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Venganza, principal “móvil” del encarcelamiento de médico chiapaneco

Este martes, personal de salud marchará por las principales calles de Tuxtla Gutiérrez en protesta por la detención de Vicente Grajales Yuca

Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La detención del médico urgenciólogo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Vicente Grajales Yuca, obedecería a una “venganza” por parte del actual secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos.

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De acuerdo con una denuncia de un empleado de ese nosocomio, contenida en un audio, se advierte que el especialista, encargado del área Covid-19 del Isstech atendió a la mamá del gobernador cuando ésta estuvo internada, tras padecer ese mal, momento que aprovechó para externarle que sufrían de forma continua por la falta de insumos, medicamentos y equipo.

Además, prosigue el audio, la mujer le habría dicho a su hijo, el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas de las demandas en ese hospital, y éste de inmediato habría llamado la atención a dicho funcionario, así como al director del Isstech, Alberto Cundapí Núñez. Sin embargo, se advierte, “se fueron en contra de Grajales porque ya representaría una piedra en el zapato” por haber denunciado las carencias en el servicio de salud.

(Acusan venganza política del secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos)

De hecho, se escucha en el audio, al parecer la hija del exdiputado y exdirigente del partido Podemos Mover a Chiapas, Arturo Ramírez López, sería “orientada” para que la denuncia por la muerte de su padre recayera en Grajales Yuca, quien fue detenido acusado de abuso de poder, porque pidió unos medicamentos para atender a esa persona, toda vez que en su área de trabajo había desabasto.

El sábado pasado, Vicente Grajales Yuca fue detenido, acusado de abuso de autoridad, luego de que Arturo Ramírez López, un reconocido político chiapaneco, muriera por covid-19.

Venganzas o caprichos de gente en el poder

Para Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, quien debería ser el principal responsable es la Secretaría de Salud, a cargo de José Castellanos, y no el médico Grajales, a quien por el delito que lo acusan —refirió— pasaría de 1 a 8 años en prisión, lo que dependerá de la gravedad del caso.

Insistió en que el que no haya medicamentos o insumos o equipo tecnológico en un hospital público, no es culpa del empleado, por ello, aseveró que se deberá actuar conforme a la ley; “además, los datos que conozco es que ese médico solo pidió o sugirió, mas no exigió, por eso el abuso de autoridad no lo comete él, sino la misma autoridad, porque lo metió a la cárcel”.

Con base en los lineamientos del Isstech, afirmó, quien no es derechohabiente tiene que pagar por el servicio que le otorguen, debido a que esa institución se sostiene con las aportaciones de quienes están asegurados.

Eso no quiere decir que si no está asegurado el enfermo no lo atenderán, pero sí tiene que acatarse a lo que se dispone, es decir, tiene que erogar una parte, de acuerdo con un estudio socio-económico que le hagan

Lo que en todo caso debió hacer quien demandó al médico era acudir directamente con el director del Isstech o, en su caso, con la Secretaría de Salud, donde le tuvieron que resolver ese problema, “el médico es solo un empleado, que cumple con un horario de trabajo”.

En pocas palabras, aseveró que se trata de una aprehensión injusta, lo que se debe a la falta de justicia que se vive en toda la geografía chiapaneca.

No es posible que estemos expuestos al gusto de cualquiera o a quien quiera desquitarse de algo, y que la autoridad sirva de vehículo para venganzas personales o caprichos de personas que dicen que tienen poder; hubo tráfico de influencias, sin dudarlo

Salen en defensa del médico acusado

La aprehensión del galeno generó una serie de reacciones. En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud catalogó de “arbitraria” la detención e, incluso, dejó en claro que desde hace tiempo han denunciado de forma pública el desabasto que se vive en las clínicas y hospitales de Chiapas, incluidas las que atienden a pacientes enfermos de covid-19.

Tras resaltar que en repetidas ocasiones ha exigido el cese del propio secretario de Salud, José Castellanos, explicaron que “se debe de efectuar el debido proceso y no criminalizar el acto médico”.

Apenas este lunes, 12 agrupaciones de especialistas chiapanecos, integrados en el Colegio de Médicos de México, enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para demandarle un alto al hostigamiento, estigmatización y amedrentamiento que viven a diario en todos los hospitales, sin una previa investigación, como ocurrió con el caso de Vicente Grajales.

“No nos oponemos a que se indague y se sancione, como a cualquier ciudadano, un incorrecto actuar profesional, pero no estamos de acuerdo con que se nos utilice para deslindar responsabilidades ajenas, pero propias  de un sistema de salud crónicamente deficiente”, expusieron Juan Torres, Elena López, José Sánchez, entre otros presidentes de colegios del ramo. 

Tibio apoyo del Isstech para su empleado

Apenas en mayo pasado, en la página oficial del Isstech “Vida Mejor” se destacaba la labor del equipo de atención de pacientes de covid, entre ellos a Vicente Grajales.

Sin embargo, en un comunicado, el hospital informó que “se mantendrá al margen de las indagatorias correspondientes, toda vez que es un caso aislado a la institución, por lo que serán las autoridades de impartición de justicia las encargadas de resolver dicha acusación”.

De nueva cuenta, Servando Cruz, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, advirtió que este asunto se trata de una responsabilidad “muy grave” e, inclusive, consideró que no se tiene cuidado no solo de la misma FGE, sino de los juzgados del Poder Judicial, “porque la Fiscalía no puede hacer nada solita, tiene que contar con el respaldo de un juez de garantía, que la verdad no garantiza nada”.

 

Lo que ocurre no solo con este caso sino con varios, aceptó, es que han “echado a perder” todo el sistema del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que es lamentable.

Ante este caso que, al parecer, se trata de una injusticia, dirigentes del Colegio de Médicos de Chiapas, acompañados de los presidentes de agrupaciones de otras especialidades, anunciaron que marcharán este martes por las principales avenidas de Tuxtla Gutiérrez, hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde ofrecerán una rueda de prensa en apoyo al galeno detenido.