Xalapa, Ver. - Francisco “N” era recolector de Limpia Pública del ayuntamiento de Veracruz y ahora se encuentra en prisiónseñalado como socio de una empresa supuestamente utilizada para acaparar contratos de proveeduría y defraudar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte del 2010 al 2016.
Francisco, según explicó su abogado Alejandro Ahmet Vásquez en entrevista para La Silla Rota Veracruz, prácticamente es analfabeta. Privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, dice ignorar la forma en que obtuvieron su credencial de elector expirada para incluirlo en una lista de inversionistas de Abastecedora Romcru S.A. de C.V.
La empresa, catalogada de “fantasma” o “fachada” por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), ganó licitaciones por 180 millones de pesos del Gobierno de Veracruz, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
Un caso similar es el de Luciano “N”, trabajador de la construcción del puerto de Veracruz, a quien “un contador”, relata el defensor, le prometió cinco mil pesos a cambio de “firmar un papel”.
De este modo, operadores habrían insertado el nombre del albañil en los documentos de conformación de Ravsan Servicios Múltiples S.A. de C.V., supuestamente otra de las empresas “fantasma” beneficiadas con convenios del DIF veracruzano.
Luciano “N”, recluso en el penal de Pacho Viejo a sus 70 años, figura como “representante legal” de Ravsan en los convenios con el Gobierno de Veracruz, aunque en persona nunca suscribió ninguno. De hecho, peritajes de grafología comprobaron el uso de su rúbrica falsificada en los papeles del DIF y la compañía.
El 24 de abril de 2020, un juez de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Luciano y Francisco por el delito de fraude específico perpetrado en contra del organismo.
Los hechos sujetos a investigación corresponden al sexenio de Duarte, a la fecha preso en el Reclusorio Norte tras ser condenado a 9 años por asociación delictuosa y lavado de dinero en su administración, y con Karime Macías Tubilla, actualmente exesposa del exmandatario y sujeta a proceso de extradición del Reino Unido a México, como presidenta del patronato del DIF estatal.
El abogado Alejandro Ahmet Vásquez, indicó que sus clientes sólo son una parte de las personas ligadas a las empresas fantasma. En el caso, detalló, hay otros 5 civiles y 3 exfuncionarios menores del organismo en prisión preventiva, aunque serían inminentes más órdenes de aprehensión.
Tras ser detenidos por la Policía Ministerial, un juez de control vinculó a los exfuncionarios Julián Alberto “N”, exdirector de Atención Vulnerable; Víctor Manuel “N”, exsubdirector de Recursos Materiales y Emilia Yasbé “N”, ex subdirectora de Recursos Financieros. Los 3 están siendo procesados por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en su modalidad de asociación delictuosa.
Además, están los otros 5 presuntos accionistas o socios de empresas “fachada” de nombre Claudia “N”, Teodosio “N”; César “N”, Raúl Antonio “N” y Pedro Francisco “N”.
Junto con Luciano y Francisco el resto de los civiles están relacionados con el delito de fraude contra el DIF estatal y privados de su libertad en Pacho Viejo con la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
Dentro del proceso penal 116/2020 también se relaciona a la exdirectora del DIF estatal, Astrid Elías Mansur, cercana colaboradora de Karime Macías, quien ha tramitado amparos ante la justicia federal para conocer su posible implicación en la investigación de la Fiscalía y si existe una orden de aprehensión obtenida en su contra.
“NUNCA ACUDIÓ A UNA NOTARÍA”
El abogado Alejandro Ahmet Vásquez señala que a Luciano “N” un operador de las supuestas empresas “fantasma”, conocido sólo como “el contador”, le prometió un pago de 5 mil pesos a cambio de firmar un papel.
“Luciano no es analfabeta. El señor sí sabe leer, se dedica a la construcción y tiene 70 años. Él sostiene que lo invitaron a la firma de documentos un contador que él conoce (…), pero nunca acudió a una Notaría, simplemente firmó unos papeles; (…) un ''contador'' le invitó, le dio unos documentos y le iba a echar la mano con un dinero”, relata el defensor.
