, para poder comer, así estuve hasta que fui amenazado y me tuve que ir del estado de Veracruz”.
Entre los episodios que recuerda se encuentra en una cama del Hospital General de Coatzacoalcos, en un estado de salud grave causado por la Hepatitis B que desarrolló, con un pronóstico reservado.
“Esa noche le pedí tanto a Dios que me dejara vivir y que me diera una nueva oportunidad y creo que me la dio porque todavía sigo, llevo seis viviendo con el virus del VIH y luchando para que mis medicamentos lleguen en tiempo y forma”.
Su lucha no solo ha sido por la defensa de los derechos que autoridades municipales violaron, de manera paralela mantiene un reclamo permanente para que sus medicamentos para el VIH, diabetes, hipertensión y hepatitis B, no le falten, en un sistema de salud que describe como deficiente para quien no sabe que tiene derechos.
“El peregrinar de falta de medicamentos a todas mis enfermedades alternas, el estar peleando para que se me den los medicamentos en tiempo y forma para estar sobreviviendo, porque yo vivo un día a la vez”.
Juan Jiménez lamenta que después de tantos años tenga que usar un nombre falso para contar su historia, que los estigmas sobre el VIH/SIDA no logren derrumbarse y que sean autoridades las que fomenten actos de discriminación en contra de personas que portan el virus y padecen la enfermedad.
Recomendación 53/2020, último recurso para defender sus derechos
La recomendación 53/2020 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en contra de los presidentes municipales de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo y de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, es el último recurso que Juan puede ejercer ante esta instancia para obligar a los ediles a reparar el daño causado por los actos de discriminación en su contra.
De no ser aceptada la recomendación de la CNDH el siguiente paso es exponer su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La recomendación 53/2020 fue emitida el 18 de noviembre, como parte de un recurso de impugnación a la negativa de los alcaldes de Morena por aceptar la recomendación 49/2018 que el órgano a nivel estatal emitió en el 2018.
En este caso, la CNDH determino que los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán violación su derecho a la igualdad ante la Ley y no discriminación; seguridad jurídica; trabajo en su modalidad de libertad de trabajo; Vida en su modalidad de proyecto de vida, relacionado con la integridad personal y libre circulación y residencia.
Entre las medidas que los munícipes deben cumplir se encuentra dar cumplimiento a la recomendación 49/2018, además de remitir constancia que acrediten cumplimiento.
Además, debe autorizar e identificar los recursos para cumplir con la reparación integral del daño y remitir al CNDH pruebas; colaborar con la CNDH en el seguimiento de procedimientos disciplinarios, administrativos y responsabilidades penales que se inicien de parte de las autoridades competentes en cada ayuntamiento, respectivamente, con motivo de las violaciones de los derechos humanos.
En un plazo a partir de tres meses, ambos municipios deben rediseñar un programa de capacitación en materia de derechos humanos para el personal del Ayuntamiento, además de designar a la persona servidora pública de alto nivel que sirva como enlace para dar cumplimiento a la presente recomendación.
En el caso de Minatitlán, revisar el reglamento municipal en el que se exige un certificado médico para trabajar en centros nocturnos, así como la actuación del personal a fin de evitar abusos a personas que no ejerzan la prostitución.
La notificación de esta recomendación llegó a los Ayuntamientos el 26 de noviembre, en ambos casos tienen 15 días para responder, de no aceptarla deberán de presentarse a comparecer en el Congreso del Estado para explicar las razones.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, actualmente en México existen 313 mil 969 personas diagnosticadas con VIH/SIDA, de las cuales 254 mil 956 son hombres y 59 mil 13 son mujeres.
El estado de Veracruz registra 29 mil 768 portadores del virus, lo que representa 9.5 por ciento de la población total en el país con esa enfermedad.
Para Juan la lucha de seis años que inició en defensa de sus derechos a la no discriminación por ser portador de VIH/SIDA, busca reivindicar a muchas personas que como él padecen la enfermedad.