En mayo de 2014, un grupo de vecinos denunció la extorsión que sufrían de elementos de la Policía Municipal de Medellín de Bravo.
Cristina, una de las afectadas, contó que los uniformados estacionaban las patrullas afuera de las tiendas Oxxo del fraccionamiento Puente Moreno, para detener, a veces sin motivo, a los ciudadanos que salían, tras comprar cervezas.
Los pobladores eran llevados a un cuartito que servía como separos o cárcel preventiva, ubicada frente al patio de la Urbanizadora Medellín.
Ahí, relataron en ese entonces, los obligaban a llamar a sus familias para que acudieran a pagar multas de 500 a 600 pesos, de lo contrario amenazaban con dejarlos tras las rejas todo el fin de semana.
El infierno terminó, cuando dos de los comandantes de la corporación fueron desaparecidos, desde entonces la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tomó el control preventivo en esa ciudad, conurbada con Veracruz y Boca del Río.
Cinco años después, la actual administración convertirá la central de emergencias del municipio en una base para la SSP, ambulancias y cuartos que servirán de separos.
ygr