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Ulises, el joven que se defendió con machete por el robo de su borrega

Ulises, un joven con discapacidad, se defendió de un asaltante; fue encarcelado pero protestas de su comunidad lograron su liberación

Escrito en ESTADOS el

OAXACA.- “Me puse como un león encabronado ¡claro que sí! Caminé despacito y que le lanzó un machetazo en la mano. Salió corriendo y de ahí vino la judicial a detenerme”, de esta manera fue como Ulises Cárdenas Ibáñez, un joven de 20 años con discapacidad mental, relató el momento en el que se defendió de un delincuente que le robó una borrega, unos trastes y le quemó su gorra cuando paseaba a su ganado en Esquipulas, municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en Oaxaca.

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Tras lo anterior, el joven fue detenido por elementos de la policía municipal, presentado ante el ministerio público y encarcelado, pero fue liberado a los dos días por la presión de familiares y habitantes de su localidad, quienes se manifestaron con bloqueos, pues aquella no era la primera ocasión en la que Ulises era víctima de los delincuentes.

El pasado 16 de febrero Ulises llevó a su rebaño a pastar en el campo. “Me dijo mi jefe: te vas a ir a cuidar a los animales al campo nada más, cuando de repente, me dice mi jefe: deja a los animales que coman porque yo quiero que estén bien gordos, para que se vendan. Los dejé que se fueran comiendo toda la orilla cuando de repente les iba a dar agua y viene un cholo nada más y ese fue del que me robó la borrega, me quemó mi gorra, me quería chingar”, explicó tras su liberación en medio de la población que lo recibió con banda y fiesta.

En su relato, Ulises admitió haberle macheteado la mano al delincuente apodado “El Rana”, quien en distintas ocasiones lo había hostigado y robado.

Yo al que le pegué fue al chamaquito, le apodan El Rana, por eso le pegué y le volé nada más los dedos acá

La detención de Ulises despertó el enfado de la comunidad, pues reconocen en Ulises a un joven tranquilo y que no se mete en problemas. Es por ello que además del bloqueo realizaron en redes sociales una campaña para denunciar la arbitrariedad de la policía municipal de Xoxocotlán y la rapidez con que actuó la Fiscalía General para detener y encarcelar a un joven con discapacidad que actuó en defensa del robo.

Para su liberación las autoridades pidieron una fianza de 3 millones de pesos u 8 mil pesos mensuales hasta juntar la cantidad mencionada para que el delincuente le otorgara el perdón por el machetazo en la mano.

Por el encarcelamiento de Ulises, la Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/CA/059/(01)/OAX/2021  dentro del cual, solicitó  al Tribunal Superior de Justicia del Estado como medida cautelar  la adopción de ajustes razonables para que se realice un proceso diferenciado tomando en cuenta la condición de discapacidad del joven.

Asimismo, pidió a la Fiscalía General del Estado le informe acerca de los ajustes razonables realizados para la vinculación a proceso, y que investigue la posible existencia del delito de abigeato cometido en perjuicio de la persona vinculada a proceso.

Al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, requirió un informe en relación al conocimiento que tenga de los hechos y el grado de intervención respecto al proceso de detención del joven.

La Defensoría explicó que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho, en el ámbito de la defensa penal a una intervención especializada, tanto de la Fiscalía como del Tribunal, para respetar su dignidad y su efectivo derecho de acceso a la justicia, al punto que, todos los derechos específicos del proceso se deben administrar a la persona de manera tal que resplandezcan por su efectividad en el caso concreto.

En consecuencia, dijo, es necesario que las instituciones hagan los ajustes razonables al procedimiento para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, ya que el no hacerlo implicaría un acto de discriminación por parte del Estado.

Abundó que las personas con discapacidad que enfrentan un proceso penal sin los ajustes razonables al procedimiento y sin apoyo en la toma de decisiones, están en un estado de denegación de acceso a la justicia por las barreras con las que se encuentran dentro del proceso, lo que se traduce en violaciones a sus derechos humanos.