Ahora el nombre de Luciano figura como “representante legal” de Ravsan Servicios Múltiples y se le cita en la firma de contratos de servicios con el Sistema DIF del Estado de Veracruz, aunque un peritaje en manos de la Fiscalía General del Estado podría demostrar la falsificación de la rúbrica del albañil en los documentos suscritos presuntamente para desviar recursos.
De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción, “el contador” es afín a Víctor Manuel López Gachuz, propietario de un despacho de contaduría involucrado en la constitución de empresas “fachada” al servicio del gobierno de Veracruz.
El abogado de Luciano asegura que es evidente que sus clientes carecen de la solvencia de aportar capital para constituir una empresa, e incluso del discernimiento para actuar conforme a Derecho, aunque reconoce que legalmente no se les puede exculpar por desconocimiento de la Ley, de ahí que confía en que durante el proceso se pueda demostrar que fueron embaucados de alguna forma.
Sobre Francisco, el defensor Alejandro Ahmet señala que los operadores de las empresas “fantasma” habrían usado una credencial de elector sin vigencia a nombre del recolector de Limpia Pública, de ahí que registró un domicilio del que tenía tiempo que se había mudado.
De este modo, sin tener capital para invertir o estudios de primaria, Francisco está preso y es investigado como “socio” de Abastecedora Romcru S.A., misma que entre otros contratos vendió al DIF Estatal 835 mil 141 paquetes de block para construcción a un costo de 5 millones 800 mil pesos.
“Él ni siquiera sabe de dónde consiguieron su credencial, él es trabajador de Limpia Pública, no sabe quién ‘lo invitó’ ni nada, no aparece nada de él, ni citado a Fiscalía (antes de comenzar el proceso)”, explica el abogado, quien sospecha una probable suplantación de identidad con fines dolosos.
Alejandro Ahmet Vásquez argumenta que además de la imposibilidad de viajar desde Veracruz a Xalapa, y de ahí, a Pacho Viejo, en Coatepec; las familias de Luciano y de Francisco carecen de los recursos para pagar un abogado, por ello les ofreció su asesoría.
El defensor señala que Francisco aprendió a elaborar bolsas y de este modo intenta aportar un poco de dinero a su familia con cada visita a Pacho Viejo, a espera que el juicio comience la etapa intermedia.
PIDEN AMPARO
El abogado añadió que en el caso de Luciano se busca demostrar que no incurrió en el delito de defraudar al DIF estatal, aunque su firma aparece en un documento utilizado a para la conformación de empresas “fantasma”.
La defensa acaba de impugnar la vinculación a proceso dictada contra el albañil el 19 de abril de 2020 dentro del proceso penal 116/2020.
“Lo que nosotros manejamos es que no hay indicios para que se le dicte el auto de vinculación correspondiente, porque la sola creación de una empresa no fue lo que causó el detrimento al DIF, sino la celebración de unos contratos entre las empresas y el DIF, en los que el señor Luciano no participó”.
El abogado recalca que Luciano no firmó de puño y letra ningún contrato, sino que los operadores de las empresas “fachada” habrían falsificado su firma, dado que a su nombre le habían dado el tratamiento de “representante legal”.
“Existe un peritaje de su firma y esta no corresponde a las firmas de los contratos, (...) la fiscalía tiene indicios de que no es su firma en los contratos”.
En todo caso, Alejandro Ahmet enfatiza que existen indicios de la probable participación de Luciano y por lo tanto corresponde el auto de vinculación bajo la página del “buen Derecho”.
“Lo que hay que aclarar por parte de la defensa es que de manera formal no tienen ninguna relación (con los desvíos)”.
En lo correspondiente al proceso actual contra los dos trabajadores, continúa la fase de investigación complementaria, previo al inicio de la fase intermedia, a espera que fenezca el término concedido a fiscalía para concluir la investigación.
En el caso de Francisco el abogado considera que evidente que se realizó un mal uso a documentos personales del recolector de Limpia Pública y una probable que se haya realizado una suplantación de identidad.
ygr