Ninguna persona detenida, 31 muertos y familias que reclaman protección y justicia es lo que dejó el atentado en el bar Caballo Blanco, a un mes de distancia de la masacre más grande de la que se tenga memoria en el estado de Veracruz.
El ataque se convirtió en el hecho de violencia más relevante para el gobierno del gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, además de que se trata de uno de los temas prioritarios que tendrá que atender la encargada de despacho en la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.
El inmueble ubicado en Román Marín 1408 de la colonia Palma Sola en la ciudad de Coatzacoalcos parece intacto desde la noche del 27 de agosto en el que cuatro hombres ingresaron a punta de pistola para rociar con gasolina el lugar.
En esa fatídica noche el terror se avivó cuando los responsables del atentado habrían lanzado una bomba molotov a la pista de baile, según lo relatado por un sobreviviente a La Silla Rota Veracruz.
En los primeros minutos después del ataque se difundieron fotografías en redes sociales, en una se muestra el cuerpo desnudo de María José Pulido (Fernanda), una de las primeras víctimas en la tragedia.
Entre las víctimas se encontraban 13 bailarinas, nueve de ellas murieron asfixiadas, otras cuatro por quemaduras.
Cuando el establecimiento ya ardía, los pistoleros cerraron la única puerta en el bar Caballo Blanco y se dieron a la fuga.
La cinta amarilla que instaló la Fiscalía General del Estado (FGE) para acordonar la zona luego del ataque, bordea la fachada del centro nocturno, flores y veladoras acompañan las plegarias de los familiares.
FGR INVESTIGA EL ATENTADO
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), atrajo las investigaciones un día después de los hechos.
La intervención de la dependencia federal inició en medio de la última disputa que protagonizaron el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, antes de ser separado del cargo.
La disputa entre cárteles de la droga que se pelean la plaza y el cobro de derecho de piso, son las dos líneas principales de investigación, en medio de las indagatorias que hasta ahora avanzan en un completo hermetismo.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó el 9 de septiembre que la FGR identificó a los presuntos autores materiales de la masacre, incluso mencionó que había personas detenidas, pero lo último no fue confirmado por la autoridad federal.
Por parte de la FGR no ha existido ningún tipo de difusión sobre los avances de las investigaciones.
LICHITO, LA ÚLTIMA VÍCTIMA
Ulises Contreras Sánchez, “Lichito”, quien era el barman del centro nocturno murió el 7 de septiembre después de una larga agonía en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
Él fue la última víctima que se contó de ese atentado, considerado como el más grave del que se tenga memoria en el municipio de Coatzacoalcos y en el estado de Veracruz.
Ulises Contreras Sánchez de 22 años, originario de Coatzacoalcos, llevaba 8 meses laborando en el Caballo Blanco, estuvo un tiempo de barman en El Jafra, y antes de eso, trabajó como ayudante de albañil y pintor en el mismo municipio.
Su madre falleció hace aproximadamente ocho años y él, al ser el menor de seis hermanos, se quedó a vivir con su papá, don Guadalupe Contreras quien dejó de trabajar debido a un accidente en la rodilla.
Ulises o como sus hermanos lo llamaban “Lichito”, apoyaba puntualmente a su padre de manera económica y con despensa para la casa que compartían.
Lichito desde muy joven se vio envuelto en un mundo de alcohol y drogas, ocasionalmente consumía, contó su hermana.
La necesidad de generar ingresos era apremiante y Ulises Contreras consiguió meses atrás el trabajo en Caballo Blanco, donde percibía un salario de aproximadamente dos mil 100 pesos semanales con un horario de seis de la tarde a siete de la mañana.
Otras seis personas más fallecieron a causas de sus heridas en hospitales de Veracruz y Coatzacoalcos.
Clientes y otros trabajadores trataron de salir, pero fueron alcanzadas por el fuego, por el humo o por las balas de los agresores.
VÍCTIMAS INDIRECTAS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictó al gobierno de Veracruz una serie de medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección de 12 familiares de 10 víctimas mortales del atentado en el bar Caballo Blanco, así como a dos de los sobrevivientes al ataque.
Lo anterior ante las presuntas amenazas de muerte y violaciones de derechos humanos por parte de autoridades locales, siendo la respuesta a una solicitud recibida el pasado 3 de septiembre a través del abogado de las víctimas indirectas.
Las medidas deberán extenderse “por el plazo que resulte necesario hasta la determinación que conforme a derecho corresponda, debiendo formular su propuesta al presente requerimiento, a partir de la notificación o conocimiento de este documento”, asegura un documento remitido a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, así como a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.
Las víctimas indirectas reclaman justicia por el asesinato de sus familiares, madres, hermanas y huérfanos.
Fotografías: Osvaldo Antonio Sotelo
ygr